Regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y un general retirado se declaran culpables de tráfico de cocaína en EE.UU.
Santo Domingo, 4 Nov. – Según una información publicada por Listín Diario, los señores Edickson Herrera Silvestre y William Durán Jerez, regidor del PRM y general retirado de la Policía Nacional dominicana, respectivamente, han alcanzado acuerdos con las autoridades de los Estados Unidos y se han declarado culpables de cargos relacionados con el tráfico de cocaína.
En los documentos judiciales sometidos ante una corte del sur de la Florida, se consigna que ambos aceptaron la culpabilidad por el delito de conspirar para traficar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos.
El convenio establece que Herrera Silvestre y Durán Jerez “se comprometen a cooperar plenamente con las autoridades” estadounidenses, suministrando información, testimonios, documentos, registros y demás pruebas que les sean solicitadas.
Asimismo, se pactó que trabajarían, si se requiere, “de forma encubierta bajo supervisión y en cumplimiento de las normas de los agentes del orden público”.
La acusación presentada por Estados Unidos describe que la red operó entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, desde la República Dominicana, donde se almacenaba la droga, hasta su envío al sur de la Florida.
En el acuerdo también figura un tercer implicado: José Eduviges Aponte Torres, apodado “Buby” o “Meano”, quien también admitió su culpabilidad. Los cargos segundo y tercero que pesaban contra los tres fueron retirados como parte del acuerdo negociado con la fiscalía.
Las fechas para la lectura de sentencia quedaron fijadas de la siguiente manera: Aponte Torres, para el 5 de diciembre a las 11:00 AM; el general retirado Durán Jerez, el 11 de diciembre a las 10:00 AM; y el regidor Herrera Silvestre, el 8 de enero de 2026 a las 9:30 AM.
Herrera Silvestre, quien fue electo en 2020 y reelecto en 2024 como regidor por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, enfrenta un severo revés en su carrera pública.
La operación descrita por los investigadores señala que la cocaína era adquirida en Sudamérica, ingresaba a República Dominicana para su almacenamiento y, posteriormente, era trasladada a los Estados Unidos. Las ganancias se reenviaban al país y se repartían entre los miembros de la organización criminal.
Este caso implica consecuencias de alto calibre: de confirmarse la culpabilidad en juicio de fondo, los señalados podrían enfrentar penas que van desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua, aunque la colaboración podría mitigar la sanción.
El PRM, ante el conocimiento del expediente en abril de 2025, indicó que quienes infringen las normas legales deberán asumir personalmente las consecuencias de sus actos.
Este suceso se suma a otras investigaciones en las que altos cargos y responsables públicos han sido vinculados al narcotráfico, lo cual resulta en un golpe de imagen para la institucionalidad dominicana y para los partidos involucrados.
La colaboración de los acusados con la justicia estadounidense abre además interrogantes sobre el nivel de penetración de redes delictivas en el país y la capacidad de control estatal sobre zonas de operación.
