Abinader ordena que SeNaSa se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado
Santo Domingo, 8 de diciembre de 2025. — El presidente de la República, Luis Abinader, calificó este domingo como “graves” las irregularidades detectadas en la administradora de riesgos de salud pública SeNaSa y ordenó que la institución se constituya como actor civil en el proceso judicial en curso, con el objetivo de recuperar la totalidad de los recursos sustraídos del patrimonio público.
La medida fue anunciada luego de que una investigación interna del Gobierno confirmara la existencia de indicios de corrupción.
Abinader recordó que, desde que inició su gestión, asumió un compromiso firme con la transparencia y la protección de los fondos estatales. Explicó que tan pronto recibió denuncias sobre anomalías en SeNaSa, dispuso una auditoría interna y, ante los resultados, remitió el expediente al Ministerio Público para que procediera conforme a la ley.
Subrayó que la decisión de constituir a SeNaSa como actor civil pretende asegurar que cada peso desviado sea devuelto al Estado, evidenciando que su administración no tolera impunidad ni corrupción.
En sus declaraciones, el mandatario envió un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que su gobierno mantendrá una postura inflexible de vigilancia, prevención y sanción. “No hay espacio para la corrupción ni para la impunidad”, afirmó.
La Operación Cobra: allanamientos y detenciones
La acusación formal se canaliza a través de la denominada Operación Cobra, una macroinvestigación lanzada por el Ministerio Público para investigar un presunto desfalco millonario en SeNaSa.
En su primera fase, agentes judiciales realizaron 12 allanamientos y detuvieron a ocho personas, entre ellas el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, señalado como el principal sospechoso de encabezar la supuesta red de corrupción.
Los imputados —junto a Hazim— son: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Todos se encuentran detenidos y a la espera de que se decida su medida de coerción.
Las acusaciones formuladas por el Ministerio Público incluyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Según la acusación, se trató de un esquema sistemático en el que participaron funcionarios de SeNaSa, prestadores de servicios de salud y suplidores externos, con el objetivo de desviar recursos públicos en perjuicio del Estado dominicano y de los más de 7.4 millones de afiliados de la ARS.
La operación está dirigida por un equipo especial del Ministerio Público, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Mirna Ortiz, titulares de las fiscalías encargadas de combatir la corrupción administrativa y la criminalidad organizada.
SeNaSa asegura continuidad del servicio, aunque esté en crisis
En medio de la conmoción generada por las denuncias y las detenciones, SeNaSa emitió un comunicado en el que garantiza la continuidad de sus servicios para sus afiliados, recalcando que la red actual de prestadores médicos —formada por miles de médicos independientes, clínicas, hospitales, laboratorios, farmacias y centros de atención primaria en todo el territorio nacional— permanece operativa.
La institución insistió en que ningún tratamiento o procedimiento en curso será interrumpido, y que se trabaja en la modernización de sus procesos internos, así como en la implementación de plataformas tecnológicas para agilizar autorizaciones y mejorar la experiencia del usuario.
Con esta respuesta, SeNaSa busca mantener la confianza de sus afiliados mientras continúa la fase de investigación judicial.
Reacciones y cuestionamientos de la defensa
La decisión del presidente Abinader de anticipar públicamente conclusiones sobre la investigación ha generado críticas entre abogados defensores de los imputados. Uno de ellos, Miguel Valerio —defensor del exdirector Santiago Hazim— reaccionó mediante su cuenta en redes sociales, argumentando que un jefe de Estado no debe interferir en procesos judicializados, ya que la Constitución garantiza la independencia de los poderes y el derecho al debido proceso.
Valerio sostuvo que las declaraciones del mandatario podrían interpretarse como presión indebida sobre el Ministerio Público y los tribunales, y recordó que la presunción de inocencia debe mantenerse hasta que haya una sentencia definitiva.
Este tipo de alegatos subraya el delicado equilibrio entre la urgencia de sancionar la corrupción y la necesidad de preservar los principios del Estado de derecho, particularmente cuando un caso de alto perfil está en curso.
El trasfondo: impacto en la salud pública y en la confianza ciudadana
El caso que ha sacudido a SeNaSa tiene implicaciones que trascienden lo judicial. Al tratarse de la aseguradora pública que brinda cobertura a millones de ciudadanos —muchos de ellos de sectores vulnerables—, el supuesto desfalco representa una agresión directa al derecho constitucional a la salud.
Así lo ha señalado la titular del Ministerio Público, quien advirtió que los recursos desviados afectaron a quienes más dependen del sistema.
La magnitud de las acusaciones y el número de implicados ponen en entredicho la gestión administrativa de SeNaSa en los últimos años, y destaca la urgencia de implementar mecanismos de control, auditoría y transparencia institucional que eviten que organismos sensibles a la salud pública sean objeto de prácticas corruptas.
Asimismo, la exigencia de que SeNaSa se constituya en actor civil representa un intento por restaurar lo perdido, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad real del Estado de recuperar fondos ya dilapidados, y sobre los mecanismos que se aplicarán para garantizar que los recursos regresen efectivamente al patrimonio público.
