Reforma fiscal parece un hecho: empresarios se alinean con el Gobierno en que es necesaria
Por Manuel Jiménez
Santo Domingo, 4 de diciembre de 2025 — Las discusiones sobre una reforma fiscal en República Dominicana han ganado fuerza en los últimos días, con un claro alineamiento del sector empresarial hacia la propuesta de modernización tributaria que plantea el Gobierno.
Líderes del empresariado, tanto en el Norte como a nivel nacional, coinciden en que el país atraviesa un momento clave que exige reformas estructurales, y consideran inevitable llegar a un pacto fiscal amplio.
Empresariado del Cibao y nacional respaldan pacto fiscal
Durante la reciente celebración del 64.º aniversario de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), su presidente, Marcos Santana, planteó la necesidad de un “pacto fiscal integrado, moderno y responsable”.
Santana propuso ampliar la base tributaria sin afectar la productividad, promover la formalidad y asegurar que cada ciudadano contribuya conforme a su capacidad real. En su opinión, esta reforma debe garantizar un Estado financieramente sostenible sin sacrificar la competitividad privada ni el bienestar de los trabajadores.
Ese llamado de ACIS es visto como un reflejo del ánimo que prevalece entre los empresarios del Cibao y del país: conscientes de que la República Dominicana enfrenta una coyuntura económica compleja, consideran que ajustar el sistema tributario y ampliar la recaudación es una medida necesaria para preservar la estabilidad y generar las condiciones para crecimiento sostenible.
Simultáneamente, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), a través de sus dirigentes, ha reiterado la necesidad de que cualquier ajuste, como una indexación salarial o reforma tributaria, se discuta en el marco de un pacto fiscal amplio que involucre a todos los sectores. Para ellos, no se trata de imponer una carga adicional, sino de estructurar un sistema más justo y sostenible.
Declaraciones de Magín Díaz: reforma progresiva y sensata, con consenso
En los últimos días, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha reforzado la idea de que el país se encuentra en un “punto de inflexión” que exige reformas estructurales.
Durante un evento en Santiago —en el que se reunieron empresarios del Norte—, Díaz destacó que, si bien la República Dominicana mantiene estabilidad macroeconómica, reservas internacionales sólidas y un sistema financiero resiliente, es necesario corregir distorsiones para elevar la productividad y preparar al país para el futuro.
El ministro reconoció públicamente que el país necesita una reforma fiscal “progresiva y sensata”. Aclaró que hasta ahora no existe una fecha definida para presentarla, ya que esa decisión requiere consenso político, social y económico.
Mientras tanto, subrayó que el Gobierno prioriza el crecimiento económico y el aumento de la inversión pública: en ese sentido, informó que destinó RD$ 35,000 millones adicionales en inversión, elevando esa partida del 2.2 % al 2.7 % del PIB.
Díaz dijo que cualquier reforma debe combinar medidas de recaudación con la corrección de distorsiones, incluyendo la adecuación del umbral de exención del impuesto sobre la renta a la inflación (una indexación que no se realiza desde 2017), la revisión de exenciones cuestionables —como las de vehículos de lujo—, y el fortalecimiento de los mecanismos de control para combatir la evasión fiscal.
Asimismo, enfatizó que las reformas no deben castigar a los sectores vulnerables y que es “innegociable” mantener la estabilidad macroeconómica y social del país.
Convergencia de visiones: ¿hacia un anuncio en enero de 2026?
La convergencia entre el empresariado —representado por ACIS y CONEP— y el Gobierno, a través de Hacienda, refuerza la impresión de que la reforma fiscal ya no es solo una sugerencia, sino una propuesta en construcción.
Aunque el presidente Luis Abinader ha señalado recientemente que no hay un plan inmediato para presentar la reforma, la coincidencia de los sectores en la necesidad de avanzar ha levantado expectativas.
Fuentes del sector privado estiman que, si se mantiene este impulso de diálogo y consenso, podría esperarse una propuesta oficial en las primeras semanas de enero de 2026. En ese escenario, el pacto fiscal —que durante tanto tiempo se percibió como una mesa lejana— pasaría a convertirse en una realidad concreta, con implicaciones profundas para el modelo económico del país.
Para muchos empresarios, aprobar una reforma tributaria justa, moderna y consensuada será un paso decisivo para asegurar la estabilidad, atraer inversión y preparar al país para los desafíos de la próxima década.
