Nueva normativa prohíbe a funcionarios públicos contratar con el Estado y fortalece la transparencia administrativa (Video)
Santo Domingo, 28 enero. – El presidente de la República, Luis Abinader, puso en vigencia la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas mediante el Decreto núm. 52-26, que aprueba su Reglamento de Aplicación General y establece las normas que regirán los procesos de compras y contrataciones del Estado.
Esta disposición establece nuevas directrices para la gestión de compras y contrataciones del Estado y marca el inicio de una etapa orientada a la consolidación de una administración pública más transparente, eficiente, ética y sujeta a una mayor vigilancia ciudadana.
Durante un acto celebrado en el Palacio Nacional, que contó con la presencia de ministros, directores generales, representantes del Ministerio Público y de los órganos de control del Estado, el presidente Abinader subrayó la relevancia de esta reforma en el marco del compromiso gubernamental de promover la integridad pública.
En su discurso, el mandatario afirmó que todas las instituciones sujetas a la Ley de Contrataciones deberán adoptar de manera obligatoria el nuevo marco normativo, lo cual implicará un rediseño de sus procesos internos para ajustarse a las exigencias del reglamento.
Uno de los componentes más significativos de esta normativa es la prohibición expresa para que los funcionarios públicos, sus familiares directos o personas vinculadas a ellos, puedan participar, de manera directa o indirecta, en procesos de contratación con el Estado.
Este dispositivo legal responde a la necesidad de eliminar los conflictos de interés en la administración pública, una práctica que durante décadas ha afectado la credibilidad de las instituciones estatales y ha generado importantes distorsiones en el uso de los recursos públicos.
El nuevo reglamento establece un modelo de contratación pública sustentado en los principios de planificación, trazabilidad, control y verificación. Cada etapa de los procesos de compras deberá estar documentada, contar con responsables identificables y ser susceptible de auditoría o revisión, tanto por los órganos de control como por la ciudadanía, a través de mecanismos de transparencia activa.
Según expresó el presidente Abinader, no se trata de un conjunto de medidas para obstaculizar la gestión, sino de un marco destinado a hacerla más eficiente, previsible y confiable.
Asimismo, el presidente destacó que esta transformación coloca a la República Dominicana en sintonía con las mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza, integridad institucional y lucha contra la corrupción. Indicó que la finalidad última del reglamento es construir un Estado capaz de operar con normas claras, estables y que no dependan de la voluntad o discrecionalidad de los funcionarios de turno.
La implementación de esta reforma contempla un plan de acompañamiento institucional, mediante el cual el Gobierno brindará asistencia técnica, formación especializada y orientación jurídica tanto a los servidores públicos como a los proveedores del Estado.
El objetivo es garantizar una transición adecuada, evitar interpretaciones erróneas del nuevo marco legal y fortalecer las capacidades operativas de las entidades públicas.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien tuvo a su cargo parte del desarrollo normativo, expresó que esta reforma se inscribe en una estrategia de largo plazo para transformar el sistema de compras del Estado en una herramienta para el desarrollo.
Pimentel valoró el respaldo decidido del presidente Abinader y afirmó que, bajo su gestión, la transparencia ha dejado de ser una promesa retórica para convertirse en una política pública con resultados mensurables.
Durante su intervención, Pimentel enfatizó que la nueva normativa no operará de forma aislada, sino acompañada por instituciones como la Procuraduría General de la República, la Unidad Antifraude y otros órganos fiscalizadores del Estado, con el fin de asegurar su aplicación efectiva y prevenir cualquier desviación de los principios establecidos.
Entre los aspectos técnicos del reglamento se encuentran la creación de registros públicos y digitalizados de contratistas y adjudicatarios, la inclusión de herramientas para evaluar riesgos de corrupción en los procesos, y la incorporación de criterios de sostenibilidad, equidad e integridad como parámetros obligatorios en las contrataciones.
Estas medidas apuntan a robustecer el sistema desde una perspectiva estructural, permitiendo que la legalidad, la eficiencia y el interés general sean los fundamentos esenciales de cada compra o contrato estatal.
El presidente Abinader concluyó su intervención reiterando su visión de un Estado donde las instituciones estén por encima de las personas, las reglas trasciendan a los cargos, y el interés público se mantenga como guía rectora de toda gestión gubernamental. En sus palabras, “estamos construyendo un país donde hacer negocios con el Estado implique responsabilidad, no privilegio”.
