Crece controversia regional por acuerdos de EE.UU. para enviar migrantes deportados a terceros países
Por la Redacción
Santo Domingo, 16 mayo. – La política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump de enviar inmigrantes indocumentados deportados desde Estados Unidos hacia terceros países, distintos a sus naciones de origen, comienza a generar fuertes debates políticos, diplomáticos y humanitarios en América Latina y otras regiones del mundo, mientras aumentan las críticas de organismos defensores de derechos humanos y expertos internacionales en migración.
En los últimos meses, Washington ha suscrito acuerdos bilaterales con varios gobiernos para recibir temporalmente migrantes deportados que, en muchos casos, no pueden ser enviados directamente a sus países de origen por razones diplomáticas, legales o de seguridad.
La estrategia busca acelerar las deportaciones masivas prometidas por Trump y reducir las limitaciones que enfrenta el sistema migratorio estadounidense.
Informes publicados por medios internacionales, agencias de prensa y documentos citados por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense revelan que Estados Unidos ha destinado decenas de millones de dólares para negociar estos acuerdos con terceros países.
Entre los países que ya han recibido o aceptado migrantes deportados desde Estados Unidos figuran El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Panamá, Rwanda, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Sierra Leona, Honduras y Uganda y últimamente República Dominicana.
Uno de los casos más polémicos ha sido El Salvador, donde cientos de migrantes venezolanos fueron trasladados desde Estados Unidos hacia cárceles de máxima seguridad, particularmente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), bajo acusaciones de vínculos con bandas criminales.
Sin embargo, investigaciones periodísticas y organizaciones humanitarias han cuestionado la falta de pruebas y denunciado posibles violaciones al debido proceso.
Costa Rica también aceptó recibir deportados de terceros países, principalmente provenientes de Asia, África y Europa del Este, bajo un acuerdo que contempla la llegada semanal de migrantes mientras se tramitan procesos de repatriación o reubicación.
En Paraguay ya aterrizaron vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, incluyendo ciudadanos sudamericanos y europeos, mientras Panamá ha recibido personas procedentes de países como Afganistán, China, Irán y Pakistán.
Las críticas no han tardado en surgir. Organismos defensores de derechos humanos y expertos vinculados a Naciones Unidas han advertido que estas deportaciones podrían violar principios fundamentales del derecho internacional, especialmente el principio de “no devolución” o non-refoulement, establecido en la Convención sobre Refugiados y en la Convención Contra la Tortura de la ONU, que prohíbe enviar personas hacia territorios donde puedan enfrentar persecución, tortura o riesgo para sus vidas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y expertos de Naciones Unidas han expresado preocupación por casos de migrantes enviados a países con los que no tienen vínculos familiares, culturales o lingüísticos, quedando atrapados en condiciones precarias o en situaciones legales inciertas.
En el ámbito interamericano, sectores vinculados a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales, particularmente cuando las deportaciones se realizan sin procesos adecuados de asilo, revisión judicial o garantías legales mínimas.
Expertos señalan que Estados Unidos recurre a terceros países porque varias naciones de origen se niegan a recibir deportados o dificultan los procesos de repatriación, mientras otros migrantes poseen protecciones legales temporales que impiden retornarlos directamente.
Bajo la legislación migratoria estadounidense, las deportaciones hacia terceros países pueden aplicarse cuando resulta “impracticable, inadmisible o imposible” ejecutar el retorno directo.
En República Dominicana, el tema ha generado controversias luego de que el Gobierno confirmara la firma de un memorando de entendimiento no vinculante con Estados Unidos para recibir un número limitado de nacionales de terceros países deportados desde territorio estadounidense. El acuerdo excluye ciudadanos haitianos y menores no acompañados.
La oposición dominicana y diversos sectores sociales han cuestionado la falta de transparencia sobre el contenido completo del acuerdo y han advertido sobre posibles implicaciones para la soberanía nacional y la política migratoria del país.
Las críticas aumentaron además tras conocerse la extensión de acuerdos de cooperación que permiten a aeronaves estadounidenses utilizar aeropuertos civiles y militares dominicanos, situación que algunos sectores consideran parte de una creciente alineación estratégica con Washington en materia migratoria y de seguridad regional.
Mientras tanto, organismos internacionales continúan observando con atención una política migratoria que, aunque respaldada por sectores conservadores en Estados Unidos, sigue provocando preocupación en amplios sectores humanitarios y diplomáticos del continente.