Informe revela presuntas irregularidades millonarias en el mantenimiento escolar: déficit supera los 4,500 millones de pesos
Santo Domingo, 11 sept. – Un informe publicado en febrero de 2025 detalla una serie de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos destinados al mantenimiento de los planteles escolares en la República Dominicana, durante los años 2022 a 2024. El documento señala que las malas prácticas administrativas y financieras provocaron un déficit superior a los 4,588 millones de pesos en el Ministerio de Educación (Minerd), bajo la gestión del entonces ministro Ángel Hernández.
El reporte, elaborado tras varias auditorías internas y externas, describe incumplimientos de la Ley de Compras y Contrataciones, un esquema de contratación irregular y un cúmulo de deudas que, en conjunto, dejaron al sistema de mantenimiento escolar en una situación crítica.
Un déficit que desbordó los presupuestos
Según los hallazgos, en 2022 se transfirieron alrededor de 3,400 millones de pesos para la quinta jornada de mantenimiento correctivo, mientras que en 2023 se desembolsaron 3,000 millones de pesos para la sexta.
Sin embargo, las irregularidades administrativas y la falta de planificación presupuestaria generaron un déficit que, a mayo de 2024, ya ascendía a 4,588 millones de pesos.
En total, la inversión en mantenimiento de planteles educativos alcanzó los 10,988 millones de pesos, pero gran parte de estos recursos fueron manejados de manera deficiente, según el documento.
Los protagonistas del escándalo
La Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar (Dgmie), encabezada en ese entonces por Fernando Hiram Taveras, aparece como el centro de las observaciones más graves. Taveras fue designado en marzo de 2025 viceministro de Mantenimiento Vial del Ministerio de Obras Públicas, mediante el decreto 109-25 del presidente Luis Abinader.
El informe acusa a la Dgmie de asumir funciones que correspondían a las juntas descentralizadas, como escoger contratistas y dividir proyectos para eludir los montos que obligan a procesos de licitación, en franca violación a la Ley 340-06 y a la Resolución 02-2019.
La reacción del Minerd y el origen de la investigación
La investigación se remonta a mayo de 2024, cuando en San Cristóbal un ingeniero reclamó al Ministerio de Educación pagos pendientes por parte de un distrito escolar. El entonces ministro Ángel Hernández solicitó explicaciones a la Dgmie, pidió un análisis financiero a la Dirección de Finanzas y ordenó una auditoría especial a la Dirección de Fiscalización.
Ese primer análisis reveló que ya se habían pagado 6,953.5 millones de pesos, y que existían expedientes en proceso de pago por otros 661 millones. Esto llevó el déficit inmediato a 1,214.5 millones.
Además, se detectaron presupuestos en elaboración por 1,188.6 millones, junto a 463 centros en ejecución con un costo estimado de 1,790.8 millones, lo que elevó el déficit total proyectado a 4,193.9 millones de pesos.
Las causas del desbalance
El informe apunta como principales causas de la crisis el ejecútese de trabajos sin respetar los montos aprobados y la ausencia de planificación presupuestaria previa.
La auditoría especial de mayo de 2024 reveló también presuntas desviaciones de fondos, deficiencias administrativas, falta de coordinación con el Viceministerio de Descentralización y los distritos educativos, así como problemas graves en la supervisión técnica.
Entre las anomalías destacadas figuran: instalaciones eléctricas y sanitarias incompletas, uso de materiales de baja calidad, empleados del Minerd actuando como contratistas, trabajos inconclusos y ausencia de estándares mínimos en la ejecución de las obras.
Auditorías posteriores y reclamos de transparencia
El 7 de junio de 2024 se inició una nueva auditoría sobre los mantenimientos correctivos ejecutados entre enero de 2023 y mayo de 2024. El primer informe, presentado en agosto y enfocado en la Regional 16 de Cotuí, confirmó las irregularidades.
Sin embargo, el ministro Hernández consideró que la información era insuficiente para sancionar responsables. El 15 de octubre de 2024 se entregó un informe definitivo, que volvió a certificar las anomalías, aunque sin precisar los nombres de los funcionarios involucrados.
En esa revisión se verificaron pagos por 112.5 millones de pesos destinados a aulas móviles. Hernández insistió en que se identificaran claramente los contratistas y funcionarios responsables, con el fin de proceder a sanciones.
Deudas acumuladas y pagos pendientes
Para diciembre de 2024, el Ministerio de Educación tenía deudas pendientes por 2,594 millones de pesos en cuentas por pagar a contratistas. Estos montos comenzaron a ser saldados en dos fases: un anticipo del 40 % y el 60 % restante tras verificarse la conclusión de los trabajos.
Los montos adicionales transferidos en ese proceso sumaron 3,482 millones de pesos, distribuidos en una partida de 887.7 millones en agosto, y dos más en diciembre, por 2,415.9 millones y 178 millones. En total, incluyendo los desembolsos iniciales, el Minerd transfirió alrededor de 9,882 millones de pesos a la Dgmie y distritos escolares.
Para febrero de 2025, se habían emitido 1,923 pagos de avance del 40 %, de los cuales 947 fueron confirmados como entregados. Además, se completó el 60 % de 131 centros educativos, verificados por el Departamento de Supervisión.
Aun así, una semana antes de que Ángel Hernández fuera sustituido por Luis Miguel De Camps como ministro de Educación, todavía existían cuentas por pagar por 1,106 millones de pesos, correspondientes a nuevos expedientes que la Dirección de Infraestructura había tramitado, pero cuyos fondos no se habían transferido a los distritos escolares.
Un escándalo que continúa
El informe salió a la luz apenas tres días después de que el nuevo ministro, Luis Miguel De Camps, solicitara a la Contraloría General de la República un equipo especial para auditar todos los programas de mantenimiento correctivo realizados en años anteriores.
El caso, que involucra a dos gestiones ministeriales y a altos funcionarios que hoy ocupan cargos en otras dependencias del Estado, sigue siendo objeto de investigación..
