El Narco y la Política: La Amenaza Silenciosa que Avanza
Por Ramón Ceballo
En un contexto regional marcado por el avance del crimen organizado, el incremento de la corrupción y el uso de dinero ilícito para influir en la vida pública, la República Dominicana enfrenta riesgos que ya no pueden ignorarse.
La infiltración criminal en los partidos políticos es hoy una de las amenazas más subestimadas de las democracias contemporáneas. No se trata de un peligro remoto; es un fenómeno en expansión, sofisticado y cada vez más difícil de contener.
Su presencia dejó de operar en la sombra. Se integra en estructuras formales, se reviste de liderazgo comunitario y aprovecha debilidades institucionales para asentarse. Si no se enfrenta con firmeza, puede erosionar los cimientos del sistema democrático y comprometer la integridad del proceso político.
Desde hace décadas observo este fenómeno en espacios internacionales, académicos y partidarios. En 2005, durante la XXII Convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), advertí sobre la necesidad de evaluar a quienes aspiraban a posiciones internas mediante expedientes claros y pruebas antidopaje.
Fue mi condición para respaldar la candidatura del doctor Virgilio Bello Rosa. Aquella advertencia no era paranoia, era prevención. Hoy, las señales de penetración son imposibles de ignorar.
En todos los foros donde se discute este tema, la conclusión es la misma; para el crimen organizado, influir en la política es más rentable que cualquier operación ilícita. Controlar un partido, financiar un candidato o capturar una alcaldía garantiza impunidad, acceso a recursos públicos y dominio territorial.
Los riesgos para la democracia son múltiples, pero cinco dimensiones resultan críticas:
1. Distorsión de la voluntad popular
Cuando las candidaturas se compran y los dirigentes vulnerables son cooptados, la democracia se convierte en un mercado. El mérito y la trayectoria quedan desplazados por el dinero ilícito.
2. Financiamiento ilegal y desigualdad electoral
El dinero narco aplasta la competencia legítima. Desbalancea campañas, elimina liderazgos auténticos y abre espacio a quienes buscan el poder para proteger intereses criminales.
3. Captura institucional
Municipios, aduanas, puertos y oficinas públicas se convierten en extensiones de redes criminales cuando estas logran infiltrarse. Allí donde el crimen captura poder, destruye la institucionalidad.
4. Desconfianza ciudadana
La percepción de que “todo está negociado” desalienta la participación, debilita la confianza en el voto y erosiona silenciosamente la democracia.
5. Conversión de la política en plataforma criminal
Cuando estructuras delictivas financian campañas, desplazan a líderes auténticos y transforman el servicio público en un mecanismo para lavar dinero o facilitar operaciones ilícitas.
La infiltración no ocurre por azar. Entra por grietas específicas del sistema político, y esas grietas deben cerrarse.
La primera batalla se libra en el financiamiento político. Mientras el dinero ilícito pueda entrar sin trazabilidad, cualquier reforma será insuficiente. El país necesita que cada contribución se registre en el sistema bancario, auditorías de ingresos y gastos antes y después de cada elección y la prohibición de aportes anónimos o en efectivo que faciliten operaciones opacas.
La transparencia debe dejar de ser un ideal y convertirse en norma.
A esto debe sumarse un régimen severo de sanciones, capaz de inhabilitar automáticamente a cualquier candidatura financiada con recursos ilícitos. La democracia no puede permitir que representantes de intereses criminales compitan por el poder. Impedir la entrada es más eficaz que castigar cuando el daño ya está hecho.
En segundo lugar, el país necesita una Ley de Integridad de Candidatos. Este marco debe exigir verificación rigurosa del patrimonio, antecedentes penales y fiscales y el historial financiero de todo aspirante. No puede ser un trámite burocrático: debe ser un proceso técnico, profundo y obligatorio.
La experiencia internacional demuestra que la infiltración comienza donde el Estado es más débil: municipios pequeños, zonas fronterizas y territorios empobrecidos. Allí, una evaluación especial de riesgo no es opcional: es esencial. Cuando un alcalde es financiado por redes criminales, la comunidad entera queda bajo un poder paralelo.
Los partidos no son meros espectadores. Aunque también son víctimas, representan la principal puerta de entrada para el crimen organizado. La falta de controles internos, auditorías patrimoniales y mecanismos de selección rigurosos facilita la penetración.
Es imprescindible que adopten:
Comités de evaluación de candidaturas.
Auditorías periódicas del patrimonio de dirigentes.
Canales de denuncia protegidos.
Sanciones inmediatas para quienes faciliten o encubran estas prácticas.
Sin estos controles, cualquier reforma externa será insuficiente.
El país necesita instituciones especializadas, como fiscalías electorales y fiscalías contra la infiltración criminal en política, con independencia presupuestaria y capacidad técnica para investigar financiamiento ilícito, vínculos societarios, patrimonios inexplicables y captura institucional.
La tecnología debe ser aliada estratégica. La digitalización de registros financieros y electorales permite generar alertas tempranas sobre donaciones sospechosas, triangulación de fondos o crecimiento patrimonial injustificado. Sin tecnología, se lucha a ciegas.
La sociedad también debe asumir un rol activo. Proteger denunciantes y periodistas, promover la educación cívica y fortalecer observatorios ciudadanos son pasos esenciales para construir instituciones inmunes a la opacidad. La oscuridad es el hábitat del crimen organizado; la transparencia, su peor enemigo.
Combatir la infiltración criminal no es un asunto policial ni un debate jurídico. Es una lucha por preservar el contrato social. La democracia se debilita cuando el crimen la financia, se corrompe cuando la captura y se derrumba cuando la sustituye.
La República Dominicana debe actuar ahora. La amenaza está aquí, avanza en silencio y no espera. Ignorarla podría convertirla en un daño irreversible.
