Más de 4.000 empleados federales comienzan a ser despedidos en EE.UU.: medida impacta mayormente a trabajadores demócratas
Washington, 11 de octubre de 2025. – Más de 4.000 empleados del gobierno federal comenzaron a recibir notificaciones formales de despido este viernes, en una acción coordinada por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), bajo directrices de la administración del expresidente Donald Trump.
La medida ocurre en medio de un cierre parcial del gobierno, iniciado el pasado 1 de octubre por la falta de acuerdo legislativo sobre el financiamiento federal, y ha generado una oleada de críticas, especialmente desde el Partido Demócrata, al considerar que los recortes afectan de manera desproporcionada a trabajadores asociados con agencias tradicionalmente demócratas.
Los despidos fueron confirmados por la propia OMB mediante una comunicación oficial y publicaciones del director de dicha oficina, Russell Vought, quien anunció públicamente que las reducciones de personal, conocidas como RIF (Reduction in Force), habían comenzado a ejecutarse.
Esta es la primera vez en décadas que una administración federal ordena despidos permanentes durante un cierre presupuestario, superando las medidas usuales de licencias temporales sin paga, utilizadas en situaciones similares.
Según información obtenida por CNN y documentos presentados ante una corte federal en California, las notificaciones de despido han sido emitidas en los departamentos de Comercio, Educación, Energía, Salud y Servicios Humanos (HHS), Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Seguridad Nacional (DHS) y Tesoro.
Las agencias con mayor número de empleados despedidos son Tesoro y HHS, con más de mil notificaciones cada una, de acuerdo con la demanda interpuesta por dos sindicatos federales que buscan frenar esta decisión.
En declaraciones públicas, la Casa Blanca ha atribuido la responsabilidad del cierre a la negativa de los legisladores demócratas de aprobar una ley de financiamiento provisional. No obstante, expertos legales y sindicales han reiterado que las reducciones de personal no son una consecuencia automática del cierre presupuestario y que, por tanto, la decisión de ejecutar despidos permanentes responde a una elección política de la administración.
“Lamentamos que los demócratas hayan cerrado el Gobierno y obligado a los trabajadores a estar en esta posición”, sostuvo un portavoz de la OMB, mientras que el propio Vought expresó que los recortes se dirigen a programas “innecesarios” y que “contradicen la agenda del presidente Trump”.
La senadora demócrata Patty Murray, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, fue una de las primeras voces en criticar la decisión, afirmando que el Ejecutivo está eligiendo “infligir más dolor a la gente” con despidos masivos injustificados.
“Las ‘reducciones de personal’ no son un nuevo poder que estos payasos obtienen en un cierre”, escribió la legisladora en la red social X. En un tono similar, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró que “nadie los obliga a hacer esto. No tienen que hacerlo; quieren hacerlo”, calificando los despidos como un acto de “caos deliberado”.
La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), el sindicato más grande del sector público, calificó la medida de vergonzosa y presentó junto a otro sindicato una demanda ante una corte federal del norte de California, buscando frenar los despidos mediante una orden judicial de emergencia.
El presidente de la AFGE, Everett Kelley, declaró que en los 93 años de existencia del sindicato nunca antes un presidente, incluyendo al propio Trump en su primer mandato, había ordenado la terminación de miles de empleados durante un cierre del gobierno.
La demanda solicita que se emita una orden de restricción temporal para impedir que continúe el proceso de notificación y ejecución de los despidos, que según argumentan, se están realizando de manera ilegal y sin respaldo legislativo.
La jueza federal Susan Illston aún no ha tomado una decisión definitiva, pero ordenó a la OMB presentar un informe detallado sobre el número de empleados afectados, las agencias involucradas y el estado de las notificaciones antes del viernes a las 18:00 horas.
La demanda sindical subraya que los despidos se están ejecutando sin que las agencias cumplan con los procedimientos mínimos de notificación y análisis de impacto, como lo exige la ley.
Desde el ámbito técnico, diversas agencias confirmaron a CNN que han comenzado a ejecutar reducciones en sus plantillas. Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos indicó que los empleados despedidos fueron clasificados como no esenciales y que la decisión forma parte de un plan para eliminar duplicidades y cerrar divisiones que, según alegan, no están alineadas con la agenda de la administración.
