Una red criminal con fachada turística: cómo operaba desde Puerto Plata una organización de narcotráfico dirigida por un regidor del PRM y un general retirado
Santo Domingo, 5 de noviembre de 2025. —Una red de tráfico internacional de cocaína, que operó de forma sistemática desde un resort ubicado en la costa norte de la República Dominicana, quedó al descubierto tras una exhaustiva investigación judicial en Estados Unidos.
Esta red, según piublicaciones del LIstín Diario, fue liderada por actores de alto perfil en la vida política y militar del país: Edickson Herrera Silvestre, regidor del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y el general retirado de la Policía Nacional William Durán Jerez.
La operación utilizó como base logística las instalaciones de un hotel no identificado en Puerto Plata, desde donde se coordinaban los envíos de cocaína adquirida en Suramérica y destinada al mercado estadounidense, específicamente al sur de la Florida.
De acuerdo con documentos judiciales presentados por las autoridades estadounidenses, entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, la organización se dedicó a la importación de cargamentos de cocaína provenientes de Suramérica hacia territorio dominicano, donde eran almacenados y posteriormente trasladados en embarcaciones marítimas hacia los Estados Unidos.
Para este propósito, el regidor Herrera Silvestre invirtió una suma aproximada de US$200,000 —equivalente a más de RD$11.6 millones al cambio promedio del año 2022— en la adquisición de una embarcación tipo yate, que fue bautizada con el nombre de “The Ghost”, es decir, “El Fantasma”.
El plan de tráfico involucraba una operación marina precisa. La droga llegaba al país y era transportada hasta el litoral del resort en Puerto Plata, donde se embarcaba en pequeñas lanchas que la llevaban hasta el yate “The Ghost”, posicionado en alta mar para evitar la vigilancia costera.
Una vez a bordo, el cargamento se dirigía hacia puertos clandestinos en la Florida. Desde allí, la cocaína era distribuida en circuitos comerciales ilegales, y las ganancias eran posteriormente retornadas a la República Dominicana, donde se repartían entre los inversores de la red. Esta estructura permitía el blanqueo de capitales a través de mecanismos que aún no han sido completamente revelados.
Los documentos judiciales, firmados como parte de acuerdos de culpabilidad con la fiscalía estadounidense, indican que tanto Herrera Silvestre como Durán Jerez participaron activamente en la planificación, financiamiento y logística de los envíos.
En el caso de Herrera, se le atribuye la coordinación directa del transporte, además de ser uno de los aportantes de droga para su comercialización en los Estados Unidos. En palabras del expediente judicial, el regidor “colocó sus propios kilogramos de cocaína y participó en la carga de la droga al buque en el sitio de despacho en la República Dominicana”.
A esta estructura también se unió José Eduviges Aponte Torres, conocido en los círculos criminales como “Buby” o “Meano”. Los tres acusados admitieron su culpabilidad y firmaron acuerdos de cooperación con las autoridades norteamericanas.
La fiscalía estadounidense, a cambio de sus testimonios y colaboración en investigaciones futuras, acordó retirar los cargos adicionales que pesaban sobre ellos, limitando su procesamiento al delito de conspiración para el envío de al menos cinco kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos.
Las audiencias de sentencia ya han sido calendarizadas. Aponte Torres será el primero en enfrentar su condena el próximo 5 de diciembre de 2025, seguido del general retirado Durán Jerez el 11 de diciembre, mientras que el regidor Edickson Herrera Silvestre deberá comparecer el 8 de enero de 2026 ante la corte del Distrito Sur de la Florida.
Durante el periodo investigado, el regidor Herrera permaneció en el país, ocupando su curul en el Concejo del Distrito Nacional. Fue electo por primera vez en las elecciones municipales de febrero de 2020 con 3,731 votos, y logró su reelección en los comicios de febrero de 2024 con 3,032 votos.
A pesar de las sospechas y los informes internacionales que circulaban en organismos de inteligencia, no se había producido ninguna acción judicial en su contra en territorio dominicano hasta que la justicia estadounidense ejecutó el caso.
El Concejo de Regidores del Distrito Nacional suspendió provisionalmente a Herrera Silvestre el 18 de septiembre de 2025, por acumulación de ausencias no justificadas a las sesiones del cabildo, en violación de lo dispuesto en la Ley 176-07 que regula la administración municipal.
La medida fue tomada por votación de sus colegas regidores, luego de que el edil no se presentara en el país ni ofreciera explicaciones sobre su ausencia prolongada.
