Ministerio Público pide enviar a juicio a Hugo Beras y Jochi Gómez por presunta red de corrupción en el caso Camaleón
Santo Domingo, 16 marzo. – El Ministerio Público solicitó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar auto de apertura a juicio contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y otros implicados en el denominado caso Camaleón.
La petición fue presentada por la titular de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, durante la audiencia celebrada ante la jueza Yanibet Rivas.
Durante la lectura de la acusación formal, Ortiz solicitó al tribunal que el expediente sea enviado a juicio de fondo, al considerar que el Ministerio Público ha presentado pruebas suficientes que sustentan las imputaciones formuladas contra los acusados.
La representante del órgano persecutor sostuvo que los elementos probatorios reunidos durante la investigación fueron obtenidos conforme a la ley y poseen la solidez necesaria para que el caso avance a la siguiente etapa procesal.
Asimismo, solicitó al tribunal mantener las medidas de coerción impuestas a los imputados, con el propósito de garantizar su presencia durante el desarrollo del proceso judicial.
De igual manera, pidió que se imponga impedimento de salida del país a los imputados Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, conforme a las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal.
Durante su intervención ante el tribunal, Ortiz argumentó que existe un riesgo latente de fuga y que la situación jurídica de los acusados se ha agravado a partir de la solidez de la acusación presentada por el Ministerio Público.
En ese sentido, solicitó que el tribunal acoja todos los elementos de prueba incluidos en el escrito de acusación.
La fiscal sostuvo que las evidencias presentadas no solo cumplen con los requisitos legales, sino que también poseen la fuerza probatoria necesaria para sustentar posibles condenas en un eventual juicio de fondo.
En el expediente figuran como acusados el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, propietario de la empresa Aurix.
También están imputados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la institución; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; así como Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero.
En el proceso también están incluidos Carlos José Peguero Vargas y Henry Darío Féliz Casso.
Además de las personas físicas, el expediente incluye a varias empresas señaladas por el Ministerio Público como parte de la estructura investigada. Entre ellas figuran Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Según la investigación, las presuntas irregularidades se habrían ejecutado principalmente a través del Intrant y del Ministerio de Defensa mediante contratos y convenios que, según el Ministerio Público, fueron gestionados de manera irregular.
De acuerdo con la acusación, las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L. habrían recibido acceso privilegiado a recursos públicos, lo que habría sido utilizado para ejecutar operaciones vinculadas al lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que estas acciones vulneraron principios fundamentales de transparencia administrativa, seguridad tecnológica y legalidad en la gestión pública.
Según el expediente acusatorio, el eje central de la presunta estructura criminal sería el empresario José Ángel Gómez Canaán, quien, de acuerdo con los fiscales, mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con varias de las empresas involucradas en el caso.
La acusación establece que Gómez Canaán tendría relaciones directas con las compañías Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix.
El Ministerio Público sostiene que, bajo su dirección, estas entidades habrían conformado una red delictiva dedicada a la estafa contra el Estado, el lavado de activos y el sabotaje tecnológico.
Según la investigación, esta estructura habría logrado consolidar influencia sobre infraestructuras tecnológicas consideradas críticas y sobre recursos estratégicos vinculados al sistema de tránsito y otras áreas del Estado dominicano.