Esta declaración se enmarca en un contexto de crítica hacia lo que la administración Trump considera “programas demócratas” o estructuras burocráticas que obstaculizan sus prioridades de gobierno.
Aunque el gobierno había anunciado previamente la intención de llevar a cabo despidos si no se aprobaba el presupuesto, informes de CNN indican que, durante los primeros días del cierre, la administración dudó en aplicar la medida ante posibles consecuencias políticas y legales.
Sin embargo, tras días de estancamiento legislativo, optó por avanzar con el proceso de RIF, haciendo llegar las notificaciones formales a través del Servicio Postal de los Estados Unidos, que continúa operando pese al cierre. Adicionalmente, se ha autorizado a los empleados afectados a utilizar equipo gubernamental para consultar actualizaciones relacionadas con su situación laboral.
Legalmente, la normativa federal exige que toda agencia debe notificar al personal afectado con al menos 60 días de antelación antes de ejecutar un despido, una disposición que las organizaciones sindicales consideran no se está respetando en esta ocasión.
Al mismo tiempo, destacan que muchas de las funciones que serán eliminadas son operativas y tienen impacto directo en la ciudadanía, como servicios de salud, inspección, control fiscal y educación pública.
Max Stier, director ejecutivo de la organización Partnership for Public Service, afirmó a CNN que el cierre del gobierno no otorga autoridad adicional al Ejecutivo para ejecutar despidos masivos, señalando que “no existe ninguna autoridad legal adicional para llevar a cabo RIFs sobre la base de un cierre del Gobierno”.
En una declaración difundida el viernes, Stier criticó duramente la política implementada por la administración, señalando que con ello se están utilizando “a los servidores públicos como rehenes en esta ruptura continua de nuestras instituciones”. Añadió que estas reducciones “vaciarán el gobierno federal, le robarán experiencia crítica y limitarán su capacidad para servir eficazmente al público”.
El trasfondo de esta medida se remonta a los primeros meses del actual mandato presidencial. En febrero de este año, Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó a todos los departamentos a identificar divisiones no esenciales y preparar planes de despido ante un eventual cierre presupuestario.
Dicho plan fue reforzado por un memorando conjunto entre la OMB y la Oficina de Administración de Personal, en el que se ordenaba a las agencias federales presentar listas de empleados y áreas de trabajo que no fueran indispensables.
Aunque esta estrategia fue cuestionada judicialmente, en julio la Corte Suprema permitió su implementación, al suspender temporalmente una orden de un tribunal inferior que bloqueaba los despidos sin la aprobación del Congreso.
Algunas agencias, como el HHS, comenzaron a ejecutar recortes desde el verano, mientras que otras se han visto forzadas a readmitir a empleados despedidos ante la imposibilidad de mantener funciones operativas básicas.
Esta inconsistencia refleja las tensiones internas de la política de recortes, que si bien busca reducir el tamaño del aparato gubernamental, también compromete áreas críticas para la administración pública.
De acuerdo con Partnership for Public Service, más de 201.000 trabajadores federales han abandonado el servicio público entre enero y septiembre de este año, por renuncias, jubilaciones o despidos voluntarios, una cifra que refleja la tendencia de disminución progresiva de la fuerza laboral federal.
La plantilla total del gobierno de los Estados Unidos supera los 2 millones de empleados, por lo que los 4.000 despidos notificados representan una porción significativa del personal que permanece activo en medio del cierre.
Diversos analistas consideran que esta estrategia puede traer consecuencias adversas para la administración. Por un lado, puede fortalecer el rechazo público hacia el cierre prolongado; por otro, expone a la Casa Blanca a desafíos legales por posible violación de normativas presupuestarias como la Antideficiency Act, que prohíbe a las agencias gubernamentales realizar compromisos financieros sin autorización del Congreso.
La comunidad jurídica ha alertado que, si se establece como precedente que una administración puede usar un cierre presupuestario para ejecutar despidos permanentes sin aprobación legislativa, se corre el riesgo de debilitar el sistema de controles institucionales que rige el funcionamiento del gobierno federal.
En este sentido, el debate ya no se limita a una cuestión de números o funciones presupuestarias, sino que se proyecta como un nuevo frente en la lucha por el control político del aparato estatal.
Fuente: CNN.
