Caso GoldQuest expone el reto de República Dominicana para manejar conflictos complejos sin perder la confianza pública
Santo Domingo, 11 mayo. – El debate generado en torno al proyecto minero de GoldQuest en la provincia San Juan ha trascendido la discusión tradicional sobre minería y medio ambiente, convirtiéndose en un reflejo de uno de los mayores desafíos institucionales que enfrenta actualmente República Dominicana: la capacidad del Estado y de la sociedad para gestionar conflictos públicos complejos sin profundizar la polarización ni deteriorar la confianza ciudadana.
Así lo planteó Nelson Espinal Báez, asociado del MIT–Harvard Public Disputes Program de Harvard Law School, quien sostuvo que el caso representa mucho más que una controversia minera y evidencia las debilidades estructurales del país para abordar disputas donde convergen intereses económicos, sociales, ambientales, políticos y territoriales.
Según explicó, uno de los principales errores en el análisis del conflicto ha sido reducirlo únicamente a una confrontación entre minería y protección ambiental, cuando en realidad intervienen factores mucho más amplios y sensibles.
A su juicio, en el caso convergen simultáneamente temas relacionados con el acceso al agua, la defensa del territorio, la legitimidad institucional, la confianza social, la identidad regional, las expectativas económicas, la percepción de riesgo y el modelo de desarrollo que el país desea construir.
Indicó que cuando todos esos elementos chocan al mismo tiempo, el conflicto deja de ser únicamente técnico y entra en una dimensión mucho más compleja, donde las decisiones no pueden sostenerse únicamente en estudios científicos o disposiciones administrativas.
Espinal Báez explicó que precisamente ese tipo de escenarios ha sido estudiado durante décadas por el MIT–Harvard Public Disputes Program, el cual ha trabajado en conflictos públicos internacionales vinculados a minería, energía, agua, infraestructura y desarrollo territorial.
La legitimidad del proceso, el verdadero centro del conflicto
El especialista sostuvo que el debate central no debe limitarse a determinar si el proyecto minero es viable desde el punto de vista técnico o financiero, sino a establecer si el proceso mediante el cual se tomará cualquier decisión es percibido como legítimo por las comunidades involucradas.
Señaló que en conflictos públicos de alta complejidad las soluciones no se construyen únicamente mediante permisos, informes técnicos o declaraciones oficiales, sino a través de procesos capaces de generar confianza y legitimidad social.
Advirtió además que muchas comunidades reaccionan no solamente frente al proyecto actual, sino también a experiencias históricas acumuladas de exclusión, incumplimientos o desconfianza hacia las instituciones públicas y actores económicos.
En ese sentido, manifestó que en numerosos conflictos contemporáneos las poblaciones sienten que las decisiones ya están tomadas antes de iniciar cualquier consulta, que sus opiniones son escuchadas demasiado tarde y que los riesgos recaen sobre las comunidades mientras otros sectores obtienen los beneficios económicos.
Explicó que cuando esa percepción se instala, la confianza pública se deteriora rápidamente y la llamada “licencia social” se vuelve extremadamente frágil.
“La licencia social no se decreta”
Para Espinal Báez, uno de los conceptos más malinterpretados dentro de este tipo de debates es precisamente el de licencia social.
Afirmó que dicha legitimidad no surge de una resolución administrativa, una campaña publicitaria o una rueda de prensa, sino de la percepción colectiva de transparencia, inclusión, supervisión efectiva, acceso a información confiable y capacidad real de rendición de cuentas.
Indicó que un proyecto puede ser legal, rentable y técnicamente viable, pero aun así fracasar desde el punto de vista político y social si las comunidades consideran que el proceso no fue legítimo.
Según explicó, uno de los grandes aprendizajes del enfoque Harvard-MIT es que la confianza institucional no es un elemento accesorio del desarrollo, sino parte esencial de su infraestructura.
“La técnica puede diseñar una solución, pero solo la legitimidad puede sostenerla en el tiempo”, enfatizó.
Estudios técnicos no bastan para resolver el conflicto
El experto reconoció la importancia de los estándares internacionales, las evaluaciones científicas y la supervisión técnica independiente, aunque advirtió que estos elementos por sí solos no garantizan legitimidad social.
Explicó que incluso información técnicamente correcta puede fracasar si las comunidades sienten exclusión o falta de participación genuina.
Aseguró que en este tipo de disputas no solo se cuestionan las conclusiones científicas, sino también quién produce la información, cómo se produce y quién controla los datos.
