Fijan para este miércoles medida de coerción contra administradores de Barra Payán por presunto fraude millonario
Santo Domingo, 10 Feb. La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la medida de coerción contra los administradores de la empresa Comercial Barra Payán, operadora de los negocios Barra Payán y Panadería Payán, acusados de un presunto fraude superior a los RD$39.7 millones en perjuicio de otros socios de la entidad.
La audiencia fue programada para las 9:00 de la mañana, luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazara una recusación interpuesta contra la magistrada por el abogado de uno de los querellantes, despejando así el camino para que el proceso continúe en esa jurisdicción.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Luz del Carmen Marte, coordinadora del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, solicitó al tribunal la imposición de medidas de coerción consistentes en una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica contra Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera.
De acuerdo con la acusación, la investigación se sustenta en una auditoría forense realizada por el perito Ramón Antonio Perelló Polanco, la cual reveló un esquema sistemático de irregularidades financieras. Según el informe, los administradores presuntamente no depositaban en las cuentas bancarias de la empresa la totalidad del dinero generado por las ventas diarias.
La auditoría detectó discrepancias significativas entre los cuadres manuales elaborados por las cajeras y los montos que finalmente eran depositados en las cuentas de la empresa, principalmente durante el período comprendido entre 2019 y 2022.
El monto total del presunto fraude asciende a RD$39,784,661.18, suma que habría afectado directamente a los socios Juan Santiago Frías Paulino, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Carlos Frías Beltrán, quienes figuran como querellantes en el proceso.
El Ministerio Público calificó los hechos como abuso de confianza, delito tipificado y sancionado en el artículo 408 del Código Penal Dominicano, y sostiene que existen elementos suficientes para sustentar la solicitud de medidas de coerción mientras avanza el proceso judicial.
