La clase política y las cinco familias
Por Juan Llado
Propalados por pocos sabihondos, algunos insistentes rumores son preocupantes. Se alega, por ejemplo, que nuestra gobernanza estatal esta mediatizada por la influencia determinante de las cinco familias más acaudaladas del país. Ellas no escogen a los presidentes porque no pueden suplantar el voto popular, pero si influyen en los resultados a través del financiamiento de las campañas electorales. Ese aporte amarra compromisos que, a cambio, hace la clase política para favorecer los intereses de los donantes. Pero ante los desmanes de la clase política sobre el botín del Estado, no está claro quien hace más daño a la salud de la democracia. Respecto a la educación pública, ¿la clase política o las cinco familias?
Los reportes de entidades internacionales (PISA) y analistas autorizados concuerdan en que nuestra educación pública está sumida en una crisis de inconmensurable proporciones, teniendo como fatídico resultado la baja calidad de la educación brindada en las escuelas. El reto de elevar la calidad debería ser la más grande prioridad de la política pública, dado el impacto que la educación tiene para el desarrollo nacional. De fundamental relevancia en tal deplorable situación figura la pobre calidad de la docencia, un factor clave del proceso enseñanza-aprendizaje. Pero el comportamiento politizado de la ADP impide, una y otra vez, que se logren mejoras importantes en ese sentido. Enfrentar ese desatino mediante la despolitización del sistema educativo público debe ser un objetivo nacional.
Los reportes de entidades internacionales (PISA) y analistas autorizados concuerdan en que nuestra educación pública está sumida en una crisis de inconmensurable proporciones
La clase media y media alta no pone seria atención a esta tragicomedia. Ella usa los colegios privados para educar a sus vástagos y, en consecuencia, asume que estos reciben una educación de calidad. (Aunque los últimos resultados de las Pruebas Nacionales revelan que existe una brecha mínima entre sus rendimientos escolares y los de escuelas públicas.) Esa benigna desidia implica que la política pública en materia de la educación pública queda en manos, casi totalmente, de la clase política que domina los espacios gubernamentales del sector educativo. Como la gran mayoría de los más de 2 millones de estudiantes de las escuelas públicas provienen de familias pobres, la deficiente calidad de la educación servida hace más daño a los pobres que a nadie. El consecuente resultado es una disparidad en las oportunidades educativas de que disfrutan uno y otro segmento poblacional, lo cual genera mayor desigualdad e injusticia social.
Las consecuencias no se quedan ahí. En un artículo reciente, Temístocles Montás nos alertó a la necesidad de montar, para los dos próximos decenios, una estrategia nacional de desarrollo basada en la elevación de la productividad. Después de analizar la evolución y futuro de la tasa de fecundidad, Montás señala: “La República Dominicana aún dispone de algunos años de “bono demográfico”, pero el punto de inflexión se acerca. La estrategia de desarrollo deberá girar desde “más trabajadores” hacia más productividad por trabajador, sistemas de cuidados y pensiones sostenibles, y una política de talento (educación, migración, re-skilling) que mantenga el crecimiento potencial cuando la fecundidad se estabilice por debajo del reemplazo. Conviene fijar una hoja de ruta de 10–30 años que transforme el envejecimiento en ventaja competitiva: más productividad por trabajador y vejez con dignidad, entre otros factores”. Huelga señalar lo esencial que es la educación para lograr tales metas.
Despolitización equivale a sacar de las entrañas del sistema educativo público el putrefacto clientelismo que auspician los partidos políticos. Su dominio del sindicato de maestros es la peor manifestación. Mientras la ADP este tutelada por los partidos no podrá lograrse la profesionalización idónea de los maestros y su dedicación en cumplir el calendario escolar. Y será necesario también la despolitización para evitar los pobres resultados y la corrupción en el desarrollo de la infraestructura y en el mantenimiento escolar. El CONEP, por ejemplo, ha respaldado la propuesta del presidente Abinader para despolitizar la educación pública. También los exministros de educación Melanio Paredes y Ángel Hernández han reclamado esa trascendental medida.
