Advierten retraso en publicación de ley genera sospechas de «engavetamiento administrativo»
Santo Domingo, 17 mayo. – El Comité Institucional Codiano advirtió este domingo que el retraso en completar el procedimiento administrativo para la publicación oficial de la ley que ordena el reconocimiento, validación y pago de deudas viejas a contratistas del Estado está generando serias preocupaciones y sospechas de un posible intento de “engavetar” la legislación mediante mecanismos burocráticos.
La organización recordó que, al no haber sido promulgada ni observada dentro del plazo constitucional por el presidente Luis Abinader, la pieza legislativa adquirió vigencia automáticamente conforme a la Constitución de la República.
Sin embargo, el ingeniero Miguel Liberato, vocero autorizado del CIC, denunció que todavía la Cámara de Diputados no ha recibido desde el Poder Ejecutivo la numeración oficial correspondiente a dicha ley, paso necesario para su publicación en la Gaceta Oficial y su entrada plena al sistema jurídico-administrativo nacional.
“El país no entiende cómo un trámite administrativo tan elemental puede durar tantos días cuando existen contratistas esperando pago entre 11 y 30 años, por obras construidas y utilizadas por el propio Estado dominicano”, expresó el CIC.
Liberato se quejó de que “mientras el aparato burocrático retrasa decisiones, muchos hombres y mujeres que levantaron infraestructura pública envejecieron en medio de deudas, enfermedades, precariedades económicas y algunos murieron sin ver honrado el fruto de su trabajo”.
El Comité Institucional Codiano exhortó al gobierno a desmontar cualquier percepción de obstrucción institucional para que se complete inmediatamente el procedimiento pendiente, publicando oficialmente la ley, conformando la comisión validadora y estableciendo un cronograma transparente para el proceso de depuración y pago.
“El país necesita señales claras de voluntad política real y la sociedad dominicana no puede aceptar que el Estado utilice obras públicas durante décadas y luego permita que la burocracia termine sepultando el derecho legítimo de quienes las construyeron”, concluyó el CIC.