Ministerio Público saluda mantenimiento en prisión de principales implicados en el caso SeNaSa
Santo Domingo, 5 Feb..– El Ministerio Público valoró como un espaldarazo a la solidez de su investigación la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ratificó la prisión preventiva contra los principales imputados de la denominada Operación Cobra, un entramado de corrupción que, según las autoridades, desvió más de 14 mil millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y mantuvo la medida de coerción de prisión preventiva contra Santiago Marcelo Francisco Hazim Albainy, señalado como cabecilla de la red que estafó al Estado con recursos destinados a los servicios sanitarios de más de siete millones de afiliados del SeNaSa.
Al concluir las audiencias, que se extendieron hasta la madrugada de este jueves, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, afirmó que la decisión judicial “reafirma la fortaleza de la investigación y la gravedad de los hechos imputados”.
“Desde el primer día hemos sido claros: la afectación al SeNaSa, un seguro que protege a más de siete millones de dominicanos, constituye una situación calamitosa y extremadamente grave. Con las evidencias aportadas, la prisión preventiva era la medida proporcional”, sostuvo Camacho, quien encabezó el equipo de fiscales actuantes.
El funcionario subrayó que la medida fue impuesta en primera instancia y ahora confirmada en apelación para todos los imputados que recurrieron la decisión. “Nos parece una resolución adecuada, no solo por la magnitud del delito, sino por el daño que debe ser resarcido a millones de dominicanos y dominicanas”, agregó.
Camacho calificó el fallo como un éxito del trabajo investigativo desarrollado por los fiscales bajo los lineamientos de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y aseguró que representa un estímulo para continuar profundizando el proceso. “Todo el que haya participado en este entramado tendrá que comparecer ante los tribunales”, advirtió.
En ese sentido, reiteró que la investigación permanece abierta y que el caso podría tener nuevas etapas. “Habrá tantas vueltas de la Operación Cobra como lo amerite el expediente. Estamos avanzando y, muy pronto, estaremos hablando de una versión 2.0”, adelantó.
La Corte desestimó los recursos interpuestos por Hazim Albainy y por los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera. En consecuencia, confirmó en todas sus partes la resolución que impuso prisión preventiva por 18 meses.
El pleno del tribunal, integrado por las magistradas y magistrados Isis Muñoz, presidenta, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, también rechazó la acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa de Hazim Albainy contra el artículo 377, numerales 2 y 3, del Código Procesal Penal.
Los jueces consideraron errónea la pretensión de supeditar la vigencia de la prisión preventiva al plazo de la investigación, al recordar que esta medida cautelar no solo busca preservar elementos probatorios, sino garantizar la presencia del imputado durante todas las etapas del proceso, incluida la fase intermedia y el juicio.
Asimismo, el tribunal precisó que, aunque la prisión preventiva es revisable por su naturaleza dinámica, ello no implica la anulación del límite legal máximo de 18 meses. En consecuencia, descartó la alegada desproporción y concluyó que la normativa aplicada no vulnera la Constitución.
La resolución ratificó, además, las medidas impuestas en diciembre pasado por el juez Rigoberto Sena Ferreras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dispuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país para los coacusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
