¿De verdad necesita el país una reforma fiscal?
Haivanjoe Ng Cortiñas
Inicio este artículo afirmando que una reforma fiscal sería una mala decisión en perspectiva y en retrospectiva, peor aún.
El debate sobre la necesidad de una reforma fiscal ha ocupado un lugar central en la discusión económica dominicana. Diversas voces insisten en que el país requiere, con urgencia, una transformación tributaria. Sin embargo, un examen cuidadoso de las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Hacienda y del análisis más reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela un panorama muy distinto al que algunos plantean.
Los datos no sustentan la narrativa de urgencia. Por el contrario, muestran que la República Dominicana mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, una senda fiscal sostenible y un nivel de deuda en trayectoria descendente, incluso sin aplicar una reforma tributaria.
Esta divergencia entre la retórica política y la evidencia empírica merece ser examinada con rigor, sobre todo porque las decisiones fiscales afectan de manera directa el bolsillo del ciudadano, la competitividad de las empresas y el clima económico general.
Un diagnóstico macroeconómico que no justifica nuevos impuestos
El informe del FMI describe a la economía dominicana como una de las más dinámicas de la región, con un crecimiento cercano al 5 %, inflación dentro del rango meta, estabilidad cambiaria y un entorno fiscal catalogado como “manejable”. Aunque reconoce riesgos externos, en ningún momento plantea que el país enfrenta una presión fiscal que obligue a aumentar impuestos de manera urgente.
Esto es relevante porque, desde la perspectiva de la teoría fiscal moderna, las reformas tributarias solo se justifican en situaciones de brecha fiscal estructural, es decir, cuando el Estado no puede cumplir sus funciones básicas ni estabilizar la economía sin modificar su marco tributario. Ese no es el caso dominicano. Las cifras no muestran una brecha; muestran espacio fiscal y estabilidad.
En otras palabras, la famosa “urgencia fiscal” no proviene de los datos, sino de una lectura incompleta del contexto.
Proyecciones oficiales: consolidación fiscal sin reforma
El Ministerio de Hacienda refuerza este diagnóstico. Sus proyecciones para el período 2025–2028 muestran: Ingresos del Gobierno Central constantes alrededor del 15.2 % del PIB. Gasto público descendiendo de 18.3 % a 17.3 % del PIB. Superávit primario en aumento, de 0.6 % a 1.5 % del PIB. Déficit fiscal global reduciéndose de –3.1 % a –2.1 % del PIB.
Cuando un país exhibe menos gasto relativo, mayor ahorro fiscal y déficit decreciente, la economía no está en tensión; está en consolidación. La teoría económica es clara: en este escenario, una reforma tributaria no es necesaria ni recomendable porque introduce fricciones en un sistema que ya se muestra ordenado.
Además, una reforma mal diseñada podría generar efectos contractivos, al reducir el ingreso disponible de los hogares y elevar los costos de operación de sectores productivos clave.
La deuda se está reduciendo, no aumentando
Uno de los argumentos que más se repite es que la deuda pública está “llegando a niveles preocupantes”. Sin embargo, las cifras oficiales cuentan otra historia.
La deuda pública del sector no financiero se sitúa hoy alrededor del 47.8 % del PIB, por debajo del nivel registrado hace cinco años, cuando rondaba el 50.11 % del PIB. Esta reducción ocurre sin reforma tributaria y está asociada al crecimiento del PIB, la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica.
En el plano internacional, economías con niveles de deuda cercanos o superiores al 60 % del PIB siguen siendo catalogadas como sostenibles. El indicador crítico no es el nivel absoluto de deuda, sino la relación entre el costo del endeudamiento y el crecimiento económico. Y en República Dominicana, el crecimiento nominal supera el costo promedio de la deuda, lo que reduce su peso relativo.
No existe, por tanto, un problema de deuda que obligue a subir impuestos. Presentarlo como tal es un uso impreciso, y en ocasiones alarmista, del análisis fiscal.
