¡Muera la impunidad!
Rafael Alburquerque
Año nuevo, vida nueva. Comenzó 2026, y el «cartel del cambio» se activó para «blanquear» a los funcionarios responsables de la destrucción del sistema de protección social. El pasado 5 de enero del 2026 se puso en marcha la operación «borrón y cuenta nueva», para limpiar la imagen del mal gobierno y engañar nuevamente a la ciudadanía. «Blindan» a sus cómplices y les garantizan impunidad.
Ante la indignación causada por el histórico robo al Senasa, el «cartel del cambio» decidió proteger a los responsables de la malversación de los caudales públicos que abultaron los padrones de beneficiarios de Supérate, Bono Gas, Bono Luz, y entregaron sin racionalidad alguna, millones de tarjetas al portador con la «brisita navideña».
Desde la cúpula de la «organización» se dijo: «Comenzó una nueva etapa de la gestión gubernamental recurriendo a realizar cambios y rotaciones en la dirección de las instituciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida en la sociedad dominicana».
En los primeros días de 2026 se anunciaron cambios en instituciones que han sido denunciadas por la Fuerza del Pueblo por el manejo irregular y opaco del presupuesto de protección social.
La titular de Supérate fue premiada para ocupar el Ministerio de la Mujer. El «cartel del cambio» quiere que el pueblo olvide que ha sido señalada de «operar políticamente» para comprar la reelección del 2024 y la del 2028. Supérate recibió múltiples denuncias por clonaciones de las tarjetas de débito, por fraudes en la distribución de las ayudas sociales y el uso clientelista de los programas sociales.
El pueblo no olvida que en marzo de 2022 se descubrió una estafa de alrededor de RD$100 millones que afectó entre 30,000 y 40,000 beneficiarios. Se prometió justicia, y aún estamos esperando. El «cartel del cambio» no tiene códigos políticos ni éticos. La codicia los obnubila, el poder los enajena, el dinero es su pasión y la indolencia marca registrada.
En 2023 los malos manejos y los fraudes se mantuvieron. En marzo de ese año se detectó la clonación de 1,860 tarjetas en el municipio Santo Domingo Norte. En diciembre de 2024 se asignaron tarjetas a expresidentes de la República y la directora del programa, en lugar de renunciar, argumentó que los criterios se extendieron para incluir a desempleados y personas de bajos ingresos. Ahora la compensan por su turbio manejo del programa en favor de la reelección.
En 2019, los beneficiarios de Comer es Primero eran 825,275 hogares. No obstante, en 2021, 2022 y 2023 Aliméntate entregó transferencias a 1,327,309, 1,343,450 y 1,511,251 hogares, y en la actualidad las asigna a 1.5 millones de familias.
En el 2024 las estadísticas contabilizaron 92,769 familias en extrema pobreza y 628,786 en condición de pobreza moderada. Entre ambas acumularon 721,559 hogares. Las transferencias monetarias duplican el número de familias habilitadas para recibir el subsidio alimentario. No hay justificación para que el gobierno entregue transferencias a 1.5 millones de hogares.
Lo hemos denunciado de manera reiterada. Supérate es responsable de la destrucción del sistema de protección social. Le quitaron el nombre y el número de cédula a la tarjeta de débito, y privatizaron su emisión y distribución. Inhabilitaron al Siuben y defenestraron a la Adess. Generaron un «apagón estadístico» y dejaron de publicar la lista de beneficiarios de los programas sociales.
Abultaron los padrones de beneficiarios. Cada mes entregan miles de millones de pesos a familias que por su nivel de ingresos no deberían recibir beneficios sociales. Nadie sabe cómo se selecciona a los beneficiarios.
Cada fin de año entregan millones de tarjetas con la «brisita navideña» a legisladores, altos funcionarios y titulares de distintas oficinas públicas y municipales. Nadie sabe si las reparten y en su caso a quiénes se las entregan.
De acuerdo con los datos de la Adess, entre enero y abril de 2023 el gasto en subsidios sociales ascendió a RD$13,522.1, equivalente a US$243.7 millones, y 1,536,457 personas poseían una tarjeta -sin nombre y sin número de cédula-. Un gasto por beneficiario de US$158.0.
El mismo periodo del 2022 el gasto por beneficiario se incrementó en US$9.3, equivalente al 6.3%. Cuando se compara con el mismo periodo del 2019, el gasto por beneficiario aumentó en US$56.3, equivalente a un 53.3%. Finalizada la pandemia del COVID-19, el gasto por beneficiario se ha mantenido 55.3% por encima de los niveles previos. La compra de votos le sale muy cara al pueblo.
Se jactan de reducir la pobreza y los recursos destinados al gasto social aumentan cada año. Para el «cartel del cambio» el éxito de los programas sociales no se mide por la cantidad de personas que abandona la pobreza. Se evalúa por los votos conseguidos en 2024, y por las cuentas alegres que desde ahora hacen para 2028.
La impunidad es parte del ADN del «cartel del cambio». Prohibido olvidar. En 2028, el pueblo hablará. Fuera la impunidad… carajo.
El Caribe
