Suben las muertes en “intercambios de disparos” tras cambio en la jefatura de la Policía Nacional
Santo Domingo, 17 de septiembre — Las muertes registradas en supuestos «intercambios de disparos» con agentes de la Policía Nacional han aumentado significativamente desde la llegada del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta a la dirección del cuerpo en noviembre de 2023.
Después de ocho años de descensos sostenidos, las cifras repuntaron: se reportaron 68 fallecimientos en 2023, 120 en 2024 y 170 en lo que va de 2025. Este salto representa un aumento de más del 150 % en menos de dos años.
Desde 2015 hasta 2022, los datos reflejaban una tendencia continua a la baja, con una caída de 225 muertes a solo 60. Este comportamiento se había atribuido a la presión de organismos de derechos humanos, reformas internas en la institución y circunstancias excepcionales como la pandemia de COVID-19, que redujo la movilidad ciudadana y limitó los operativos policiales.
En 2020, tras el relevo de Ney Aldrin Bautista por Edward Sánchez, las muertes descendieron de 110 a 77. Y en 2022, durante la gestión de Francisco B. Cruz, se alcanzó el mínimo histórico con solo 60 fallecimientos. Hasta 2023, las cifras se mantuvieron estables y relativamente bajas.
El punto de inflexión se produjo con la designación de Guzmán Peralta, nombrado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 557-23. Además de ser ascendido a mayor general, Guzmán Peralta fue puesto al frente de la institución policial.
Antes había dirigido la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y en 2020 formó parte del equipo de seguridad de la campaña presidencial de Abinader. Ese mismo año fue arrestado en medio de la crisis por las elecciones municipales suspendidas, lo que lo conectó directamente con el proceso político en curso.
En términos proporcionales, la tasa de muertes atribuidas a la acción policial en República Dominicana se sitúa en 1.5 por cada 100,000 habitantes en 2025, casi cuatro veces mayor que la de Estados Unidos, donde ronda los 0.36 por cada 100,000.
Esto resulta llamativo considerando que en EE. UU. vive aproximadamente el 15 % de la diáspora dominicana, hay una circulación mucho más alta de armas de fuego en manos civiles y la criminalidad organizada es considerablemente más compleja.
El marcado incremento en las cifras de letalidad bajo la actual gestión genera interrogantes sobre el rumbo de la política de seguridad pública. Los datos apuntan hacia un mayor uso de la fuerza letal por parte de la Policía y a un posible cambio de enfoque con respecto a la línea de contención adoptada en años anteriores.
