Amplio rechazo político al acuerdo entre Abinader y EE.UU. por uso de bases aéreas en territorio dominicano
Santo Domingo, 28 de noviembre de 2025 — La autorización otorgada por el presidente Luis Abinader al Departamento de Guerra de los Estados Unidos para utilizar la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con fines logísticos militares, ha desatado una ola de críticas por parte de dirigentes de varios partidos de oposición, quienes consideran que la medida viola la Constitución de la República y compromete gravemente la soberanía nacional.
La decisión, formalizada en un acuerdo firmado el pasado miércoles con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, fue calificada como inconstitucional, políticamente riesgosa y peligrosamente alineada con intereses militares foráneos.
Diversas figuras del ámbito político opositor han expresado su firme oposición al convenio, señalando no solo la falta de consulta al Congreso Nacional, sino también el potencial uso de territorio dominicano en conflictos regionales ajenos, especialmente en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y países sudamericanos como Venezuela y Colombia.
Guillermo Moreno: “Una violación a la Carta Magna”
Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, quien denunció que el acuerdo constituye una clara violación a la Constitución dominicana.
Según argumentó, la cesión del uso de instalaciones estratégicas a una potencia extranjera contradice los principios de soberanía nacional, neutralidad y solución pacífica de conflictos establecidos tanto en la legislación nacional como en tratados internacionales suscritos por el país.
“Aunque el Gobierno intenta presentar esta cooperación como una medida contra el narcotráfico, en realidad estamos facilitando la preparación de acciones militares contra naciones hermanas como Venezuela y Colombia”, manifestó Moreno.
El dirigente, que fue aliado político del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones pasadas, subrayó que América Latina y el Caribe deben permanecer como zonas de paz, y advirtió que el involucramiento de la República Dominicana en disputas geopolíticas entre potencias extranjeras compromete la neutralidad histórica del país.
Asimismo, recordó que la nación ha sido víctima de dos ocupaciones militares por parte de Estados Unidos —en 1916 y en 1965— lo que, a su juicio, obliga moral y políticamente a rechazar cualquier disposición que facilite nuevas formas de intervención o agresión a otros pueblos latinoamericanos.
Moreno llamó al Ejecutivo a revertir la autorización, e instó a la ciudadanía a mantenerse alerta. “Debemos actuar con dignidad, respetando nuestra historia y nuestra soberanía. El país no puede convertirse en una plataforma de confrontación militar ni en instrumento de intereses externos”, agregó.
El Frente Amplio denuncia una “claudicación” de la soberanía
En términos similares se expresó el Frente Amplio, organización política que también repudió el acuerdo con Estados Unidos, calificándolo como “una nueva claudicación del Gobierno ante intereses militares foráneos”.
La agrupación señaló que permitir el uso de dos espacios aéreos claves del país bajo el pretexto de combatir el narcotráfico constituye un grave precedente. Afirmaron que esta autorización viola principios esenciales del orden jurídico nacional y expone al país a ser utilizado como punto de apoyo en eventuales conflictos armados, especialmente en el contexto de las tensiones entre Washington y Caracas.
La organización recordó la sentencia TC/0315/15 del Tribunal Constitucional, en la que se establece que cualquier acuerdo que otorgue facilidades extraordinarias, inmunidades o presencia militar extranjera sin control ni supervisión dominicana clara, es inconstitucional.
Según dicha sentencia, permitir fuerzas militares extranjeras por tiempo indefinido o sin control jurisdiccional local constituye una amenaza directa a la independencia nacional.
La dirigente del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, subrayó que aunque el Gobierno intente justificar la medida como “limitada y temporal”, el impacto real va mucho más allá. “Cada vez que la República Dominicana cede territorio, instalaciones o espacio aéreo, está renunciando a una parte de su capacidad soberana. Y ese es un camino sin retorno”, expresó.
En un comunicado, la organización advirtió además que este tipo de decisiones coloca al país en una posición geopolítica extremadamente delicada. “La República Dominicana no puede ser usada como trampolín para operaciones militares, encubiertas o abiertas, contra ningún Estado de la región, especialmente uno con el que mantenemos vínculos históricos, comerciales y diplomáticos”, afirmaron.
Asimismo, recordaron que el principio de no intervención es un pilar de la política exterior dominicana, consagrado en el artículo 3 de la Constitución. Cabrera insistió en que el combate al narcotráfico no debe servir de excusa para ceder soberanía ni convertirse en instrumento de agresión.
“La historia demuestra que una vez que se abre la puerta a la injerencia militar extranjera, esa puerta rara vez se cierra del todo. La defensa de la soberanía no es un gesto vacío, sino una condición esencial para garantizar derechos, paz y autodeterminación”, sentenció.
El Frente Amplio exigió al presidente Abinader revocar de inmediato la autorización y propuso que cualquier tipo de acuerdo que implique presencia militar extranjera sea sometido al control constitucional, incluido el visto bueno del Senado, como lo establece el artículo 80 de la Carta Magna.
Rafael Méndez: “Una grave herida a la soberanía nacional”
Desde el partido Fuerza del Pueblo (FP), el exdiputado Rafael Méndez también criticó con firmeza el acuerdo, al considerar que convierte al país en una “cabeza de playa para operaciones militares extranjeras”.
“El presidente Abinader ha violado gravemente la soberanía nacional al ceder espacios estratégicos como la Base Aérea de San Isidro y el AILA, bajo la justificación de una cooperación antidrogas que, en el fondo, encubre una estrategia de confrontación de Washington contra gobiernos sudamericanos”, expresó Méndez.
A juicio del dirigente, permitir este tipo de acciones implica revivir prácticas históricas de sometimiento. “No solo cede el espacio a quienes ya mancillaron nuestra tierra en 1916 y 1965, sino que además lo agradece públicamente, como si la República Dominicana fuera propiedad del amo del Norte”, denunció.
Méndez enfatizó que esta medida constituye una afrenta directa a la memoria del expresidente Juan Bosch y de los héroes constitucionalistas de abril de 1965, así como a todos aquellos que han luchado por una nación soberana.
“La historia prueba que cada vez que el imperio ha utilizado nuestro territorio como base militar, el resultado ha sido sometimiento, sangre, dictadura o intervención”, advirtió el exlegislador, quien instó a los sectores sociales, democráticos y a la ciudadanía en general a repudiar lo que calificó como un “acto de sumisión”.
“La soberanía no se alquila, no se regala y no se entrega jamás”, concluyó Méndez, retomando un llamado a la defensa activa del interés nacional frente a cualquier injerencia extranjera.
