Ministerio Público pide 20 años de prisión para cabecillas del caso Coral y pena reducida para delator clave
Santo Domingo, 5 Feb.– El Ministerio Público presentó este jueves sus conclusiones formales en el juicio de fondo del denominado caso Coral, una de las investigaciones de corrupción administrativa más relevantes de los últimos años, solicitando penas máximas de hasta 20 años de prisión para los principales imputados y una condena especial reducida de cinco años para el delator del proceso, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Las conclusiones fueron expuestas ante el tribunal por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, quien detalló que el Ministerio Público probó la existencia de una estructura criminal organizada que operó durante años dentro de estamentos militares y policiales para desfalcar al Estado dominicano.
Durante su intervención, Ortiz solicitó que los imputados sean condenados por violaciones graves que incluyen transgresión a la Constitución de la República, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos provenientes tanto de fondos públicos como de otras actividades ilícitas vinculadas, según la acusación, incluso al narcotráfico.
En ese contexto, el órgano acusador pidió al tribunal imponer una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos al mayor general Adán Cáceres Silvestre, señalado como principal cabecilla del entramado; así como a Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola.
Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público solicitó el decomiso masivo de cientos de bienes muebles e inmuebles, entre ellos villas de lujo, apartamentos, solares, vehículos de alta gama, cuentas bancarias y otros activos financieros, los cuales —según la acusación— fueron adquiridos con recursos sustraídos ilícitamente del erario. Todos estos bienes, de acuerdo con la solicitud fiscal, deben pasar a favor y provecho del Estado dominicano como parte de la reparación del daño causado.
Un tratamiento diferenciado fue solicitado para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien fungió como uno de los integrantes de la red, pero posteriormente decidió colaborar con la justicia. La PEPCA destacó que su cooperación fue “determinante” para desmantelar la estructura, aportar pruebas documentales, explicar los mecanismos de corrupción y facilitar la recuperación de activos.
Por esa razón, el Ministerio Público pidió una pena reducida de cinco años de prisión y el pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos. Asimismo, solicitó que el tribunal tome en cuenta el tiempo que Girón Jiménez ha cumplido bajo arresto domiciliario, a los fines de que la pena sea considerada cumplida en su totalidad o, en su defecto, que el tiempo restante sea ejecutado bajo la modalidad de pena suspendida.
En caso de acoger esta última opción, la fiscalía propuso reglas específicas, entre ellas fijar residencia en un domicilio previamente autorizado por el tribunal, abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego y presentarse de manera periódica —mensual— ante el juez de ejecución de la pena.
El caso Coral, que ha tenido amplio seguimiento en la opinión pública y en las redes sociales, se ha convertido en un símbolo del discurso de persecución de la corrupción administrativa, al involucrar altos rangos militares y exfuncionarios ligados a la seguridad del Estado.
Con la presentación de estas conclusiones, el proceso entra en su fase decisiva, quedando ahora en manos del tribunal la emisión de la sentencia que marcará un precedente en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
