¿Realmente es sobresaliente el desempeño del sector externo?
Ramón Núñez Ramírez
Por esa razón, el 9 de febrero de 2017, la Junta Monetaria, de la cual formaba parte en ese momento, aprobó un anteproyecto de ley para que las cooperativas abiertas de ahorro y crédito fueran reguladas por el Banco Central y supervisadas por la Superintendencia de Bancos. El anteproyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, pero nunca llegó al Congreso, y tampoco se ofrecieron explicaciones a la Junta Monetaria.
Desde entonces, la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visita el país anualmente conforme al artículo IV de su acuerdo constitutivo, ha reiterado la necesidad de regular estas entidades. En su informe más reciente fue enfática:
“La adopción de una nueva Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito reforzará la supervisión y mejorará el marco AML/CFT”.
Estas siglas se refieren al lavado de activos y al combate del financiamiento del terrorismo.
En 2017, el Congreso aprobó la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que incluyó a las cooperativas como “sujetos obligados”. Sin embargo, se agregó una coletilla: serían supervisadas por el Idecoop, una institución que carece de los recursos financieros, tecnológicos y humanos para cumplir con esa función.
El riesgo es alto. Las cooperativas abiertas que realizan intermediación financiera sin ajustarse a los lineamientos de Basilea I, II y III pueden ser utilizadas como vehículos para el lavado de activos provenientes del crimen organizado o la corrupción. Además, el tamaño de algunas cooperativas las convierte en potenciales fuentes de riesgo sistémico, ya que una eventual quiebra podría afectar a todo el sistema financiero.
Estas entidades también generan competencia desleal frente al sector financiero formal, pues no están sujetas al encaje legal, ni a la exigencia de patrimonio técnico que garantice un índice de solvencia, ni al cumplimiento de las regulaciones establecidas en leyes, reglamentos, instructivos o resoluciones de la Junta Monetaria.
Tampoco están obligadas a contar con unidades especializadas para gestionar los riesgos de crédito, mercado, liquidez, operación, ciberseguridad o lavado de activos, ni con la supervisión rigurosa que impone el modelo de supervisión basada en riesgos, hacia el cual ya avanza el sistema financiero nacional.
En este contexto, el anuncio del gobernador del Banco Central, durante el 78 aniversario de la institución, sobre la aprobación de un nuevo anteproyecto de ley que permitiría a la administración monetaria y financiera regular y supervisar a las cooperativas que realizan intermediación financiera abierta, representa un paso trascendental.
Este proyecto debe contar con el respaldo decidido del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, en defensa de la transparencia, la estabilidad financiera y la equidad regulatoria.
Hoy
