Proyecto de ley busca limitar participación de comerciantes de otros puntos del país en mercados fronterizos

Santo Domingo, 20 de diciembre. – La Cámara de Diputados de la República Dominicana se encuentra en fase avanzada de discusión de un proyecto de ley que busca restringir la participación de comerciantes que no residan en provincias fronterizas en los mercados binacionales que se celebran semanalmente en la línea divisoria con Haití.

La iniciativa, impulsada por el diputado Rafael Pérez Gómez, procura que los beneficios económicos derivados de esta actividad comercial favorezcan exclusivamente a las comunidades locales.

Actualmente, comerciantes de todo el país participan activamente en estos mercados fronterizos, aprovechando el dinamismo del intercambio comercial con Haití. Estos encuentros, que tienen lugar en puntos estratégicos como Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, reúnen a cientos de vendedores y compradores de ambas naciones, convirtiéndose en un motor económico vital para la región.

Sin embargo, el creciente número de comerciantes externos ha generado preocupaciones sobre la concentración de beneficios fuera de las provincias fronterizas y el desplazamiento de pequeños comerciantes locales.

En ese contexto, el proyecto de ley propone una reforma a la Ley 216-11, que regula los mercados en la zona limítrofe, estableciendo nuevos criterios para autorizar la participación comercial. La medida contempla que solo las personas físicas o jurídicas que demuestren residencia en la provincia donde deseen operar puedan instalar negocios o realizar ventas en estos espacios.

Según el texto del proyecto, la emisión de permisos estaría a cargo de las alcaldías correspondientes y de la Dirección General de Migración, con licencias anuales renovables. Además, se prohíbe expresamente la instalación de comerciantes provenientes de otras provincias que no cuenten con una autorización especial, la cual solo podría ser otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, bajo condiciones limitadas y reguladas.

Con el objetivo de garantizar un mayor control, el proyecto establece la creación de un registro detallado de comerciantes autorizados, que incluiría datos personales, dirección, tipo de comercio y cualquier otra información relevante.

Este registro estaría bajo la responsabilidad de los ayuntamientos, que además realizarían inspecciones periódicas con el apoyo de la Policía Municipal, el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Migración y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La DGII, por su parte, tendría la misión de implementar un sistema de verificación electrónica para identificar a los comerciantes acreditados, aplicar sanciones a quienes operen sin permiso y establecer un régimen fiscal diferenciado para las actividades comerciales en la frontera.

La propuesta legislativa también contempla un régimen sancionador. Los comerciantes que incumplan la norma se enfrentarían a multas de hasta tres salarios mínimos del sector público, además de la suspensión de sus operaciones por un período de hasta dos años.

Asimismo, los funcionarios municipales que otorguen licencias de manera irregular o permitan la operación de negocios sin los debidos permisos también serían pasibles de sanciones conforme a la Ley de Función Pública.

Para evitar afectaciones abruptas, el proyecto concede un plazo de noventa días a los comerciantes que ya operan en estos mercados sin cumplir los requisitos de residencia, a fin de que regularicen su estatus conforme a la nueva legislación.

A pesar del respaldo que ha recibido la propuesta, su aprobación en primera lectura fue detenida temporalmente en el pleno de la Cámara de Diputados, debido a que varios congresistas solicitaron más tiempo para analizar sus implicaciones. La iniciativa había sido previamente estudiada en su totalidad por la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos, que emitió un informe favorable.

La discusión del proyecto ha reabierto el debate sobre cómo equilibrar el desarrollo económico de la zona fronteriza con la apertura del mercado y la libre competencia, en un contexto donde miles de dominicanos de distintas partes del país dependen económicamente de su participación en los mercados binacionales.