Haití ante un punto de inflexión: incertidumbre política, presión internacional y cuenta regresiva para la intervención contra las pandillas
Puerto Príncipe, Haití, 25 enero. — La ya frágil situación política y de seguridad en Haití se ha intensificado en los últimos días, en medio de un intento del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé antes del vencimiento de su mandato, fijado para el 7 de febrero próximo, y ante las fuertes advertencias de Estados Unidos sobre las consecuencias de tal movimiento.
Cinco de los siete miembros con derecho a voto del CPT firmaron una resolución interna exigiendo la destitución de Fils-Aimé, alegando fallas en su gestión y falta de resultados frente a la profunda crisis de seguridad y gobernabilidad que atraviesa el país caribeño.
Estos consejeros, identificados como Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Leslie Voltaire, Fritz Alphonse Jean y Edgard Leblanc, han presionado para que el documento sea promulgado oficialmente en la gaceta nacional, un paso que validaría su decisión.
Esta iniciativa ocurre en un momento crítico para Haití, cuyo Consejo Presidencial fue creado en abril de 2024 con la intención de guiar al país hacia elecciones democráticas tras años sin un gobierno electo, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 y continuas olas de violencia que han impedido procesos electorales efectivos.
Advertencia y presiones de EE. UU.
Estados Unidos ha emitido advertencias directas contra cualquier intento de alterar la composición del gobierno antes de la fecha límite del 7 de febrero, señalando que lo consideraría una acción que socava los esfuerzos por restaurar la seguridad y estabilidad esenciales en Haití.
El subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, expresó en redes sociales que las acciones que favorezcan a las bandas armadas o prolonguen una autoridad no respaldada por votación popular serían vistas como contrarias a los intereses haitianos y regionales, y anticipó respuestas por parte de Washington.
Por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio ha subrayado el papel crucial de Fils-Aimé para enfrentar la violencia de las pandillas y ha insistido en que el Consejo debe disolverse al término de su mandato. El funcionario afirmó que mantener un liderazgo efectivo y legítimo es esencial para combatir la inseguridad que atraviesa Haití.
Pandillas armadas y el despliegue internacional
En el frente de seguridad, la violencia de pandillas armadas continúa siendo una de las mayores amenazas para la población haitiana. Diversos grupos armados han expandido su control territorial, incluyendo áreas importantes de Puerto Príncipe y otras regiones de la zona central, complicando cualquier intento de restablecer la autoridad del Estado.
En respuesta a esta creciente inseguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 2025 el despliegue de una Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), concebida para operar bajo mandato internacional y con apoyo de policiales y militares de distintas naciones, con el objetivo de ayudar a las autoridades haitianas a recuperar el control de las calles y debilitar el poder de los grupos criminales. Esta fuerza debería llegar a un número de hasta 5,500 efectivos para mediados o finales de 2026, aunque su despliegue completo ha enfrentado retos de financiamiento y personal.
Este grupo sustituye a la anterior misión liderada por Kenia y respaldada por la ONU, la cual enfrentó dificultades operativas y déficit de recursos. La nueva GSF trabaja en coordinación con la Policía Nacional Haitiana y bajo un mandato más robusto, aunque expertos temen que sin un apoyo sostenido pueda repetir obstáculos similares a los de la misión anterior.
Impacto humanitario y expectativas de la comunidad internacional
El impacto de la violencia de bandas en Haití ha sido devastador. Según datos de monitoreo internacional, durante 2025 se registraron más de 8,100 muertes ligadas a la violencia en el país, un reflejo de la magnitud de la crisis de seguridad. Además, se calcula que más de 1.4 millones de personas han sido desplazadas internamente debido al conflicto continuo entre pandillas y enfrentamientos con fuerzas de seguridad o entre grupos rivales.
La situación ha generado preocupación en distintos sectores de la comunidad internacional, que ven la necesidad de una transición política legítima que permita convocar elecciones, actualmente programadas tentativamente para agosto de 2026, como paso fundamental para restablecer la gobernabilidad democrática en Haití.
Diversos actores, incluyendo la ONU, Estados Unidos, Canadá y organizaciones regionales, han enfatizado que la solución a la crisis pasa por un marco institucional estable y respaldado por el voto ciudadano, además de estrategias claras para debilitar el poder de las pandillas sin poner en riesgo a la población civil.
Perspectivas y riesgos
La presión para mantener al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé en funciones hasta que concluya el mandato del Consejo Presidencial se justifica, según voces internacionales, como una forma de evitar un vacío de poder que podría ser explotado por pandillas o facciones políticas. Sin embargo, la insistencia de ciertos consejeros en cambiar el liderazgo antes de tiempo refleja divisiones internas profundas que dificultan la gobernabilidad.
Analistas señalan que si el Consejo transicional no respeta el mandato institucional y avanza con cambios sin respaldo electoral ni claridad legal, podría agravar la inseguridad, el desplazamiento de más civiles y nuevas oleadas de violencia política, lo que complicaría aún más cualquier esfuerzo de pacificación o reconstrucción estatal.
La situación en Haití sigue siendo altamente volátil, con una necesidad urgente de una estrategia integrada que combine apoyo internacional, fortalecimiento institucional y soluciones políticas para poner fin a una crisis que lleva años afectando a la población y que continúa impactando profundamente la vida social, económica y política del país caribeño.
