Ministerio Público denuncia tácticas dilatorias de Jean Alain Rodríguez y demás imputados que buscan retrasar el proceso por corrupción
Santo Domingo, 12 de noviembre de 2025. – El Ministerio Público denunció este miércoles que las defensas de los imputados en el caso de corrupción que involucra al exprocurador general Jean Alain Rodríguez y a un amplio grupo de coacusados continúan recurriendo a tácticas dilatorias destinadas a impedir el avance oportuno del juicio, afectando así la correcta administración de justicia y prolongando un proceso que ya cuenta con graves acusaciones de malversación de fondos públicos.
La denuncia surge luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazara nuevamente la audiencia, esta vez para el 14 de enero de 2026, durante una sesión en la que los abogados defensores esgrimieron diversos argumentos para justificar el retraso.
Entre estos, alegaron que varias firmas legales tomarán vacaciones colectivas debido a las festividades de fin de año, además de una licencia médica presentada para uno de los defensores.
El tribunal tomó esta decisión tras conocer que el abogado Enrique Vallejo Garib, defensor de Jhonatan Loander Medina Reyes, se encontraba bajo licencia médica hasta el 11 de diciembre, según informó en audiencia el abogado Carlos Martínez, miembro de su oficina.
A la salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el fiscal Enmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, afirmó que la situación evidencia nuevamente la estrategia de dilación utilizada por los defensores.
Explicó que, aunque se respetó la licencia médica de Vallejo Garib, el Ministerio Público solicitó el desglose del imputado Jhonatan Loander Medina Reyes para evitar un retraso general del caso, pero dicha solicitud fue rechazada por las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado.
Ramírez integró el equipo litigante junto a los fiscales Miguel Collado y Melvin Romero, de la Dirección General de Persecución, además de Aurelio Valdez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El Ministerio Público reiteró que el equipo de fiscales está completamente listo para continuar el proceso, y denunció que las maniobras dilatorias forman parte de un plan sostenido de los imputados para evitar que se conozca oportunamente un expediente que los señala de haber sustraído miles de millones de pesos del erario en perjuicio del Estado dominicano y de los contribuyentes.
El expediente acusatorio establece que el grupo malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos dentro de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez (2016-2020).
Además de Rodríguez y Jhonatan Loander Medina Reyes, el documento judicial involucra a Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias, así como a Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames, entre otros.
Los imputados enfrentan cargos por corrupción administrativa, soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, según la resolución de envío a juicio dictada el 29 de junio de 2023 por el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien presentó una síntesis detallada de la red de operaciones fraudulentas señaladas en la investigación.
En total, la acusación involucra a 41 personas físicas y 22 empresas supuestamente vinculadas a una red de corrupción que, de acuerdo con el Ministerio Público, operó de manera sistemática, estructurada y bajo el control de Jean Alain Rodríguez durante su gestión como procurador general.
El órgano persecutor insistió en que continuará denunciando todas las maniobras que atenten contra la agilidad del proceso y reiteró su compromiso con llevar este caso a su fase conclusiva para garantizar justicia en uno de los expedientes de corrupción más complejos y de mayor impacto en la historia reciente del país.
