Pro-Competencia afirma no ha recibido denuncias formales sobre competencia desleal de marcas blancas en supermercados
Santo Domingo, 13 marzo. – La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que hasta el momento la institución no ha recibido denuncias formales relacionadas con presuntos casos de competencia desleal vinculados a las llamadas marcas blancas que comercializan algunos supermercados en el país.
No obstante, la funcionaria explicó que el organismo mantiene un monitoreo permanente de los diferentes mercados de bienes y servicios para evaluar cualquier situación que pudiera afectar las condiciones de competencia.
Vásquez aclaró que las marcas blancas se encuentran registradas y forman parte de una dinámica que puede generar efectos procompetitivos en el mercado. Sin embargo, advirtió que estos productos deben cumplir estrictamente con las regulaciones y normas establecidas tanto en el ámbito nacional como en los estándares de calidad correspondientes.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, de manera que puedan competir en igualdad de condiciones”, señaló.
La titular de Pro-Competencia explicó que la institución realizará un estudio para analizar las condiciones de competencia en el comercio minorista, con el objetivo de evaluar el comportamiento del mercado y el impacto de las marcas blancas en el país.
La investigación incluirá un perfil detallado de estos productos, abordando su dimensión, participación e influencia en el mercado dominicano. Asimismo, el estudio buscará identificar posibles necesidades de mejoras regulatorias o de políticas públicas que contribuyan a fortalecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras se desarrolla ese análisis, la dirección ejecutiva de Pro-Competencia continúa dando seguimiento a los distintos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia. Vásquez indicó que, aunque el tema genera preocupación en algunos sectores, hasta ahora no se ha presentado ninguna denuncia formal ante la entidad.
Sin embargo, informó que la institución trabaja en la elaboración de un informe de abogacía de la competencia que propondrá mejoras regulatorias destinadas a garantizar una competencia efectiva en el comercio minorista.
Durante su intervención, la funcionaria también destacó la presentación de un anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), iniciativa que busca modificar la actual Ley General de Defensa de la Competencia.
Según explicó, el objetivo de esta propuesta es fortalecer la seguridad jurídica y ofrecer mayor previsibilidad para la libre empresa y los actores económicos, de manera que todos puedan competir en igualdad de condiciones dentro del mercado.
Entre los aspectos más relevantes del proyecto figura la incorporación de un régimen general de control de concentraciones empresariales, una herramienta que actualmente no existe en el país y que, según organismos internacionales, representa una debilidad del sistema dominicano.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia y una autoridad de competencia, pero que no cuenta con la facultad de control previo de concentraciones”, señaló Vásquez.
El anteproyecto también plantea otorgar a Pro-Competencia mayores facultades para sancionar prácticas de competencia desleal que afecten el mercado, así como fortalecer las capacidades de la institución para aplicar medidas ejemplarizantes frente a estas conductas.
La iniciativa contempla además la creación de la figura del consejero instructor, con el propósito de garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva en los procedimientos administrativos.
Asimismo, propone incrementar las multas por infracciones, que dejarían de calcularse en salarios para pasar a establecerse sobre la base de los ingresos de las empresas infractoras, con el fin de reforzar la efectividad de las sanciones.
En el caso de los actos de competencia desleal con impacto en el interés público, el proyecto los clasifica como infracciones graves, con sanciones que podrían alcanzar hasta el cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, monto que podría duplicarse en caso de reincidencia.
De esta manera, se busca establecer una respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria frente a prácticas que afecten el funcionamiento competitivo del mercado.
La propuesta también promueve una mayor colaboración interinstitucional, estableciendo la obligatoriedad de que las entidades públicas suministren información requerida por la autoridad de competencia. En caso de omisión, retraso injustificado o negativa a entregar datos, se prevé un régimen de consecuencias que podría comprometer la responsabilidad patrimonial de los funcionarios involucrados, sin perjuicio de posibles responsabilidades disciplinarias, civiles o penales.
Según Vásquez, estas reformas representan un paso importante para fortalecer el sistema de competencia en la República Dominicana y contribuir a la construcción de mercados más abiertos, competitivos y atractivos para la inversión extranjera.