El verdadero espacio fiscal está en el gasto tributario
Uno de los elementos más ignorados en el debate público es el gasto tributario, es decir, las exenciones, exoneraciones y tratamientos especiales que reducen considerablemente la recaudación potencial del Estado.
Según Hacienda, este monto asciende a RD$ 393,591 millones, equivalente al 4.54 % del PIB. Esto significa que el Estado renuncia cada año a más ingresos de los que podría generar la mayoría de las reformas tributarias propuestas.
La pregunta que debemos formular es simple: ¿Todas esas exenciones generan beneficios sociales o económicos superiores a su costo fiscal?
La evidencia disponible sugiere que una parte significativa no lo hace. Por tanto, antes de hablar de aumentar impuestos, lo responsable es evaluar el retorno de cada exención, eliminar las distorsiones no justificadas, reducir los privilegios ineficientes y fortalecer la fiscalización para cerrar la brecha de evasión.
Un sistema tributario justo empieza por cobrar bien lo que ya está legislado, no por solicitar más sacrificios a quienes sí cumplen.
Presión tributaria: el problema no es cuánto recaudamos, sino cuánto dejamos de recaudar
La presión tributaria dominicana ronda el 15 % del PIB, una cifra por debajo del promedio regional. Pero este dato aislado puede llevar a interpretaciones erróneas.
La presión tributaria potencial supera el 19 % del PIB si se redujera la evasión, se racionalizará el gasto tributario y se aplicara la ley con mayor rigor. Es decir, el país no tiene una estructura impositiva débil; tiene una estructura de cumplimiento débil.
Pedir más impuestos en un sistema con alta evasión, dispersión normativa y privilegios fiscales históricos crea una doble injusticia: cae sobre quienes ya pagan y premia indirectamente a quienes eluden o evaden sus obligaciones.
Desde la economía del bienestar, esto es contraproducente: incrementa la carga sobre los hogares formales, reduce el consumo, encarece la inversión y perpetúa desigualdades. Una reforma tributaria sin una reforma del cumplimiento sería un golpe injustificado al contribuyente responsable.
La verdadera restricción es la gestión pública del gasto
Aunque el gasto público ha aumentado, este incremento no se traduce en bienes y servicios de mayor calidad. La razón principal es la caída del gasto de capital, que hoy apenas representa el 12 % del gasto total, uno de los niveles más bajos de la década.
Esto significa que gastamos más, pero invertimos menos. Un Estado que invierte poco pierde capacidad para generar desarrollo, reducir desigualdad y mejorar la calidad de vida.
La percepción ciudadana lo confirma: cerca del 70 % de los dominicanos expresa frustración por la falta de mejoras visibles en áreas esenciales como seguridad, salud, transporte y energía.
La teoría fiscal moderna plantea que la eficiencia del gasto es más determinante para el bienestar que el nivel de recaudación. Es decir, antes de pedir más ingresos, el Estado debe demostrar capacidad para gestionar mejor los recursos existentes.
Reforma fiscal no es sinónimo de reforma tributaria
En el debate local, se ha instalado la idea de que reforma fiscal equivale exclusivamente a subir impuestos. Esa interpretación es limitada. Una verdadera reforma fiscal incluye: reorganización del gasto, eliminación de ineficiencias, revisión del gasto tributario, fortalecimiento de la institucionalidad recaudadora, mayor inversión pública productiva y mejor calidad del gasto.
Ninguna de estas acciones requiere aumentar la carga tributaria.
No hay crisis fiscal; hay crisis de gestión
La conclusión es clara: la República Dominicana no necesita una reforma tributaria en el corto ni en el mediano plazo. Lo que necesita es un Estado más eficiente, transparente y responsable en el manejo del gasto y en la administración de sus obligaciones.
Subir impuestos sin resolver las fallas institucionales y operativas equivaldría a profundizar los desequilibrios, no a corregirlos.
La verdadera urgencia del país no es una reforma fiscal. La real urgencia es una reforma de la gestión pública que ponga en el centro de las políticas públicas al ciudadano.
Listín Diario