La clase media y media alta no pone seria atención a esta tragicomedia. Ella usa los colegios privados para educar a sus vástagos
EDUCA también ha venido insistiendo en esa necesidad en declaraciones y estudios publicados en los últimos años. Entre las razones han señalado: “La designación de directores, maestros y personal administrativo debe responder a méritos profesionales y no a militancia partidaria. La gestión de las escuelas y del sistema educativo se ve debilitada cuando los cargos son ocupados por compromisos políticos. Se debe avanzar hacia un estatuto docente más transparente y meritocrático, así como fortalecer el servicio civil de carrera en el sector educativo. También han advertido que la politización afecta la calidad del aprendizaje, la distribución del presupuesto y la confianza de las familias en la escuela pública”. La intrusión de la política partidarista en el sistema educativo público conspira contra esas metas porque su maléfica influencia erosiona la calidad educativa.
Protestas contra la actual situación no han faltado. Justo la pasada semana 26 organizaciones exigieron poner coto a las injustificadas y frecuentes huelgas de los maestros, un factor desencadenante de todo tipo de indisciplina escolar. Las huelgas en el sistema educativo público están prohibidas por la Constitución (Art. 63) y una sentencia del Tribunal Constitucional (TC/0064/19), pero eso no basta para enrumbar la educación por el buen camino.
Lamentablemente, nuestra cultura política impide que la clase política asuma el compromiso de la despolitización. La miope visión de sus dirigentes prevalece porque privilegia el clientelismo como medio de proselitismo electoral. Los 130,000 maestros apoyarán más al torniquete sindical que imponen los partidos para conseguir mejores salarios y otros beneficios que a los requisitos de una educación de calidad. Ni siquiera si se dispusiera de una transformación digital total del sistema educativo se lograría eso, en vista de que la transformación requiere una colaboración efectiva de los docentes.
En vista de la actitud displicente asumida hasta ahora por los partidos respecto a la despolitización, se torna deducible que ni siquiera los tres partidos mayoritarios querrían ser los protagonistas del cambio. Recordemos que para lograr que ellos respondieran al reclamo del 4% del PIB para la educación fue necesario la más grande movilización social de nuestra historia. Y una Marcha Verde como la del 2017 posiblemente no contaría con el apoyo multitudinario de la clase media y media alta. En consecuencia, habría que aspirar a que sea un pacto político entre los expresidentes y el presidente Abinader que materialice la despolitización. Si eso ha sido posible en el caso de la migración ilegal también debe ser posible en educación.
Pero eso no se lograría solo si algunas voces de la sociedad civil lo reclaman. De ahí que sea necesario apelar a las cinco familias más acaudaladas para que ejerzan su determinante influencia, tal y como se rumora que lo hacen en la escogencia de candidaturas y ministros. Porque la despolitización es indispensable para lograr la calidad educativa que resulte en menor desigualdad social y para lograr el aumento de la productividad de la fuerza laboral que señala Temístocles Montás, esas familias deben actuar porque la cruzada les conviene. No solo beneficiaría sus intereses económicos, sino que también estarían así cumpliendo con el imperativo de la responsabilidad social empresarial que requiere la gerencia moderna de los negocios. Y para actuar no es necesario que su brújula moral les imponga una “opción preferencial por los pobres”. Basta con que atiendan a sus propios intereses.
El CONEP, por ejemplo, ha respaldado la propuesta del presidente Abinader para despolitizar la educación pública
La despolitización es un asunto altamente político, tal y como son los compromisos de los candidatos presidenciales contraídos en función del financiamiento de las campañas electorales. De manera que, si las cinco familias y la clase política resuelven muchos asuntos políticos entre ellos, lo mejor es ahorrarnos la movilización social y conseguir que las dos instancias logren los acuerdos necesarios para la despolitización a través de los expresidentes y el actual presidente. Actuar mancomunadamente evita los rumores de que la gobernanza del país está en manos de una plutocracia y que somos capaces de unirnos en pos del bienestar de la población.
Acento
