Defensa de Donald Guerrero busca desmantelar acusación del caso Calamar y cuestiona legalidad de informes clave
Santo Domingo, 5 Feb. – En la continuación de la audiencia preliminar del denominado caso Calamar, la defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero presentó este miércoles sus argumentos finales ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con el objetivo de desmontar la acusación del Ministerio Público sobre supuestas irregularidades millonarias relacionadas con expropiaciones de terrenos y pagos a contratistas del Estado.
El abogado Eduardo Núñez, quien encabeza la barra de la defensa, sostuvo ante la jueza Altagracia Ramírez que la imputación carece de fundamento legal y material, y que resulta “materialmente imposible” que Guerrero haya cometido los delitos que le atribuye el órgano acusador.
“Donald Guerrero es inocente, y los propios documentos oficiales del Estado acreditan que su gestión al frente del Ministerio de Hacienda fue transparente, ajustada a la ley y sometida a los controles institucionales correspondientes”, afirmó Núñez durante su exposición ante el tribunal.
Como parte central de su estrategia, la defensa solicitó la exclusión total de los informes elaborados por la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, así como de los 559 anexos que acompañan dichos documentos.
A juicio de Núñez, estos informes fueron producidos al margen de la ley, sin permitir la contradicción, la participación ni el derecho de defensa de las personas investigadas, en abierta violación del artículo 69 de la Constitución, que consagra el debido proceso.
El jurista sostuvo que los informes no responden a un ejercicio técnico, objetivo ni imparcial, sino que fueron confeccionados con el propósito deliberado de construir una narrativa que justificara acciones previamente decididas. “Se intentó dar apariencia de legalidad a hechos que no responden a la realidad, con el fin de venderle al país una historia que no es verdadera”, enfatizó.
Núñez explicó que entre los años 2021 y 2024 se realizaron supuestas auditorías sobre procesos de expropiación del Ministerio de Hacienda, atribuidas a una Unidad Antifraude que, según la defensa, no tenía existencia jurídica en ese momento.
De acuerdo con sus argumentos, dichas auditorías se llevaron a cabo sin notificación formal, sin permitir la participación de los funcionarios señalados y sin otorgar acceso a la información, vulnerando principios elementales del debido proceso administrativo.
La defensa calificó estas actuaciones como una construcción artificial, utilizada durante más de cuatro años para sustentar decisiones administrativas y judiciales, aun cuando se conocía que el órgano emisor de los informes carecía de base legal.
Núñez recordó que no fue sino hasta el 14 de julio de 2025 cuando el Poder Ejecutivo creó formalmente la Unidad Antifraude mediante el Decreto 382-25, es decir, varios años después de que se elaboraran los documentos que sirvieron de base al proceso penal.
Asimismo, el abogado alegó que el propio Decreto 382-25 es inconstitucional, al asignar mediante un decreto facultades que afectan derechos fundamentales, materia que —sostuvo— solo puede ser regulada por ley.
En cuanto al fondo de la acusación, la defensa indicó que el Ministerio Público sustenta su caso en dos tipos de pagos que ha intentado presentar como irregulares, cuando en realidad corresponden a obligaciones legales acumuladas del Estado dominicano, derivadas de procesos de expropiación y compromisos contractuales previos.
Con la presentación de estos argumentos finales, el Cuarto Juzgado de la Instrucción entra en la fase decisiva para determinar si el expediente del caso Calamar reúne los elementos necesarios para ser enviado a juicio de fondo o si, como sostiene la defensa, la acusación carece de sustento jurídico suficiente.
