Dictan primera sentencia en RD que permite venta anticipada de bienes en caso de estafa electrónica y lavado
Santo Domingo, 15 de noviembre de 2025. – Una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana acogió la solicitud del Ministerio Público y autorizó la venta anticipada de bienes incautados en el proceso judicial contra la red desmantelada mediante la Operación Guepardo, que operaba bajo una fachada de desarrollo inmobiliario y es acusada de estafa electrónica y lavado de activos.
Esta decisión, considerada un precedente legal en el país, permitirá que los fondos obtenidos de la venta de los inmuebles sean resguardados en una cuenta estatal, con el fin de indemnizar a las víctimas una vez un tribunal dicte sentencia y ordene el decomiso definitivo.
La medida fue adoptada por la jueza Vicky Chalas, tras una petición de los fiscales Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la fiscal Mayerling Rondón, de La Romana.
Los bienes pertenecen a la empresa Novasco Real Estate SRL, señalada como el brazo financiero de la estructura criminal y representada por Loany Lismeiry Ortiz Nova, arrestada en Colombia; Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, quienes guardan prisión preventiva por 18 meses, junto a Rocío del Alba Rodríguez de Moya. Los imputados están recluidos en los centros de corrección de San Pedro de Macorís y Najayo Mujeres, respectivamente.
El Ministerio Público precisó que la venta anticipada de los bienes responde a la necesidad de evitar su deterioro, conforme lo establece el artículo 69 de la Ley 60-23 sobre Administración de Bienes Secuestrados y Abandonados.
La normativa, que rige las actuaciones del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide), permite esta medida cuando se busca preservar el valor de los activos comprometidos en procesos penales.
Entre los bienes autorizados para venta figuran inmuebles utilizados para simular proyectos como Romana Victoriana Residences, en los cuales se encontraban mezcladoras, varillas, cementos, maquinaria de construcción, equipos de oficina y aires acondicionados, todo dispuesto para aparentar actividad inmobiliaria activa y captar inversionistas.
Las investigaciones indican que esta red delictiva logró captar más de US$18.8 millones mediante la promoción fraudulenta de proyectos inmobiliarios, valiéndose del prestigio de la marca internacional RE/MAX para atraer víctimas en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Además de los principales imputados, en la fase más reciente de la investigación fueron arrestados Loana Paola Guerrero Milián, contable de la empresa; Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado; y las brokers Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto, a quienes también se les impuso prisión preventiva por un año. Los nuevos detenidos cumplen la medida en el Centro de Corrección de Higüey y en la cárcel pública de Mujeres de La Altagracia.
Loany Ortiz, sindicada como cabecilla junto a Giroux, continúa detenida en Bogotá, Colombia, a la espera de ser extraditada para enfrentar los cargos en territorio dominicano.
El Ministerio Público tipifica el caso como violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal, así como a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Además de los inmuebles, durante los allanamientos fueron incautados vehículos de alta gama, equipos electrónicos y documentos en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia.
