Línea 2C y el escrutinio inevitable
Por Miguel Liberato
El nuevo tramo del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, formalmente denominado Línea 2C, ha trascendido su condición de obra de movilidad urbana para convertirse en un tema de debate nacional.
Las discusiones no giran únicamente en torno a su impacto en la descongestión vial o en la reducción de tiempos de traslado, sino también alrededor de interrogantes sobre su calidad constructiva, su desempeño estructural y el nivel de transparencia técnica asociado al proyecto.
Existe una distinción esencial que a menudo se diluye en el fragor de la opinión pública, relacionada con la diferencia entre estética y seguridad estructural.
Las valoraciones sobre la apariencia visual del viaducto, el diseño de las estaciones o los acabados son legítimas y forman parte del derecho ciudadano a opinar sobre el paisaje urbano.
Sin embargo, tales juicios no equivalen, por sí solos, a una evaluación de la integridad técnica de la infraestructura, pues la ingeniería estructural se sustenta en cálculos, normas, ensayos y estudios especializados que no pueden inferirse únicamente a partir de percepciones visuales o preferencias de diseño.
La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) ha reiterado que el tramo cumple con los estándares requeridos y que en su ejecución han participado profesionales con experiencia en líneas previas del sistema y, de igual modo, el presidente Luis Abinader ha expresado públicamente su confianza en la Línea 2C, invitando a la ciudadanía a conocerla como muestra de la solidez técnica del proyecto.
Estas afirmaciones, provenientes de instancias directamente responsables, tienen un peso institucional innegable, pero el debate no se agota en las garantías oficiales.
Informaciones periodísticas han señalado la presencia de fenómenos como desprendimientos de concreto o corrosión visible en elementos del viaducto mientras la obra aún se encontraba en fase constructiva y algunos especialistas han mencionado procesos fisicoquímicos conocidos en la ingeniería del concreto. A ello se suma la percepción de desconfianza expresada por potenciales usuarios.
La voz del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), en su condición de asesor del Estado, podría contribuir decisivamente a despejar dudas o a validar criterios, pero el gremio argumenta que no ha tenido acceso a la documentación técnica necesaria que le permita emitir un juicio profesional independiente.
Esta situación no constituye prueba de fallas estructurales, pero sí revela una debilidad en la dinámica de transparencia y colaboración institucional.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a un enfrentamiento entre confianza política y escepticismo ciudadano, ya que, en materia de obras públicas de gran escala, la credibilidad se fortalece cuando las afirmaciones oficiales pueden ser contrastadas mediante evaluaciones técnicas externas.
La socialización de información relativa a estudios de suelo, controles de calidad, pruebas de laboratorio y supervisión de obra contribuiría a elevar el nivel del debate y a disipar percepciones de incertidumbre.
Es importante subrayar que el especialista que emita conclusiones definitivas sobre la seguridad estructural de la Línea 2C sin acceso a los datos técnicos sería tan imprudente como descalificar la obra basándose únicamente en impresiones estéticas.
La ingeniería exige rigor, evidencia y análisis especializado, mientras que la gestión pública moderna también exige apertura informativa, especialmente cuando se trata de infraestructuras destinadas a transportar diariamente a miles de ciudadanos.
La Línea 2C representa una inversión estratégica y una promesa de transformación en la movilidad del Gran Santo Domingo y su éxito no dependerá solo de su desempeño técnico, sino también del grado de confianza que inspire en la población.
