ADP y sectores educativos rechazan fusión del Minerd y Mescyt por temor a recortes en inversión pública
Santo Domingo, 19 de diciembre de 2025. — La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) reiteró este jueves su enérgico rechazo al proyecto de ley que plantea la fusión del Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), advirtiendo que dicha iniciativa busca, en esencia, reducir la inversión pública en educación en todos sus niveles, con implicaciones negativas para la calidad del sistema educativo nacional.
El profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, sostuvo que la solución a los problemas estructurales de la educación dominicana no está en unir instituciones, sino en fortalecerlas mediante una mayor inversión y un gasto más eficiente. “Lo que necesita la educación dominicana es más presupuesto, más calidad en el gasto, más planificación, no la fusión de entidades que tienen funciones distintas y complementarias”, expresó.
Alianza gremial contra el proyecto
Hidalgo informó que el gremio magisterial ha sostenido encuentros con diversas organizaciones sociales, sindicales y educativas para coordinar un plan de lucha orientado a frenar la aprobación del proyecto gubernamental. Según explicó, la fusión no solo amenaza la institucionalidad educativa, sino también las conquistas sociales como la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación preuniversitaria.
Entre las entidades que se han sumado a la oposición están la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted), quienes también consideran que este proyecto representa una regresión en términos de políticas públicas educativas.
“El objetivo es frenar en las calles esta iniciativa. Vamos a realizar una gran reunión para definir un plan de lucha que detenga este intento de debilitar la educación pública”, expresó Hidalgo en un comunicado oficial de la ADP.
Falta de sustento técnico y legal
El gremio magisterial recordó que en enero de este año celebraron un encuentro nacional en defensa de la educación pública, con el respaldo de académicos y organismos especializados, concluyendo de forma unánime que la pretendida fusión carece de sustento técnico, legal y administrativo.
Hidalgo puntualizó que el proyecto no ha sido acompañado de estudios de factibilidad, análisis económicos, ni evidencia empírica que sustente su viabilidad, tal como lo establece la Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12, que exige racionalidad, eficiencia y economía en cualquier proceso de reestructuración institucional del Estado.
“Le hemos solicitado al presidente Luis Abinader que no someta este proyecto al Congreso y, en cambio, promueva un diálogo nacional con todos los sectores involucrados para fortalecer el sistema educativo sin necesidad de unificar ministerios”, añadió el presidente del gremio.
Impacto negativo en la gestión educativa
Según Hidalgo, la posible unificación de ambos ministerios provocaría una sobrecarga administrativa que dificultaría la implementación de políticas educativas diferenciadas para los niveles preuniversitario y universitario. Además, advirtió que la educación superior quedaría vulnerable dentro de un presupuesto general que no garantiza la equidad en la distribución de los recursos.
“El proyecto no plantea mecanismos para mejorar la calidad educativa ni garantiza una educación superior de alto nivel. Por el contrario, centraliza decisiones en una única estructura que ya de por sí enfrenta múltiples desafíos en la educación básica y media”, alertó.
Críticas del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa
Juan Valdez, presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, también se sumó a las críticas contra la fusión, calificándola como “una burla al pueblo dominicano” y un atentado contra el principio del 4% del PIB destinado a la educación básica y media.
Valdez aseguró que la propuesta fue elaborada bajo la influencia de sectores universitarios, sin consultar a representantes del nivel educativo básico, y sin presentar evaluaciones serias sobre la necesidad o los beneficios de una fusión.
“El proyecto viola los principios de racionalidad y eficiencia que establece la Ley 247-12. Para fusionar dos instituciones públicas se necesitan estudios rigurosos que aún no se han hecho públicos, a pesar de que se prometieron desde octubre de 2024”, declaró Valdez.
Uno de los aspectos más preocupantes, según Valdez, es la propuesta de modificar el artículo 197 de la Ley General de Educación 66-97, lo cual permitiría que el 4% del PIB sea repartido entre educación básica, media y superior, debilitando la inversión en las escuelas públicas, que aún enfrentan carencias fundamentales.
Sin respaldo normativo ni técnico
Valdez reiteró que ninguna legislación vigente —ni la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (01-12), ni el Pacto Nacional por la Educación, ni la Ley de Función Pública (41-08)— contempla la fusión del Minerd y el Mescyt como condición para elevar la calidad educativa. “No existe una base normativa ni científica que justifique esta integración. Es un intento de desfinanciar la educación escolar pública para beneficiar la educación superior privada”, advirtió.
A su juicio, la propuesta representa un intento de reorientar fondos públicos hacia universidades privadas, en detrimento de las necesidades de los centros educativos públicos, muchos de los cuales carecen de agua potable, mobiliario adecuado y recursos pedagógicos básicos.
Contenido del proyecto de ley
El pasado jueves 11 de diciembre, el Gobierno sometió al Congreso Nacional el proyecto de ley que propone la fusión de ambos ministerios, como parte del denominado “Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública”. La iniciativa plantea que el Ministerio de Educación asuma la rectoría del sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la superior, incluyendo la transferencia de competencias, funciones y recursos del Mescyt.
Además, contempla la creación de un Consejo Consultivo de Educación, encargado de asistir al Minerd en la formulación, evaluación y seguimiento de las políticas educativas. El plan también incluye la reorganización interna del Minerd, consolidando viceministerios y fortaleciendo áreas de gestión territorial, aseguramiento de la calidad y educación superior.
Transición y ejecución del plan
El proyecto también establece mecanismos de transición como la reubicación de personal, la adecuación del presupuesto, la actualización normativa y la transferencia de activos físicos y tecnológicos del Mescyt al Minerd. Aunque el documento asegura que se respetará la autonomía universitaria, sectores como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ya han manifestado su oposición a la propuesta, temiendo una pérdida de independencia y recursos.
A pesar de estas disposiciones, tanto la ADP como otros actores sociales sostienen que el enfoque del proyecto está mal orientado. “No se puede modernizar el sistema educativo eliminando instituciones que cumplen funciones especializadas. El problema no es la estructura, es la falta de visión, planificación y recursos”, concluyó Hidalgo.
