Comité del CODIA sostiene corrupción administrativa es tan dañina como el robo
Santo Domingo, 14 sept. – El Comité Institucional Codiano (CIC) sostiene que la corrupción administrativa que paraliza el pago de deudas viejas por obras terminadas y usufructuadas es tan nociva como la corrupción tradicional vinculada al soborno o la malversación de fondos.
La posición de los constructores fue dada a conocer por el vocero autorizado del CIC, quien advierte que “esta forma de corrupción se manifiesta en la desaparición de documentos públicos, trabas intencionales y omisiones deliberadas que mantienen en vilo a decenas de contratistas”.
El ingeniero Miguel Liberato asegura que “así como la corrupción tradicional desvía recursos del erario, la corrupción administrativa tiene un efecto devastador al causar ruina económica, quiebra empresarial, suicidios y destrucción familiar”.
Se queja el ingeniero Liberato de que mientras la sociedad condena los casos de malversación de fondos, poco se habla del costo social que tiene la corrupción administrativa.
Tras definirla como un cáncer silencioso que carcome la credibilidad institucional, el portavoz de los contratistas estatales recordó que la corrupción administrativa que bloquea pagos legítimos es tan dañina como la corrupción tradicional, porque destruye confianza, vulnera derechos, perpetúa impunidad y genera costos sociales irreparables.
“En otras palabras, la corrupción administrativa no es la ausencia de corrupción tradicional, sino su evolución silenciosa y burocrática” subrayó Liberato tras resaltar que el país necesita saber que la lucha contra la corrupción también incluye erradicar la negligencia administrativa que tanto daño ha hecho a cientos de familias dominicanas.
El vocero del Comité Institucional Codiano reiteró su llamado al presidente de la República para que disponga la conformación de una comisión interinstitucional que reconstruya los expedientes desaparecidos, audite los procesos y garantice un mecanismo transparente y rápido para pagar las deudas viejas a los contratistas estatales.
