Ministerio Público acusa a presunta red criminal por lavado de activos y estafa electrónica en Operación Guepardo
Santo Domingo, 7 abril.— El Ministerio Público presentó formal acusación penal contra los integrantes de una presunta estructura criminal dedicada al lavado de activos y la estafa electrónica, que dejó al menos 426 víctimas directas, según el expediente instrumentado tras la denominada Operación Guepardo.
La acusación fue depositada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de La Romana. Entre los imputados figuran Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.
Asimismo, el órgano persecutor incluyó en el proceso a las entidades Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, señaladas como vehículos utilizados para canalizar fondos obtenidos de manera ilícita.
La Operación Guepardo fue desplegada en febrero de 2025 en conjunto con el Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Dilaft) de la Policía Nacional. Las pesquisas estuvieron dirigidas por los fiscales Claudio Cordero, en representación de la Procuraduría Antilavado, y Mayerling Rondón, por la Fiscalía de La Romana.
De acuerdo con el Ministerio Público, el expediente cuenta con más de 1,660 elementos de prueba, entre los que se incluyen evidencias documentales, materiales, periciales, audiovisuales e ilustrativas. Estas pruebas detallan el funcionamiento interno de la red, el flujo del dinero ilícito y el rol desempeñado por cada uno de los imputados.
Las autoridades destacaron que este proceso constituye un paso decisivo en la lucha contra estructuras delictivas que operan mediante esquemas fraudulentos, especialmente en el sector inmobiliario, afectando tanto la economía como la confianza ciudadana.
“El depósito de esta acusación reafirma el compromiso del Ministerio Público de perseguir y llevar hasta las últimas consecuencias a quienes incurran en este tipo de delitos”, señalaron la procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez.
El caso se encuentra actualmente a la espera de que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana sea apoderado para fijar la audiencia preliminar, en la que se determinará si procede la apertura a juicio.
Mientras tanto, el Ministerio Público informó que las investigaciones continúan abiertas, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados y garantizar una respuesta integral que permita la reparación de las víctimas afectadas por el esquema fraudulento.
