Sobornos en Senasa: pagos millonarios y contratos para amigos y colaboradores de campaña del PRM
Por la Redacción
Santo Domingo, 9 Diciembre — Un nuevo giro sacude al escándalo Seguro Nacional de Salud (Senasa). En la solicitud de medida de coerción contra 10 imputados —dentro de la investigación conocida como Operación Cobra— el Ministerio Público (MP) identificó a José Pablo Ortiz Giráldez como la “mano derecha” de Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de Senasa.
De acuerdo con la acusación, Ortiz Giráldez cobraba sobornos a las empresas contratadas por la ARS pública y posteriormente transfería esos pagos a Hazim —su “amigo de treinta años” según la Fiscalía—.
Pero, aunque es señalado como pieza clave en la red de corrupción, Ortiz Giráldez no figura como imputado. ¿La razón? Está colaborando con las autoridades, aportando información clave para desenmarañar el esquema.
El mecanismo: sobornos, transferencias y facturas falsas
El expediente del caso detalla cómo, a mediados de octubre (sin especificar año), Ortiz Giráldez y otro implicado, Eduardo Read Estrella, sostuvieron una reunión en el Centro Comercial Sirena Multicentro Churchill. Allí, Ortiz Giráldez comunicó al empresario Read que, por órdenes de Hazim, su empresa —Khersum, S.R.L.— debía “realizar una contribución mensual equivalente al 35% de los pagos recibidos” como condición para mantener sus contratos con Senasa.
Desde su óptica, Read consideraba a Hazim “un profesional íntegro y de conducta intachable”, por lo que rechazó la propuesta.
Aun así, el sistema entró en acción: Senasa comenzó a retrasar los pagos a Khersum bajo “pretextos administrativos”. Finalmente, Read consiguió una reunión con Hazim, quien le indicó que debía negociar con “el Gordo” —en referencia a Ortiz Giráldez— confirmando así que los sobornos venían directamente de Hazim.
Tras ese acuerdo, Khersum empezó a pagar mensualmente un 30% de sus ingresos a las empresas de Ortiz Giráldez.
Entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, Read transfirió a compañías vinculadas a Ortiz Giráldez —como PDSS Servicios A Tu Salud, S.R.L., Comercializadora Netofa, S.R.L., Comercializadora Gabao N, S.R.L. y Comercializadora Harif, S.R.L.— la suma de RD$ 512,326,455.86.
Pero el desfalco no terminó ahí. Según la acusación, los contratos oficiales con prestadores como Khersum, y otras empresas asociadas como FARMACARD, S.R.L. y DELESTE, S.R.L., arrojaron un monto total de RD$ 1,621,337,217.15 en sobornos. De ese total, RD$ 1,166,401,310.63 correspondían a Khersum; RD$ 391,418,157.12 a Deleste; y RD$ 63,517,749.40 a Farmacard.
Cambio de estrategia: efectivo, facturas “de carpeta” y triangulación contable
Según el MP, cuando la pesquisa pública que derivó en el denominado Caso Calamar —una investigación previa en la que figura Ortiz Giráldez— saltó a los medios en marzo de 2023, la estructura fraudulenta adaptó su modus operandi.
Tras ese giro, Read notificó a Hazim su decisión de suspender los pagos a Ortiz Giráldez. La respuesta del exdirector fue tajante: “a los amigos no se abandonan”, y le ordenó continuar los pagos, aunque facturando a nombre de otras empresas no vinculadas a Ortiz Giráldez.
De ahí en adelante, los sobornos se entregaban en efectivo, en “funda plástica”, en la recepción del grupo empresarial de Read. Para justificar el origen del dinero, su abogado, Juan Carlos Miura Victoria, constituyó nuevas compañías de servicios de salud, con las cuales emitían facturas y comprobantes fiscales falsos.
De acuerdo con el MP, entre septiembre de 2022 y agosto de 2025, Read pagó sobornos por un total de RD$ 1,109,010,761.29.
Un entramado interno: comité paralelo, favores político‑empresariales y contratos sin controles
El expediente describe una estructura interna en Senasa que habría operado entre 2020 y 2025 para aprobar prestadores de salud a cambio de sobornos, violando los procesos normativos.
