Reglas fiscales para el crecimiento: un plan para la República Dominicana
Julio E. Diaz Sosa
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó una entrada en su blog en la que señala que las leyes de responsabilidad o reglas fiscales deben ser flexibles para adaptarlas a las realidades macroeconómicas del momento, pero sin perder eficacia y contundencia. Las reglas fiscales buscan aportar claridad y previsibilidad a las finanzas públicas, pero la experiencia muestra que solo funcionan cuando están bien diseñadas y se aplican con credibilidad. Esto es especialmente pertinente para la República Dominicana, donde el presupuesto enfrenta crecientes presiones por el gasto social, los subsidios y los costos recurrentes, mientras la inversión pública en infraestructura se mantiene persistentemente baja respecto de las necesidades de desarrollo. Cuando el espacio fiscal se estrecha, los proyectos de capital suelen ser los primeros en recortarse, lo que frena las ganancias de productividad y debilita los cimientos del crecimiento de largo plazo. El reto, por tanto, no es simplemente “apretarse el cinturón”, sino hacerlo de manera que se proteja la inversión de alta calidad y se mantenga la deuda en una senda segura.
Un marco moderno de responsabilidad fiscal para la República Dominicana debe partir de un ancla simple y prudente —como una senda clara de deuda o una meta de balance primario de mediano plazo—, firmemente vinculada al presupuesto anual y al plan fiscal plurianual. El ancla debe ser fácil de monitorear y comunicar, y calibrarse según la exposición del país a choques, incluidos huracanes y variaciones de la demanda externa. Para llevar el ancla a la práctica, es preferible una regla de gasto que limite el crecimiento del gasto primario corriente mientras blinda el gasto de capital prioritario, en lugar de topes de déficit rígidos que fomentan recortes generalizados. En el contexto dominicano, esto ayuda a revertir el sesgo histórico contra la infraestructura cuando los ingresos decepcionan o el gasto corriente se desborda.
Ahora bien, las reglas son tan sólidas como sus mecanismos de corrección. Cuando se superan umbrales o la senda de deuda se desvía, los disparadores predefinidos deben exigir automáticamente un plan de corrección formal dentro de un plazo fijo. Ese plan detallará medidas concretas —contención del gasto, ganancias de eficiencia, movilización de ingresos y reasignaciones— para volver a la regla, y lo hará a lo largo de los próximos dos o tres presupuestos, en lugar de recurrir a recortes abruptos de inversión a mitad de año. También pueden incorporarse salvaguardas progresivas: a medida que la deuda se acerque a un umbral de riesgo, se aplicarán límites más estrictos al crecimiento neto del gasto corriente hasta restablecer la trayectoria. La evidencia internacional muestra que estos mecanismos creíbles tienden a reducir el costo de financiamiento, lo que, para un emisor activo como la República Dominicana, se traduce directamente en espacio fiscal para inversión que impulse el crecimiento.
Proteger la inversión pública implica no solo cantidad, sino también calidad. Una vía práctica es establecer un piso plurianual para el gasto de capital —expresado como proporción del gasto total o del PIB—, combinado con rigurosas evaluaciones costo-beneficio y de riesgo climático, de modo que solo los proyectos maduros y de alto retorno se contabilicen para dicho piso. Esta “regla de oro 2.0” reduce el patrón de arranques y paradas que encarece y retrasa los beneficios en carreteras, agua y saneamiento, transmisión eléctrica, escuelas, hospitales y resiliencia costera. Al mismo tiempo, fortalecer las salvaguardas de las alianzas público-privadas (APP) —registro central, análisis estandarizados de valor por dinero e informes transparentes de pasivos contingentes— ayuda a evitar riesgos extrapresupuestarios que minan la credibilidad de la regla.