Previo a su admisión de culpabilidad, Herrera Silvestre había comparecido en julio ante la corte del Distrito Sur de la Florida, donde se declaró no culpable de los tres cargos que entonces pesaban en su contra. Posteriormente, en octubre, firmó el acuerdo de culpabilidad que limitó la acusación a un único cargo.
En abril de este año, el PRM emitió un comunicado institucional en el que recordó que sus estatutos establecen la suspensión automática de cualquier dirigente o militante sometido a juicio por delitos graves.
Citando el artículo 65 de su reglamento, el partido oficialista advirtió que en caso de sentencia condenatoria procederá con la expulsión definitiva del regidor de sus filas, en cumplimiento de su política interna de control disciplinario.
El general retirado William Durán Jerez, por su parte, tiene un historial complejo dentro de las fuerzas del orden. Fue pensionado en 2009, tras casi 17 años de servicio en diferentes áreas de la Policía Nacional. Había ingresado a la institución en 1993, proveniente de la Armada Dominicana, y ocupó cargos de relevancia como subcomandante del Departamento de Operaciones Especiales, director de Operaciones y Prevención, director del Servicio Secreto, y segundo al mando en varias regiones del país. También se desempeñó como enlace con la Junta Central Electoral y recibió reconocimientos institucionales, incluyendo seis felicitaciones oficiales.
Sin embargo, desde años antes de su retiro, comenzaron a circular rumores sobre sus vínculos con actores del narcotráfico, incluyendo al excapitán del Ejército Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien fue capturado en 2004 con un cargamento de más de 1,300 kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos.
Reportes no oficiales desde el interior de la Policía Nacional sugieren que Durán Jerez sostenía encuentros sociales con figuras vinculadas a redes del narcotráfico, y que estas relaciones habrían influido en su retiro, aunque oficialmente se le concedió por méritos acumulados.
La revelación de su participación en esta red internacional ha provocado conmoción en los círculos policiales, donde aún existen agentes que lo reconocen como un líder severo pero eficiente, que logró contener bandas delictivas en comunidades donde fue asignado. No obstante, su implicación en el tráfico de drogas transforma ese legado en una contradicción institucional que aún debe esclarecerse.
El resort en Puerto Plata desde el cual operaba la red no ha sido identificado públicamente, pero los documentos judiciales señalan que era administrado por un cuarto miembro del grupo, aún no procesado.
Este detalle ha levantado nuevas alarmas sobre el uso de infraestructuras turísticas para actividades ilícitas, aprovechando las facilidades logísticas de las costas dominicanas y la falta de supervisión efectiva en la actividad marítima.
Además de los tres hombres que han admitido culpabilidad, las autoridades estadounidenses han revelado que al menos cinco co-conspiradores adicionales participaron en la operación, sin que hasta el momento hayan sido procesados.
Esto implica que la red tenía un nivel de extensión mayor al inicialmente previsto, y que el componente dominicano del entramado delictivo podría abarcar otras figuras de influencia en sectores económicos o políticos.
El uso del país como plataforma de tránsito para la cocaína suramericana reafirma las advertencias hechas en informes internacionales sobre la creciente vulnerabilidad de República Dominicana frente a organizaciones criminales trasnacionales.
La geografía insular, la debilidad de controles costeros y la colusión de actores institucionales han convertido al territorio nacional en un punto estratégico para el narcotráfico, y este caso ilustra cómo estructuras legales y políticas pueden ser utilizadas como escudo para operaciones criminales de gran escala.
Lo sucedido con el regidor Edickson Herrera y el general Durán Jerez representa uno de los escándalos más comprometedores de los últimos años en materia de crimen organizado.
Se trata de un caso que pone en tela de juicio la eficacia de los filtros de integridad en la política dominicana y en las fuerzas del orden, y que obliga a revisar las estrategias de combate contra el narcotráfico y la infiltración institucional.
A medida que se acerquen las fechas de las sentencias en Estados Unidos, se espera que las autoridades dominicanas, tanto judiciales como políticas, ofrezcan respuestas claras sobre las consecuencias internas de este caso.
Hasta ahora, la falta de reacciones más contundentes por parte de los organismos nacionales ha generado preocupación en sectores de la sociedad civil y en observadores internacionales, que temen que el país no esté preparado para contener la infiltración del crimen organizado en sus estructuras estatales.