Por esa razón, consideró indispensable que cualquier proceso incluya transparencia radical, auditorías independientes, monitoreo permanente y acceso compartido a la información.
Asimismo, indicó que las propias instituciones científicas pueden quedar atrapadas dentro de dinámicas de polarización y desconfianza pública cuando las comunidades sienten que no participaron legítimamente en la construcción de los estudios.
República Dominicana enfrenta un reto institucional
Espinal Báez sostuvo que uno de los grandes desafíos nacionales es que República Dominicana todavía no ha desarrollado plenamente una arquitectura institucional madura para manejar conflictos públicos complejos.
Aunque reconoció los avances del país en crecimiento económico, infraestructura e inversión, señaló que muchas veces las discusiones públicas continúan atrapadas en modelos binarios y simplificados, donde los debates se reducen a posiciones extremas como “mina sí” o “mina no”.
A su juicio, el caso GoldQuest probablemente ya dejó de ser un conflicto puramente técnico para convertirse en un conflicto identitario, donde temas como agua, territorio, dignidad, autonomía regional y formas de vida pasan a ocupar el centro del debate.
Advirtió que cuando un conflicto entra en una dimensión identitaria, los datos técnicos pierden capacidad de persuasión porque las personas comienzan a interpretar la información desde emociones, memorias y experiencias previas.
Por ello, consideró que este tipo de escenarios requieren liderazgos capaces de contener ansiedad social, organizar conversaciones difíciles y generar decisiones percibidas como justas y sostenibles, en lugar de imponer soluciones o profundizar la polarización.
El peligro de la polarización y los extremos
El especialista también llamó la atención sobre el crecimiento de sectores que comienzan a rechazar automáticamente cualquier proyecto minero o incluso otras infraestructuras asociadas al desarrollo económico.
Afirmó que una cosa es cuestionar proyectos específicos y otra muy distinta asumir una narrativa donde toda inversión o actividad minera sea percibida como una amenaza absoluta.
Consideró que cuando eso ocurre, el debate pierde capacidad racional de negociación y se transforma en una crisis estructural de confianza.
Asimismo, señaló que la polarización obliga a escoger entre extremos simplificados, donde pareciera que las únicas opciones posibles son una minería sin límites o el rechazo absoluto al desarrollo económico.
Espinal Báez insistió en que ninguno de esos extremos contribuye al fortalecimiento institucional del país y advirtió que los medios de comunicación también desempeñan un papel determinante, ya sea ayudando a elevar la calidad del debate público o alimentando discursos polarizantes donde desaparecen los matices y la posibilidad de construir consensos.
Más allá de una nueva ley minera
El experto consideró además que República Dominicana necesita mucho más que una nueva legislación minera.
Según explicó, el país requiere construir una política minera nacional clara, legítima y socialmente comprendida, que defina qué tipo de minería está dispuesto a aceptar, bajo qué condiciones y con cuáles controles ambientales y mecanismos de supervisión.
Sostuvo que también deben establecerse garantías concretas sobre remediación ambiental, beneficios comunitarios, participación ciudadana y mecanismos efectivos de fiscalización.
Advirtió que, mientras no exista esa visión integral, cada nuevo proyecto terminará convertido en una batalla aislada y el país continuará improvisando bajo presión.
Una lección sobre confianza institucional
Para Nelson Espinal Báez, la principal lección que deja hoy el caso GoldQuest es que el desafío de República Dominicana ya no consiste únicamente en atraer inversiones, sino en desarrollar instituciones capaces de producir confianza alrededor de ellas.
Afirmó que los grandes proyectos estratégicos del siglo XXI no fracasan solamente por falta de recursos o tecnología, sino muchas veces por la pérdida de legitimidad y confianza pública.
En ese sentido, sostuvo que el futuro del desarrollo minero dominicano dependerá menos de los recursos existentes bajo la tierra y mucho más de la capacidad del país para construir confianza sobre ella.
Finalmente, advirtió que una mala gestión de conflictos públicos complejos puede afectar simultáneamente la confianza de las comunidades, la legitimidad del Estado, la estabilidad regulatoria, la reputación internacional y la cohesión social.
“La gran pregunta no es solamente qué hará República Dominicana con la minería, sino si desarrollará la capacidad institucional, política y social para manejar conflictos complejos sin destruir confianza, polarizar a la sociedad o improvisar bajo presión”, concluyó.