Willy Lozano sostiene es impostergable reforma integral al sistema migratorio en RD
Por La Redacción
Santo Domingo, 21 de septiembre de 2025 — El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), doctor Wilfredo Lozano, ha reiterado la necesidad urgente de emprender una reforma profunda del marco legal que rige la migración en la República Dominicana.
A juicio del académico, es imprescindible actualizar no solo la Ley General de Migración 285‑04, sino también los protocolos que regulan las deportaciones, los permisos de entrada y salida, y la formalización de los contratos de trabajo para inmigrantes, especialmente aquellos no calificados.
Durante una entrevista concedida al programa Esferas de Poder, transmitido los domingos por RNN Canal 27, el funcionario explicó que las conclusiones alcanzadas en las sesiones del Consejo Económico y Social (CES) evidencian la obsolescencia de varios instrumentos normativos.
En este contexto, consideró insuficiente la modificación exclusiva de la ley principal, subrayando la necesidad de revisar un entramado más amplio que incluye reglamentos, procedimientos administrativos y estructuras institucionales.
El doctor Lozano enfatizó que uno de los principales retos del país es establecer un ordenamiento efectivo de la movilidad laboral, mediante una capacidad institucional robusta que permita regular adecuadamente los procesos de ingreso, documentación, permisos y contratación laboral de los trabajadores inmigrantes, con especial atención a la migración haitiana, ampliamente presente en sectores económicos estratégicos.
El director del INM rechazó de manera categórica la interpretación de que el CES esté promoviendo un plan de regularización masiva de ciudadanos haitianos. Aclaró que esa afirmación carece de fundamento, ya que lo que realmente se ha planteado es la necesidad de reconocer que en sectores como la agropecuaria y la construcción existe una dependencia estructural de la mano de obra inmigrante.
En consecuencia, agregó, es fundamental ordenar esa realidad con base en normativas claras que garanticen derechos y obligaciones, tanto para empleadores como para trabajadores.
Según explicó, no se puede seguir tolerando el actual desorden en el mercado laboral vinculado a la inmigración irregular. Es necesario implementar mecanismos que permitan la formalización progresiva de estas relaciones laborales, ajustándose a las particularidades de cada sector.
En el caso de la agricultura, por ejemplo, donde los trabajos suelen ser de corta duración y alta rotación, el desafío es encontrar soluciones normativas que ofrezcan flexibilidad sin sacrificar legalidad ni control institucional.
Uno de los puntos más críticos señalados por el funcionario es la ausencia en la legislación vigente de una visa o permiso de trabajo aplicable a los trabajadores manuales no calificados.
Mientras que los profesionales calificados cuentan con una figura legal para su contratación, los trabajadores jornaleros, peones agrícolas y obreros de construcción no disponen de un mecanismo legal que les permita acceder al país y trabajar bajo condiciones reguladas. Esta omisión, afirmó Lozano, constituye un obstáculo serio para la institucionalización de la migración laboral estacional.
En ese sentido, propuso establecer un régimen especial para trabajadores de temporada, que contemple permisos temporales, contratos legales y condiciones administrativas ajustadas a la naturaleza específica de estos empleos.
Esta medida permitiría garantizar derechos laborales y migratorios a una población históricamente excluida de la protección normativa, al tiempo que contribuiría a un mayor control de los flujos migratorios.
El sociólogo y director del INM también advirtió sobre la necesidad de enfrentar con mayor determinación el tráfico de personas, actividad que calificó como una amenaza crítica para la seguridad y la gobernabilidad en materia migratoria.
En su opinión, resulta urgente dotar al Estado de herramientas más eficaces para perseguir y sancionar a quienes participan en redes de tráfico de migrantes, ya que el combate a estas prácticas ilegales es un paso indispensable para garantizar la integridad del sistema.
Asimismo, destacó la importancia de establecer un sistema estadístico nacional confiable, regular y continuo que proporcione datos actualizados sobre la realidad migratoria del país. La ausencia de cifras precisas impide diseñar políticas públicas basadas en evidencia y limita la capacidad de respuesta del Estado ante los desafíos emergentes en este ámbito.
Entre las propuestas concretas formuladas por Lozano se encuentra la modificación de la Ley 285‑04 para incluir disposiciones específicas sobre permisos laborales temporales y visas de trabajo para inmigrantes no calificados.
Además, planteó la necesidad de crear una ventanilla única de atención que unifique los trámites relacionados con permisos de trabajo, documentación migratoria y contratación laboral, bajo la coordinación de los ministerios de Trabajo, Interior, Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración.
Otra propuesta relevante consiste en transformar el Consejo Nacional de Migración en un órgano con funciones deliberativas y operativas, que disponga de una estructura institucional adecuada para formular e implementar políticas públicas sostenibles a mediano y largo plazo.
Igualmente, recomendó modernizar los mecanismos de control migratorio en los puntos fronterizos, dotándolos de personal capacitado y recursos tecnológicos para una gestión más eficiente.
Lozano reconoció que la reforma del sistema migratorio enfrenta desafíos significativos, entre ellos la fragmentación institucional, la limitada capacidad operativa de algunos organismos y las tensiones políticas que históricamente han obstaculizado la implementación de políticas migratorias coherentes.
No obstante, valoró positivamente el consenso alcanzado en el CES, el cual, según señaló, evidencia una voluntad de concertación que debe ser capitalizada.
Subrayó que en las discusiones del CES participaron representantes de los principales partidos de oposición, del oficialismo, del sector empresarial, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de las diferencias ideológicas y programáticas, todos coincidieron en puntos fundamentales relacionados con la necesidad de regular la inmigración laboral y de fortalecer la institucionalidad migratoria del país.
El funcionario insistió en que el Ministerio de Trabajo debe asumir un rol más activo en la gestión migratoria, ya que la mayoría de los flujos migratorios están vinculados al mercado laboral. En particular, refirió que la inmigración que llega a la República Dominicana está compuesta mayoritariamente por trabajadores que vienen a desempeñarse en actividades específicas como la agricultura, la construcción y otros sectores intensivos en mano de obra.
Finalmente, el director del Instituto Nacional de Migración llamó a traducir el consenso técnico alcanzado en el CES en acciones legislativas, administrativas y presupuestarias concretas.
Afirmó que la transformación del régimen migratorio dominicano debe ir más allá de las declaraciones de intenciones, y convertirse en una política de Estado que combine legalidad, control fronterizo, protección de derechos humanos y sostenibilidad económica.
Según expresó, la modernización del sistema migratorio no solo es una necesidad para la seguridad y el orden público, sino también una condición indispensable para el desarrollo nacional. De ahí la urgencia de avanzar hacia una gobernanza migratoria más justa, eficaz y adaptada a las realidades contemporáneas del país.
