Tribunal emite sentencia íntegra en caso Alexis Medina; Ministerio Público anuncia apelación por penas y descargos
Santo Domingo, 28 nov. – El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la sentencia íntegra en el proceso judicial seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros acusados de conformar un entramado de corrupción administrativa en perjuicio del Estado dominicano.
La decisión, contenida en un documento de 10,841 páginas, fue entregada en formato digital a todas las partes, marcando el inicio de los plazos procesales correspondientes para la interposición de recursos.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Elizabeth Paredes Ramírez, confirmó que apelará el fallo por considerar insuficientes las condenas impuestas a los implicados y objetar los descargos dictados a favor de varios procesados.
La fiscal, adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó que la entrega de la sentencia mediante un dispositivo USB constituye un avance en la modernización del sistema de justicia, al agilizar los trámites judiciales y reducir el uso de papel.
Durante el acto de notificación, la jueza presidenta del tribunal, Claribel Nivar, explicó detalladamente el procedimiento de acceso al contenido digital, y el secretario del tribunal procedió a verificar y abrir el dispositivo en presencia de las partes.
Aunque se presentaron discusiones previas en torno a esta modalidad, las partes, incluido el Ministerio Público, estuvieron de acuerdo con el uso del formato digital.
En el aspecto penal, el tribunal declaró culpable a Juan Alexis Medina Sánchez de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, por lo que fue condenado a siete años de prisión.
También fueron condenados José Dolores Santana Carmona, a seis años de prisión, y a cinco años Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, Paola Mercedes y Víctor Matías Encarnación Montero.
Los condenados Medina Sánchez, Santana Carmona, Méndez Pineda, Mercedes y Alcántara Batista, junto con varias empresas vinculadas, deberán pagar una indemnización conjunta de quinientos millones de pesos al Estado dominicano.
Las empresas condenadas en calidad de coautoras o beneficiarias del esquema de corrupción son: Domedical Supply SRL, Fuel American Inc., General Supply Corporations SRL, General Medical Solution AM SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Suppliers Corporations SRL, Wattmax Dominicana SRL, WMI International SRL, Wonder Island Park SRL, Acorpor SRL, Ichor Oil SRL, Globus Electrical SRL, Contratas Solution Services CSS SRL, Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL, Proyectos Engineering & Construction PIC SRL, Reivasapt Investment SRL y Suhold Transporte y Logística SRL.
La sentencia establece que los condenados cumplirán sus penas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal. Además, deberán cubrir las costas penales del proceso.
En el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, el tribunal dictó una sentencia de cinco años con suspensión condicional de la pena, sujeta a reglas, entre ellas residir en el domicilio notificado y abstenerse de incurrir en nuevos delitos. Fue condenado también al pago de una multa de quinientos mil pesos y de las costas del proceso.
Fueron absueltos en el proceso Fernando Rosa, Carmen Magalys Medina, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez. Asimismo, fueron descargadas las empresas Cemeraf y Editorama, liberadas además del pago de las costas penales del juicio.
Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que Juan Alexis Medina Sánchez operaba un esquema de corrupción valiéndose de múltiples empresas para obtener contratos estatales en violación a la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Entre las instituciones afectadas por este esquema figuran el Ministerio de Salud Pública, mediante la compra irregular de medicamentos de alto costo y equipos hospitalarios; el Ministerio de Obras Públicas, en la adquisición de materiales asfálticos; la empresa distribuidora de electricidad EdeEste y la Policía Nacional, en esta última mediante contratos para el suministro de combustibles por un valor superior a los 220 millones de pesos, de los cuales se dejó de entregar un monto aproximado de 32 millones.
El tribunal estableció que la empresa Fuel American Inc., una de las proveedoras de la Policía Nacional, no cumplía con los requisitos básicos para participar en los procesos de compras del Estado.
Además, verificó la existencia de irregularidades en estaciones de combustibles internas de la institución, confirmando los hallazgos señalados por el Ministerio Público. En relación con estos contratos, el tribunal sostuvo en su sentencia que las anomalías detectadas “son asombrosas”.
La decisión también confirmó el pago de sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), otra de las entidades involucradas. En el fallo, las juezas rechazaron los alegatos de varias defensas que solicitaron la exclusión de pruebas, argumentando que el Ministerio Público recolectó las evidencias cumpliendo con el debido proceso legal.
Tras conocer la sentencia, el Ministerio Público reiteró su decisión de recurrir en apelación para solicitar condenas más severas y revisar los descargos que, a su juicio, no se corresponden con las pruebas presentadas. La institución considera que la magnitud del esquema de corrupción y el daño causado al Estado requieren una respuesta penal más contundente.
