Santiago Hazim y otros implicados en caso SeNaSa buscan libertad mediante apelación ante la Suprema Corte de Justicia
Santo Domingo, 13 de enero. – La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada de un recurso de apelación que busca revocar la medida de coerción impuesta contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otros seis imputados por un presunto esquema de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado con más de 15,000 millones de pesos.
El recurso procura revertir la decisión del juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien impuso 18 meses de prisión preventiva y declaró el caso como complejo. La Corte deberá decidir en primer lugar si admite las apelaciones para, posteriormente, fijar una fecha para su conocimiento formal.
Los recursos fueron presentados de manera individual por varios abogados defensores, entre ellos Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito y Jaime Caonabo Terrero, quienes manifestaron su desacuerdo con la orden que envió a sus representados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y a la cárcel Najayo Mujeres.
El expediente, denominado “Operación Cobra” por el Ministerio Público, involucra a Santiago Hazim; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Paralelamente, la Corte también fue apoderada de otro recurso de apelación interpuesto por el abogado Miguel Surún Hernández, en contra de las medidas de coerción impuestas a Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read. Estos imputados cumplen arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica y garantía económica.
El Ministerio Público sostiene que el entramado de corrupción operó entre 2020 y 2025, y que los delitos cometidos incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos, y uso de documentos falsificados.
Las autoridades han subrayado que el proceso continúa abierto y que nuevas personas, tanto físicas como jurídicas, están bajo investigación. Se anticipan más arrestos y sometimientos conforme avancen las indagatorias.
