Imponen medidas de coerción a dos hombres acusados de fraude contra entidad financiera
Santo Domingo— 24 de marzo de . – El juez del Distrito Nacional impuso medidas de coerción contra dos hombres señalados por el Ministerio Público de participar en un esquema fraudulento que afectó a una entidad financiera y a varios de sus clientes.
Las medidas fueron dictadas contra Maikol Rafael Ventura Pineda, exempleado de la institución afectada, y Carlos Manuel Guzmán. Ambos deberán cumplir con el pago de garantías económicas —de cinco y tres millones de pesos, respectivamente—, además de impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Sena, quien acogió la solicitud presentada por el órgano acusador, representado en audiencia por la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
De acuerdo con la investigación, los imputados habrían operado en conjunto para gestionar y aprobar préstamos de consumo de manera irregular, sin cumplir con los procesos de verificación establecidos por la entidad financiera ni con las disposiciones de debida diligencia contempladas en la Ley No. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Ministerio Público sostiene que Ventura Pineda, aprovechando su posición dentro de la institución, facilitaba la aprobación de múltiples créditos, mientras que Guzmán se encargaba de captar a las personas que figuraban como beneficiarias de los préstamos.
Como parte del esquema, los imputados cobraban a los clientes entre un 8 % y un 10 % del monto aprobado. Asimismo, en algunos casos, los préstamos eran gestionados en beneficio propio utilizando la identidad de terceros.
Según las autoridades, el monto total de los créditos tramitados bajo esta modalidad supera los 74 millones de pesos.
El expediente califica provisionalmente los hechos como asociación de malhechores, robo asalariado, delitos de alta tecnología —tipificados en la Ley No. 53-07— y lavado de activos, conforme a lo establecido en la legislación penal dominicana.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan abiertas, con el objetivo de determinar la posible participación de otras personas y detectar si existen más operaciones realizadas bajo el mismo esquema.
