Diputados aprueban sin estudio proyecto que elimina candidaturas independientes y reavivan debate constitucional
Santo Domingo, 19 de marzo de 2026. — La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó en primera lectura, y sin someter a estudio en comisión ni convocar vistas públicas, el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes del sistema electoral, una decisión que ha generado cuestionamientos por la forma acelerada en que se ha manejado la iniciativa.
La pieza legislativa, que ya había sido conocida previamente en el Senado de la República Dominicana, fue leída íntegramente en el hemiciclo antes de ser sometida a votación. Acto seguido, el presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, propuso su aprobación en primera discusión, con el compromiso de que sería analizada posteriormente antes de una segunda lectura.
La propuesta fue acogida por la mayoría de los legisladores, quienes acordaron volver a conocer el proyecto en el plazo de una semana, en medio de críticas de sectores que consideran que el procedimiento debió incluir un estudio técnico previo, consultas especializadas y la apertura de vistas públicas por el impacto que tendría en el sistema democrático.
El proyecto plantea la modificación de la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral mediante la eliminación de los artículos 156, 157 y 158, disposiciones que actualmente contemplan la figura de las candidaturas independientes. Con esta reforma, se busca suprimir la posibilidad de que ciudadanos aspiren a cargos electivos sin el respaldo de partidos políticos.
Durante el debate, Pacheco defendió la iniciativa argumentando que la participación electoral debe canalizarse a través de organizaciones políticas, conforme al modelo establecido en la Constitución.
Sostuvo, además, que permitir candidaturas independientes podría generar distorsiones no solo en el nivel presidencial, sino también en demarcaciones pequeñas, donde —según dijo— se abriría la puerta a postulaciones sin estructura ni control.
Sin embargo, la aprobación expedita del proyecto ha reavivado una controversia jurídica más amplia, vinculada a una decisión previa del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que ya se había pronunciado sobre aspectos relacionados con la participación política y el alcance del régimen electoral.
Aunque dicha sentencia no es reciente, su interpretación sigue siendo objeto de debate. Algunos juristas sostienen que el fallo abre espacio para formas más amplias de participación, mientras que otros entienden que reafirma el rol central de los partidos políticos, como establece el artículo 216 de la Constitución.
En ese contexto, la decisión de los diputados de avanzar con una reforma sin el debido proceso deliberativo ha sido vista por analistas como un intento de fijar posición legislativa frente a un tema que aún no ha sido completamente consensuado ni aclarado en la práctica constitucional.
De aprobarse en segunda lectura, el proyecto pasaría al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, en un escenario donde no solo está en juego una modificación legal, sino la definición de los límites de la democracia representativa en la República Dominicana.
El curso que tome esta iniciativa en los próximos días será determinante para establecer si el Congreso opta por profundizar el debate o consolidar, de manera acelerada, un cambio que impacta directamente las reglas del sistema electoral.
