Juan Bosch y el legado social de la Constitución de 1963
Juan Temístocles Montás
A inicios de la década de los sesenta del siglo pasado, la República Dominicana era un país con una economía altamente concentrada, con fuerte presencia estatal en empresas clave, y dependiente de las exportaciones de azúcar y otros productos primarios que se destinaban fundamentalmente al mercado estadounidense. La producción per cápita representaba apenas un 42% del promedio latinoamericano.
Éramos un país pobre y joven, con la mayor parte de la población residiendo en el campo y con grandes déficits en salud (mortalidad infantil elevada y esperanza de vida baja-media para los estándares regionales de la época) y en educación (alto analfabetismo; expansión de la educación primaria con profundas brechas de calidad; déficit de docentes e infraestructura).
La pobreza y la desigualdad marcaban el perfil social del país. Puede hablarse de una pobreza generalizada, con fuertes disparidades rural-urbanas, acceso desigual a agua potable y saneamiento, y una protección social formal prácticamente inexistente.
El derrumbe del régimen autoritario de Trujillo abrió la puerta a un proceso democratizador. Emergieron los partidos políticos, retornaron los exiliados, se reorganizaron sindicatos y surgieron nuevas organizaciones sociales. Todo ello condujo a la celebración de las elecciones de diciembre de 1962, en las que el profesor Juan Bosch —con una agenda de reformas democráticas y sociales— obtuvo la victoria
En el plano internacional, el clima de Guerra Fría (confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética), especialmente tras la Crisis de los Misiles en Cuba (1962), llevó a Washington a adoptar una política de “tolerancia cero” frente a cualquier riesgo de otra revolución socialista en el Caribe. Esa postura influyó decisivamente en la percepción que Estados Unidos tuvo del gobierno de Bosch.
Bosch asumió la presidencia el 27 de febrero de 1963 y de inmediato promovió la aprobación de una Constitución que todavía hoy se recuerda como la primera gran “Constitución social” del país. Sus líneas maestras fueron las siguientes:
Estado civil y supremacía del poder civil. Blindó la forma de gobierno: civil, republicano, democrático y representativo, subordinando a los militares al poder civil.
Constitucionalismo social y derechos de nueva generación. Inauguró el constitucionalismo social, elevando a rango constitucional el deber del Estado de promover el bienestar y la justicia social.
Propiedad con función social y reforma agraria. Transformó el régimen de propiedad al declarar su función social e introducir facultades de intervención estatal; consideró contraria al interés general la excesiva concentración de tierras.
Igualdad jurídica de la mujer y derechos de familia. Reconoció plena capacidad civil de la mujer casada, igualdad entre cónyuges, corresponsabilidad parental e igualdad salarial sin discriminación por sexo.
Ampliación de libertades y garantías. Reforzó un amplio catálogo de derechos y garantías propios de un Estado democrático de derecho; declaró nulos los actos contrarios a la Constitución.
Régimen político con controles a la concentración de poder. Estableció límites a la reelección inmediata como parte de un diseño institucional destinado a asegurar la alternancia tras la dictadura.
Educación y rol del Estado. Potenció el papel del Estado en la organización y regulación del sistema educativo, coherente con la apuesta social del texto.
En conjunto, la Constitución de 1963 buscó anclar la transición pos-trujillista en un Estado civil, democrático y social: subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, igualdad de género, propiedad al servicio del bien común y límites a la reelección presidencial inmediata para evitar la concentración del poder.
El derrocamiento del gobierno de Bosch, el 25 de septiembre de 1963, no puede entenderse al margen de esta Constitución. Los sectores conservadores y los mandos militares se opusieron frontalmente a su contenido y desarrollaron una campaña sistemática acusando a Bosch de comunista. Desde la embajada de Estados Unidos, un cable señalaba que “el presidente Bosch muestra una peligrosa tolerancia hacia comunistas y radicales en su entorno, lo que mina la confianza de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia”.
Esos señalamientos abonaron el terreno para el golpe de Estado. Sus consecuencias inmediatas fueron el levantamiento de abril de 1965 y la posterior invasión de Estados Unidos.
La Constitución de 1963 fue truncada por la fuerza, pero su espíritu progresista y democrático permanece como referente. Retomar sus principios, adaptados a los desafíos actuales, constituye una de las grandes tareas del PLD en el presente.
