Jueza decidirá el 29 de mayo si envía a juicio de fondo a implicados en el caso Calamar
Santo Domingo, 28 marzo.— La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, fijó para el próximo 29 de mayo a las 3:00 de la tarde la lectura de su decisión sobre si envía o no a juicio de fondo a los imputados en el denominado caso Calamar, uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años.
La magistrada adoptó la medida tras concluir la fase de audiencias en las que escuchó los argumentos del Ministerio Público, los representantes legales del Estado dominicano y los abogados de la defensa de los encartados.
Durante el proceso, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron al tribunal que dicte auto de apertura a juicio contra todos los imputados, a fin de que respondan en un tribunal de fondo por los hechos que se les atribuyen.
El órgano acusador sostiene que los implicados forman parte de una estructura que habría distraído más de RD$19 mil millones del Estado dominicano, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como el presunto uso de fondos en sobornos vinculados a la campaña política del año 2020.
En contraste, los abogados de la defensa pidieron al tribunal dictar auto de no ha lugar, alegando que el expediente carece de pruebas suficientes para sustentar una acusación que justifique el envío a juicio de fondo.
El caso tiene como principales imputados a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, además del excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño. También figuran el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados habrían incurrido en delitos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos, en lo que califican como un esquema de corrupción a gran escala.
El expediente, identificado como caso Calamar, se originó a partir de investigaciones que revelaron supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la pasada administración, particularmente en procesos de expropiación de terrenos.
La decisión que será emitida por la jueza Ramírez marcará un punto clave en el proceso judicial, al determinar si el caso avanza a la fase de juicio de fondo o si, por el contrario, se descarta la acusación contra los implicados.