Las instituciones de apoyo son la columna vertebral de unas reglas efectivas. El presupuesto anual debe insertarse en un marco fiscal de mediano plazo (tres a cinco años) que muestre la trayectoria de la deuda, los techos de gasto y la cartera de inversión. Un consejo fiscal independiente —enfocado, técnico y no partidista— puede evaluar los supuestos macroeconómicos, monitorear el cumplimiento y publicar informes regulares que informen al Congreso y a la ciudadanía. Por último, revisiones periódicas y basadas en reglas de los gastos tributarios y los fondos etiquetados pueden liberar recursos para infraestructura sin subir las tasas nominales, a la vez que mejoran la equidad y la transparencia.
Dado que la República Dominicana está altamente expuesta a desastres naturales y choques externos, las cláusulas de escape deben ser estrechas, transparentes y temporales. Deben basarse en disparadores objetivos —por ejemplo, una declaración oficial de desastre o un umbral cuantificado de daños—, incluir una caducidad automática y una ruta clara de retorno al cumplimiento mediante un plan de corrección. La notificación parlamentaria y la evaluación del consejo fiscal pueden disuadir el uso indebido. Bien diseñadas, estas cláusulas permiten respuestas decididas en crisis sin vaciar el andamiaje del marco.
En términos prácticos, adoptar este marco cambiaría la conversación presupuestaria. Cada ley de presupuesto especificaría la senda de deuda y el techo de gasto corriente para un horizonte plurianual, junto con las medidas que los sostienen. El gasto de capital estaría protegido por un piso creíble y filtros de calidad, en lugar de ser la válvula de ajuste por defecto. Si surgieran debilidades de ingresos o choques, el gobierno presentaría un plan con plazos definidos para corregir el rumbo, en vez de recurrir a recortes a mitad de año que retrasan las obras y erosionan la confianza. Informes periódicos e independientes de cumplimiento fortalecerían la confianza pública y la credibilidad de la política fiscal.
Este enfoque también responde a la pregunta central: ¿puede la República Dominicana invertir más sin incurrir en riesgos fiscales? La respuesta es sí, si hay disciplina en la secuencia. Primero, estabilizar y reducir gradualmente la deuda mediante el techo al gasto corriente y herramientas automáticas de corrección. Segundo, reasignar prioridades evaluando gastos tributarios y subsidios, mejorando las compras públicas y acelerando la preparación de proyectos. Tercero, orientar el endeudamiento a infraestructura bien evaluada y resiliente al clima, que amplíe la base tributaria y la capacidad exportadora —corredores logísticos, transmisión eléctrica, agua y saneamiento, y conectividad digital—, dentro de los límites del ancla de deuda.
Los beneficios son tangibles. Una regla creíble abarata el financiamiento, reduce la volatilidad macroeconómica y protege las inversiones que impulsan la productividad, atraen capital privado y crean buenos empleos. Lejos de ser incompatible con el desarrollo, la disciplina fiscal —anclada, exigible y respaldada institucionalmente— puede ser el instrumento que, por fin, ponga fin al ciclo de subinversión en infraestructura. Con un marco adaptado a su realidad y a su ley de reglas fiscales, la República Dominicana puede mantener las finanzas públicas como fuente de estabilidad mientras construye la infraestructura que sustenta un crecimiento más rápido e inclusivo.
Con la reformulación del presupuesto complementario, las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda y Economía reconocieron que es importante adoptar la flexibilidad fiscal sin perder la prudencia, porque el gasto de capital productivo es lo que nos encaminará a retomar la senda del crecimiento económico potencial. Y, en realidad, ese es el rol de la política fiscal: estimular la demanda agregada. Sin embargo, ante la falta de proactividad en el pasado, el Banco Central asumió ese rol de estimular la demanda agregada para encaminar el crecimiento. Con todo, la reciente decisión de las autoridades monetarias de reducir la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos no está alineada con la nueva postura de la política fiscal. Reducir la tasa de política monetaria —independientemente de que la Reserva Federal de los Estados Unidos prevé más recortes hacia el final del año— podría aumentar la fuga de capitales de los agentes económicos hacia activos de menor riesgo a tasas pasivas similares, lo que provocaría mayor volatilidad en el tipo de cambio y presiones inflacionarias. Por consiguiente, la sincronización de la política fiscal y la política monetaria será fundamental para apuntalar un crecimiento económico sostenido y sin sobresaltos.
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