Entre Washington y la soberanía posible

Hubo un tiempo —y quizás todavía no termina de irse— en que muchos gobiernos latinoamericanos hablaban de soberanía en los discursos mientras aguardaban, casi con disciplina burocrática, la señal de Washington para definir posiciones.

Era el viejo ritual hemisférico: patriotismo de micrófono abierto y realismo político en las oficinas cerradas. Nada demasiado extraño en una región donde la geopolítica casi siempre ha tenido acento extranjero.

Colocarse del lado de Estados Unidos no necesariamente ha sido un error histórico para América Latina, Centroamérica y el Caribe. Sería simplista afirmarlo. La cercanía geográfica, los vínculos comerciales, la cooperación en seguridad y la enorme interdependencia migratoria convierten esa relación en una realidad inevitable. Ningún gobierno serio puede administrar hoy su política exterior ignorando a Washington.

El problema aparece cuando la cooperación comienza a parecer subordinación.

Y ahí es donde históricamente han surgido las tensiones. Estados Unidos ha manejado durante décadas su relación con la región desde una lógica donde sus intereses estratégicos ocupan el centro de la mesa. No es un secreto ni una teoría conspirativa. Toda potencia actúa defendiendo sus prioridades. Lo cuestionable ha sido, muchas veces, la manera en que esa defensa ha reducido espacios de negociación equilibrada para países con menor peso político y económico.

Durante la Guerra Fría aquello era prácticamente una doctrina no escrita. Había que escoger entre Washington y Moscú como quien elegía bando en una guerra ajena. Y los gobiernos que intentaban desviarse del libreto terminaban enfrentando presiones diplomáticas, bloqueos, operaciones encubiertas o, en casos extremos, golpes de Estado e intervenciones militares.

República Dominicana sabe bastante de ese capítulo. Lo vivió en carne propia, igual que Chile, Guatemala, Panamá o Nicaragua. La región entera fue escenario de una lucha ideológica donde la democracia parecía válida únicamente cuando coincidía con los intereses estratégicos de las grandes potencias.

Sin embargo, tras el fin de la Guerra Fría, la política exterior estadounidense comenzó a transformarse gradualmente. Administraciones demócratas y republicanas impulsaron relaciones más institucionales y menos marcadas por la confrontación ideológica directa. Hubo momentos de mayor apertura diplomática y de un discurso más respetuoso hacia la autodeterminación.

Jimmy Carter, por ejemplo, colocó los derechos humanos como parte importante de la agenda exterior estadounidense. Más adelante, otros gobiernos mantuvieron estilos menos agresivos en comparación con etapas anteriores. Claro, Washington nunca dejó de proteger sus intereses, pero aprendió a ejercer influencia con herramientas más diplomáticas y menos estridentes.

Ese equilibrio, sin embargo, parece haber cambiado nuevamente con el retorno del estilo político de Donald Trump.

Trump ha revitalizado una visión mucho más dura y transaccional de la política internacional. Una diplomacia basada en presión, negociación agresiva y demostraciones de poder. Su enfoque sobre migración ha sido probablemente el ejemplo más visible de esa estrategia.

Y ahí es donde varios gobiernos de la región han quedado atrapados entre la necesidad de mantener buenas relaciones con Estados Unidos y la presión interna de sociedades cada vez más sensibles frente a temas de soberanía, migración y seguridad.

La política de repatriaciones y acuerdos migratorios impulsada desde Washington ha generado cuestionamientos legítimos. Algunos países han aceptado recibir migrantes deportados o servir como puntos de tránsito para personas que ni siquiera son originarias de esos territorios.

Los defensores de esos acuerdos argumentan que forman parte de compromisos internacionales y estrategias regionales de cooperación. Los críticos advierten que pueden crear complicaciones jurídicas, sociales y humanitarias difíciles de manejar a largo plazo.

República Dominicana no ha quedado fuera de ese debate.

El gobierno de Luis Abinader ha optado por mantener una relación cercana y funcional con Washington, algo que desde el punto de vista diplomático puede entenderse dentro de la lógica de un país altamente dependiente del comercio, las remesas, el turismo y la estabilidad regional. Pretender una confrontación frontal con Estados Unidos sería, además de imprudente, poco realista.

Pero una cosa es mantener una alianza estratégica y otra muy distinta es transmitir la sensación de que determinadas decisiones se toman más para agradar afuera que para convencer adentro.

Ese es el verdadero desafío político que enfrenta el gobierno.

Porque la inquietud de sectores nacionales no surge necesariamente de un rechazo a la cooperación internacional, sino del temor de que el país termine asumiendo compromisos sin suficiente transparencia ni discusión pública. Y en democracia, especialmente en temas sensibles como migración y soberanía, las explicaciones importan tanto como las decisiones mismas.

Abinader ha demostrado en otras ocasiones capacidad para rectificar medidas cuando percibe un fuerte rechazo social. Ha ocurrido varias veces durante su administración. Algunos lo interpretan como sensibilidad política; otros, como exceso de improvisación. Probablemente haya un poco de ambas cosas.

Por eso vuelve a cobrar sentido el refrán popular: “Puerco no se rasca en javilla”.

Gobernar implica escuchar a los aliados internacionales, sí, pero también entender los límites del sentimiento nacional. Porque ningún gobierno puede sostener indefinidamente decisiones que una parte importante de la población perciba como concesiones excesivas.

Trump juega duro. Siempre lo ha hecho. Y muchos gobiernos prefieren evitar confrontaciones innecesarias con una Casa Blanca cada vez más impredecible. Eso también es realpolitik.

Pero la experiencia latinoamericana deja una enseñanza igual de real: las relaciones con Washington funcionan mejor cuando hay cooperación, no sumisión; firmeza, no estridencia; y diálogo, no obediencia automática.

Al final, Estados Unidos seguirá defendiendo sus intereses, como lo hacen todas las potencias. La responsabilidad de los gobiernos de la región consiste en defender los propios sin caer ni en el servilismo ni en el discurso vacío de soberanía que tantas veces ha terminado siendo simple retórica de balcón.