Tribunal ratifica prisión preventiva en caso de Santiago Hazim y Ministerio Público insiste en resarcimiento al Estado
SANTO DOMINGO, 30 abril. – Un tribunal del Distrito Nacional ratificó la medida de prisión preventiva impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, y a otros seis imputados vinculados a la presunta red de corrupción desmantelada mediante la denominada Operación Cobra.
La decisión reafirma la postura sostenida por el Ministerio Público desde el inicio del proceso judicial, en el sentido de que la gravedad de los hechos amerita la privación de libertad como medida cautelar.
De acuerdo con declaraciones ofrecidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el daño ocasionado al Estado dominicano a través del presunto desfalco de miles de millones de pesos al SeNaSa debe ser resarcido.
“El daño provocado por los procesados debe ser resarcido”, expresó el funcionario al referirse a la magnitud del caso, reiterando lo consignado en la nota oficial del Ministerio Público.
La decisión judicial también alcanza a los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes permanecen bajo la misma medida de coerción dictada inicialmente en diciembre de 2025.
Según explicó Camacho, el tribunal acogió los argumentos del órgano acusador, destacando que múltiples instancias judiciales han coincidido en la pertinencia de la prisión preventiva.
“Este es el quinto juez que entiende que lo correcto, lo idóneo y lo proporcional para cada uno de estos imputados es que se mantengan en prisión preventiva”, afirmó, citando la posición institucional del Ministerio Público.
Investigación en curso y estructuras múltiples
El Ministerio Público sostiene que la investigación ha revelado la existencia de varias estructuras que operaron de manera paralela para defraudar al Seguro Nacional de Salud. En palabras de Camacho, citadas en la nota oficial, el sistema de salud estatal fue “atacado por varios frentes y fue estafado por varias estructuras”.
En ese contexto, el funcionario indicó que uno de los procesos pendientes corresponde al imputado Ángel Luis Guzmán, a quien se le conocería medida de coerción en una audiencia separada. Esta persona, según explicó, estaría vinculada a otra de las líneas investigativas dentro de la misma operación.
Asimismo, el procurador adjunto adelantó que existe al menos una tercera estructura bajo investigación, aunque evitó ofrecer detalles adicionales para no comprometer el curso del proceso. “No descartamos que haya una tercera versión”, señaló, dejando entrever la posibilidad de que el caso continúe ampliándose en términos judiciales.
Argumentos del Ministerio Público
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó formalmente la ratificación de la prisión preventiva impuesta previamente. La solicitud fue sustentada en la gravedad de los cargos, el volumen de recursos presuntamente sustraídos y el impacto directo sobre el sistema de salud pública.
Camacho subrayó que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa con mayor impacto tangible en la República Dominicana. “Pocos casos de corrupción administrativa tienen un daño tan palpable como este, que golpeó en el corazón de la salud del pueblo dominicano”, afirmó, conforme a lo establecido en la comunicación oficial.
El órgano acusador también indicó que los argumentos presentados por la defensa, particularmente los relacionados con condiciones de salud de algunos imputados, han sido evaluados en distintas instancias judiciales y rechazados de manera reiterada.
Medidas previas y calendario judicial
La prisión preventiva de 18 meses fue impuesta inicialmente el 14 de diciembre de 2025 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Desde entonces, la medida ha sido revisada y confirmada en varias ocasiones por tribunales superiores.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado del Distrito Nacional, fue el encargado de emitir la más reciente decisión, fijando además la próxima revisión obligatoria de la medida para el 30 de julio de 2026.
El equipo del Ministerio Público que participa en el proceso está encabezado por Wilson Camacho e integrado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Emmanuel Ramírez, Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña y Yudelka Holguín.
Otros imputados y medidas alternativas
El proceso judicial también incluye a otros implicados que enfrentan medidas de coerción distintas. Se trata de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen arresto domiciliario, además de estar sujetos a garantías económicas e impedimento de salida del país.
Estas medidas fueron impuestas en el mismo período de diciembre de 2025, en función de la valoración individual de cada caso por parte del tribunal competente.
Naturaleza de los cargos
El Ministerio Público imputa al grupo una serie de delitos graves vinculados a corrupción administrativa. Entre los cargos figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, las investigaciones han permitido recopilar evidencias que apuntan a la existencia de un esquema sistemático de corrupción. Este habría incluido el pago de sobornos a gran escala, la manipulación de estados financieros y la implementación de programas sin sustento legal, utilizados como mecanismos para desviar fondos públicos.
Impacto en el sistema de salud
El caso ha sido presentado por las autoridades como un golpe significativo al sistema de salud pública, en particular al Seguro Nacional de Salud, entidad encargada de administrar servicios para millones de ciudadanos.
Según el Ministerio Público, las acciones de los imputados afectaron directamente a los afiliados del SeNaSa, al comprometer recursos destinados a la cobertura de servicios médicos. La institución sostiene que el entramado operó en coordinación entre funcionarios públicos y actores del sector salud, configurando una estructura de carácter criminal.
En la nota oficial, el órgano acusador describe el esquema como “un sistema de corrupción instalado por el Director Ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano”.