Según la acusación, Hazim —junto a otros funcionarios y prestadores— creó una asociación ilícita conformada por gerentes y colaboradores clave con el objetivo de manejar, sin controles, la contratación de prestadores sin la debida habilitación, infraestructura o documentación requerida.
Ese grupo informaba exclusivamente a Hazim. Dentro de la estructura figuraban nombres como Francisco Iván Minaya Pérez (como gerente de salud), Roberto Canaán (gerente de atención al usuario), Carmen José Velásquez (gerente de afiliación), y otros.
A través de ese “Comité de Contrataciones Médicas”, avalaban la habilitación de prestadores sin cumplir con los requisitos legales, en muchos casos presuntamente por conveniencia política o favores personales.
El MP describe que esa manipulación de procesos, autorización de servicios y pagos a prestadores generaron un sistema fraudulento permanente dentro de Senasa.
Alcance del desfalco: miles de millones y riesgo al sistema de salud pública
Según la imputación, las maniobras no solo implican sobornos y corrupción: también entendidos como falsificación documental, lavado de activos, estafa contra el Estado, desfalco y uso de facturas falsas.
El impacto económico es enorme: según el MP, las maniobras afectaron las reservas del seguro público por más de RD$ 15,900 millones hasta diciembre de 2024.
Además del perjuicio patrimonial, los fiscales advierten que este entramado compromete la sostenibilidad del sistema de salud pública y pone en riesgo los servicios de salud de miles de afiliados, muchos de ellos personas vulnerables que dependen de Senasa para recibir atención médica.
Arrestos, imputaciones y la ruta judicial
Durante el fin de semana, tras una serie de allanamientos ejecutados por más de 200 agentes y decenas de fiscales, 10 personas fueron arrestadas en el marco de Operación Cobra. Entre ellos, Hazim —como principal señalado— y otros funcionarios, exgerentes, prestadores y proveedores vinculados al esquema.
El MP solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados, así como que el proceso sea declarado complejo, debido a la magnitud del fraude, la cantidad de elementos por investigar y la necesidad de decomiso de los bienes y fondos supuestamente sustraídos.
Entre los cargos que pesan contra ellos figuran: asociación de malhechores, corrupción administrativa, coalición de funcionarios, cobro de sobornos, prevaricación, estafa contra el Estado, alteración de documentos, uso de facturas falsas y lavado de activos.
Un colaborador clave: sin imputación, pero bajo supervisión
El hecho de que Ortiz Giráldez no aparezca como imputado, a pesar de la acusación directa de ser el canal de sobornos de Hazim, indica que su colaboración con la Fiscalía es considerada estratégica. Esa decisión —frecuente en casos de gran envergadura— busca debilitar la red de corrupción desde adentro, con testimonios, documentación y rastreo de transacciones que permitan ampliar responsabilidades.
Sin embargo, su nombre seguirá asociado al escándalo. Su rol como intermediario revela la profundidad con la que, según el MP, se tejió la red corrupta: no se trataba de acciones aisladas, sino de un esquema estructurado que combinaba poder, impunidad, negocios privados y contratación pública.
¿Qué hay en juego?
Más allá del peso financiero —cuyo monto supera los mil millones de pesos en sobornos y más de 15 mil millones de pesos en perjuicios al patrimonio del Estado—, el caso Senasa expone un problema grave de gobernabilidad institucional.
El uso de empresas de “carpeta”, facturación fraudulenta, pago de sobornos, manipulación administrativa, falta de controles internos y un comité paralelo para aprobar contratos demuestra cómo una institución de salud pública fue convertida en un mecanismo de enriquecimiento ilícito.
Para muchos, el daño es doble: se atenta contra el erario, y se pone en riesgo el derecho fundamental a la salud de miles de ciudadanos. En un país donde los recursos públicos son limitados, y donde muchos dominicanos dependen de servicios estatales, este tipo de corrupción no solo desfalca, sino que genera desconfianza, inequidad y vulnerabilidad.
