Una misma red gestiona documentos de identidad en Haití y República Dominicana: alerta para la seguridad de los datos ciudadanos
SANTO DOMINGO, 14 octubre. — Un reportaje publicado por el diario El Caribe revela que una única red tecnológica estaría detrás de la emisión de documentos de identidad en República Dominicana y Haití, un hecho que despierta serias inquietudes sobre la custodia de los datos ciudadanos.
Según esa publicación, esta investigación “solo busca levantar la alerta para que el Estado tome previsiones de seguridad necesarias para el resguardo de datos de identidad ciudadana”.
Según El Caribe, en República Dominicana operan tres contratos públicos aparentemente independientes, cada uno vinculado a instituciones distintas: el consorcio EMDOC con la Junta Central Electoral (JCE), Mobility ID con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y MIDAS Dominicana con la Dirección General de Pasaportes (DGP).
No obstante, todos esos procesos estarían conectados por un mismo actor tecnológico: la empresa alemana Veridos GmbH, que además es quien imprime las cédulas haitianas y que aparece como socio o proveedor transversal en los tres sistemas dominicanos de identidad.
Este entramado implicaría que una sola entidad controle la emisión de cédulas, pasaportes y licencias de conducir en un doble escenario nacional. El Caribe advierte que esta concentración documental se traduce en “un mismo ADN comercial”.
Contratos y coincidencias inquietantes
El medio señala que la inversión total en estos sistemas de identidad ha superado los RD$11 mil millones. Aunque los concursos deberían ser técnicos y distintos en cada caso, los pliegos del Intrant contienen documentos casi idénticos a los del consorcio de la JCE —firmas, declaraciones juradas notariadas a nombre del Consorcio EMDOC (adjudicatario de la JCE) y la palabra “CUMPLE” estampada en coincidencia— lo que sugiere un posible “copiar y pegar” entre procesos, pese a que legalmente deberían ser independientes.
El artículo 260 de la Constitución dominicana y el “Libro Blanco de la Defensa Nacional” reconocen que la identidad, la seguridad y la información de los ciudadanos son activos estratégicos.
En ese sentido, entregar el control operativo de esos sistemas a una red de empresas con presencia simultánea en Haití —que imprime los documentos de identidad de ese país— sería, según El Caribe, una decisión de alto riesgo para la soberanía nacional.
Veridos también arrastra antecedentes polémicos en otros países con institucionalidad débil. Se le relaciona con investigaciones o litigios en Kosovo, Guyana, Uganda, Nepal y la República Democrática del Congo, por temas como sobrecostos, irregularidades aduanales, evadir impuestos o dependencia tecnológica.
El alcance en cada institución dominicana
- En el Intrant, Veridos figura como proveedor tecnológico dentro del consorcio Mobility ID, encargado del software y la codificación de las licencias de conducir.
- En el Pasaportes, según el contrato PEEX‑001‑2024, las libretas serán producidas exclusivamente por Veridos GmbH, y MIDAS Dominicana deberá subcontratar sus servicios.
- En la JCE, Veridos es parte del consorcio EMDOC, responsable del rediseño, emisión y mantenimiento de la nueva cédula de identidad nacional.
Aunque estas adjudicaciones no constituyen un monopolio legal (solo permitido cuando beneficia al Estado), El Caribe denuncia una forma de concentración funcional del poder documental del país, un monopolio de facto que limita la competencia.
Valor estratégico de los datos y deber del Estado vigilante
En la era digital, los datos personales adquieren un valor crítico. Quien controla la emisión de documentos de identidad controla también la movilidad, el voto, el crédito y la libertad digital de los ciudadanos. Por eso, la independencia nacional ya no se decreta con leyes solamente, sino que debe “cifrarse” con firewalls, auditorías, llaves maestras y vigilancia constante.
El caso Veridos sitúa a la República Dominicana ante una encrucijada: no es solo un asunto técnico, sino uno de soberanía. Controlar la tecnología detrás de la identidad nacional implica defender el derecho esencial de cada ciudadano a que sus datos no queden en manos ajenas o de monopolios documentales. Por eso, el Estado debe actuar como guardián, no solo como contratante.
