Presidente Abinader ordena remisión a la Procuraduría de informe sobre irregularidades en SENASA (Video)
Santo Domingo, 13 sept. – El presidente de la República, Luis Abinader, ordenó la entrega de un informe que detalla graves irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) ante la Procuraduría General de la República, como parte de su política de fortalecimiento institucional y combate frontal a la corrupción, anunció el Director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna.
La disposición fue ejecutada por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de SENASA, Edward Guzmán, quienes acudieron personalmente a la sede del Ministerio Público para depositar el documento en manos de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
El vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, explicó que esta acción se corresponde con el compromiso del mandatario de actuar sin contemplaciones frente a la impunidad, conforme al marco legal y constitucional vigente. Recordó que esta postura fue reafirmada por el jefe del Estado en la más reciente entrega del espacio “La Semanal con la Prensa”.
Reyna afirmó que el gobierno no tolerará ninguna desviación de recursos públicos ni privilegios, y que el informe entregado deberá ser analizado por el Ministerio Público, que será el único órgano responsable de informar al país, de manera progresiva y con apego al debido proceso, los resultados de la investigación correspondiente.
En medio de esta situación, el gobierno llamó a la calma a todos los afiliados del sistema, asegurando que los servicios prestados por SENASA continuarán sin interrupciones y con los estándares de calidad acostumbrados. “La ciudadanía puede tener plena certeza de que se garantizará la atención médica oportuna, eficiente y humana”, expresó Reyna.
Las acciones ordenadas por el presidente Abinader se producen tras una serie de denuncias públicas que desde hace varios meses han puesto en tela de juicio el manejo interno de SENASA.
Investigaciones periodísticas y auditorías internas han revelado presuntos esquemas fraudulentos en los que estarían implicados funcionarios, médicos y terceros vinculados, quienes habrían utilizado prácticas irregulares para desviar recursos mediante autorizaciones médicas simuladas y reclamaciones falsas.
A estas denuncias se suma la preocupación generada por el incremento significativo de la nómina institucional, que ha pasado de 1,408 a 1,971 empleados en los últimos cuatro años, así como la apertura de 19 oficinas en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Puerto Rico, con un costo mensual superior a los cinco millones de pesos, por gestiones anteriormente cubiertas por los consulados.
También se ha reportado la existencia de múltiples quejas de prestadores de servicios de salud por retrasos en pagos, dificultades en los procesos de autorización de servicios médicos y deficiencias en la cobertura, lo que ha afectado la relación entre la administradora de riesgos de salud estatal y su red de atención.
En respuesta a la crisis financiera derivada de estos hechos, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) autorizó recientemente una transferencia extraordinaria de más de 12 mil millones de pesos para asegurar la operatividad de SENASA. Esta intervención se produjo en paralelo a los cuestionamientos éticos y administrativos que hoy motivan la acción del Ejecutivo.
Diversos sectores, incluyendo representantes del Congreso Nacional tanto del oficialismo como de la oposición, han coincidido en la necesidad de que se realice una investigación profunda, transparente y sin interferencias, a fin de establecer responsabilidades y proteger la integridad de un sistema que representa un pilar fundamental del derecho a la salud en la República Dominicana.
El Gobierno, por su parte, reitera que continuará adoptando todas las medidas necesarias para salvaguardar los fondos públicos, consolidar la institucionalidad democrática y asegurar una gestión ética en todas las áreas del Estado.
