Ministerio Público pedirá ratificación de condenas contra red de tráfico de migrantes desmantelada en la Operación Iguana
SANTO DOMINGO, 23 Diciembre. .— El Ministerio Público solicitará a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona que ratifiquen la sentencia que condenó a penas de 10 y 15 años de prisión a cinco integrantes de una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes agravado, desmantelada mediante la Operación Iguana.
El órgano acusador pedirá al tribunal de alzada rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensas y confirmar íntegramente la sentencia dictada el pasado año por el Tribunal Colegiado de Jimaní. Dicha decisión impuso 10 años de prisión a Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de la Dirección General de Migración (DGM) en Jimaní, y al inspector Johan Rosario Castillo; así como 15 años de prisión a Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán. Además, la sentencia ordena el pago de una multa equivalente a 150 salarios mínimos para cada condenado.
Las procuradoras de corte Yoanna Bejarán y Wendy González, titulares de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de la Procuraduría Regional de Barahona, respectivamente, explicaron que solicitarán la confirmación de la condena en todas sus partes.
Ambas reiteraron la necesidad de sancionar con firmeza delitos que afectan principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, en su mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes.
La audiencia fue aplazada este lunes por los jueces Joselin Moreta (presidente), Wanda Deñó y Santa Kenia Pérez Féliz, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, para el próximo lunes 29 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, debido a la ausencia de dos abogados de la defensa.
La PETT ejecutó la Operación Iguana en 2022, realizando nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, con lo que fue desarticulada la estructura criminal que utilizaba la frontera domínico-haitiana como centro de operaciones.
Durante las intervenciones, el Ministerio Público arrestó a los imputados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente RD$116,000 pesos y US$383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego calibre 9 milímetros.
La investigación penal inició en diciembre de 2021, con la participación de la PETT y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración (DGM). Las autoridades reunieron pruebas que vinculan a los acusados con el tráfico ilícito agravado de migrantes y con el secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, entre otros hechos.
El expediente establece que los procesados recurrían a amenazas y chantajes para exigir sobornos, privaban de libertad a las víctimas y las mantenían en cautiverio hasta recibir los pagos exigidos para su liberación, llegando incluso a amenazar para asegurar el cobro.
Por estos hechos, el grupo fue acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; el Código Penal dominicano; la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados; el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03); y la Ley 583 sobre Secuestro.
