Juez rechaza aplazamientos en caso Jet Set y ordena continuar lectura de acusación
Santo Domingo, 6 abril. — El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, rechazó este lunes las solicitudes de aplazamiento presentadas por abogados de la Alcaldía del Distrito Nacional y del Ministerio de Obras Públicas durante la audiencia preliminar seguida contra los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado consideró improcedentes los pedimentos de las partes, que alegaban falta de preparación y desconocimiento de la acusación, y ordenó al Ministerio Público iniciar de inmediato la lectura formal de los cargos.
“Si no comenzamos a avanzar, llegamos a agosto, noviembre o diciembre y vamos a estar dando la misma vuelta”, expresó el juez durante la audiencia, al tiempo que recordó que había otorgado en al menos tres ocasiones previas la oportunidad para que las partes revisaran el expediente y prepararan su defensa.
“Ya le he dado tres veces la oportunidad para que busquen el expediente, busquen pruebas y se preparen. Ya no es justo”, agregó Mejía, quien advirtió que el tribunal debía continuar el proceso ante la falta de interés de algunos convocados. “El que no está aquí convocado es porque no tiene el interés necesario. El tribunal va a rechazar los pedimentos y ordena al Ministerio Público leer su acusación”, indicó.
El fiscal Enmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, respaldó la decisión del tribunal y criticó los constantes incidentes que, a su juicio, buscan dilatar el proceso.
“El Ministerio Público está listo para presentar la acusación. Cualquier necesidad adicional de preparación puede resolverse con aplazamientos breves luego de la lectura, pero no antes”, sostuvo Ramírez.
El representante del órgano acusador también advirtió sobre el impacto de los retrasos en las víctimas. “En todos los lados de este Palacio de Justicia hay víctimas esperando. No podemos permitir que se les diga, una vez más, que la audiencia se aplazó”, afirmó.
Respecto a las partes que no comparecieron a la audiencia, el fiscal sugirió que se declare su rebeldía o se proceda al desglose del expediente, a fin de no entorpecer el proceso para quienes sí están presentes.
La audiencia se produce a pocos días de cumplirse el primer aniversario de la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025, cuando el colapso del techo de la discoteca Jet Set dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
En este contexto, el Ministerio Público solicitó al tribunal dictar auto de apertura a juicio contra los hermanos Espaillat, a quienes atribuye responsabilidad penal en el hecho.
Los fiscales Enmanuel Ramírez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, de la Dirección de Persecución, plantearon que los imputados deben responder en un juicio de fondo por los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.
La acusación, contenida en un expediente de 156 páginas, detalla que los imputados habrían agravado el riesgo estructural del establecimiento al sobrecargar el techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar los estudios técnicos de resistencia correspondientes.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que los propietarios ignoraron advertencias internas sobre el deterioro de la infraestructura, priorizando el ahorro de recursos por encima de la seguridad de los usuarios.
Como parte de sus conclusiones, el órgano acusador solicitó mantener las medidas de coerción impuestas contra los imputados, amparadas en la resolución 670-2025-SMDC-01177, al considerar que son necesarias para evitar que los procesados evadan el proceso judicial.
De igual forma, requirió la continuidad de las medidas cautelares reales sobre el patrimonio de los acusados, que incluyen la inmovilización de productos bancarios y financieros, así como la oposición al traspaso de bienes inmuebles y vehículos de motor.
Según explicó el fiscal Ramírez, estas disposiciones buscan garantizar la disponibilidad de activos para el resarcimiento económico de las víctimas, querellantes y actores civiles en caso de una eventual sentencia condenatoria.
El pedido del Ministerio Público se produjo luego de concluir la lectura del resumen de la acusación, en una audiencia marcada por los intentos de aplazamiento que finalmente fueron rechazados por el tribunal.
