Congreso aprueba ley para pagar obras sin contrato; oposición denuncia falta de transparencia y riesgo de corrupción

Santo Domingo, 12 de enero de 2026.– El Congreso Nacional aprobó este lunes, en una movida que generó intensas críticas por parte de la oposición, un controvertido proyecto de ley que autoriza al Gobierno a pagar deudas acumuladas con empresarios e ingenieros por la ejecución de obras públicas realizadas sin contratos formales.

La pieza legislativa, que fue sometida y aprobada con carácter de urgencia, establece que esta medida será aplicada “de manera excepcional y por única vez”.

El proyecto, iniciativa del senador Franklin Romero, tiene como propósito saldar compromisos pendientes con empresas y constructores que llevaron a cabo trabajos de infraestructura y mantenimiento para diversas entidades del Estado, sin contar con la debida formalización contractual.

Según lo establece el texto, muchas de estas obras se desarrollaron bajo la figura de «trabajos adicionales» no contemplados originalmente, o en el marco de intervenciones menores realizadas sin respaldo documental.

La medida fue aprobada de urgencia en la Cámara de Diputados y ya había pasado previamente por el Senado, lo que la convierte en ley a la espera de la promulgación o eventual observación por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el debate en la Cámara Baja estuvo marcado por un fuerte rechazo de los bloques opositores, quienes expresaron serias dudas sobre la legalidad, transparencia y motivaciones detrás de la propuesta.

Los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionaron con firmeza el procedimiento con el que se manejó el proyecto, advirtiendo que fue introducido y aprobado sin que los legisladores tuvieran tiempo suficiente para examinar su contenido en profundidad.

Además, criticaron que el documento carece de elementos clave como el monto total que se pretende pagar, las fechas de ejecución de las obras y detalles específicos de los trabajos realizados.

“El proyecto tiene una falencia muy importante: no especifica el monto de las obras ni la fecha de su ejecución. No podemos aprobar a ciegas una ley que abre las puertas a pagos millonarios sin claridad ni control”, expresó el diputado Rafael Castillo, vocero del bloque de la Fuerza del Pueblo.

En la misma línea, el diputado Carlos de Pérez, representante de La Romana, denunció la falta de tiempo para verificar las supuestas obras incluidas en la propuesta. “Aquí menciona obras en mi provincia, pero no pude comprobar nada porque no tuve acceso al documento completo durante la sesión. Esta es una aprobación acelerada y riesgosa”, afirmó, visiblemente molesto.

Aunque los diputados opositores dejaron claro que no se oponen a que se pague a contratistas que hayan prestado servicios reales al Estado, advirtieron sobre el riesgo de que esta ley sea utilizada para beneficiar a empresas con vínculos políticos o económicos con el Gobierno.

“No creemos justo que se aproveche esta dispensa para beneficiar a personas por razones de cercanía política. No sabemos quiénes son los beneficiarios, cuánto se les pagará ni qué obras realizaron”, señaló Castillo.

Según lo establecido en el artículo 3 del proyecto, será el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio de Economía, quien tendrá la responsabilidad de verificar y validar cada caso, determinando los montos finales a pagar. Esta verificación incluirá el cálculo de volúmenes y precios con base en las tarifas vigentes al momento en que se realizaron los trabajos.

El senador proponente, Franklin Romero, justificó la medida alegando que existe un cúmulo de obras ejecutadas desde 1990 hasta la fecha que no han sido liquidadas, y que los afectados han exigido una solución definitiva.

Romero aseguró que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) ha sido una voz activa en la demanda de este pago, y sostuvo reuniones previas con los principales bloques de la Cámara Baja para promover la aprobación del proyecto.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, confirmó que muchas de estas obras datan de gobiernos anteriores y que varias instituciones del Estado mantienen deudas con contratistas por intervenciones que no se formalizaron debidamente, pero que fueron ejecutadas y supervisadas.

Entre las instituciones gubernamentales implicadas se encuentran el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indri), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), la Junta Central Electoral (JCE), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (Cpadp), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi) y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), entre otras.

Ahora el Poder Ejecutivo deberá decidir si promulga la ley o la devuelve con observaciones. Conforme al artículo 101 de la Constitución de la República, el presidente tiene un plazo máximo de cinco días para tomar una decisión, dado que la ley fue aprobada con carácter de urgencia.

Mientras tanto, sectores sociales, políticos y gremiales se mantienen atentos a los posibles efectos de esta normativa, que podría abrir un precedente delicado sobre el manejo de los fondos públicos y la formalidad en las contrataciones estatales.