Deportación a terceros países
Derecho Ciudadano a la Información y necesidad de publicar el Acuerdo
Por: Luis Fernández
Al firmar un memorando de entendimiento no vinculante con Estados Unidos, para permitir el ingreso al país de nacionales deportados estadounidenses de terceros países, la República dominicana, ha pasado a ser parte del grupo de 33 naciones que han accedido a recibir a esos ciudadanos, que diversos sectores han advertido que dichas deportaciones violan las normas internacionales de derechos humanos y ponen en riesgo a los migrantes vulnerables.
El uso de las deportaciones a terceros países es una disposición poco utilizada por la ley de inmigración y nacionalidad estadounidense (INA) y que la actual administración de los Estados Unidos ha decidido implementar de modo que el departamento de seguridad nacional (DHS) de esa nación, pueda deportar a migrantes a países distintos a los de su país de origen.
Desde que asumió el cargo, el presidente Donald Trump ha intensificado significativamente el uso de deportaciones a terceros países, de ahí los esfuerzos realizados para buscar acuerdos con varias naciones para que potencialmente acojan a los futuros deportados, lo que han logrado en distintos países, que han accedido a recibir en sus territorios a esos deportados, entre los que figura la República Dominicana.
Se comenta que estos acuerdos a menudo son a cambio de una compensación económica o bajo presión diplomática, este mecanismo ha sido utilizado por varios gobiernos, como el acuerdo entre Estados Unidos y las naciones Centroamericanas para recibir migrantes, el del Reino Unido con Ruanda para trasladar solicitantes de asilo y los convenios de la Unión Europea con Turquía para contener la migración irregular.
La realidad de estos acuerdos es que exponen a los migrantes a condiciones inseguras, se traslada el problema migratorio a países con menos capacidad institucional y se pueden violar los derechos humanos y el derecho de asilo, por lo que la organización Internacional para las migraciones (OIM), ha insistido en que cualquier traslado debe respetar normas internacionales de protección y garantías legales para los migrantes.
Las autoridades dominicanas no han sido suficientemente claras con la explicación del acuerdo, lo que ha generado debates por las implicaciones políticas, jurídicas y de soberanía para la Republica Dominicana, además los riesgos de seguridad, presión sobre el sistema migratorio, falta de transparencia y posibles tensiones sociales, en un país como la Republica Dominicana donde el tema migratorio tiene una alta sensibilidad social y política.
Uno de los principales cuestionamientos del acuerdo, ha sido la falta de publicación íntegra del memorando, lo que ha sido reclamado por sectores políticos y especialistas, de modo que se conozcan sus alcances, los compromisos asumidos, duración, responsabilidades económicas y legales, los mecanismos de seguridad y supervisión y para evaluar si afecta la soberanía nacional.
La discusión del tema es sumamente actual y ocurre en momentos de críticas internacionales a la política de deportaciones a terceros países impulsada por la administración estadounidense, ya que casos recientes han provocado cuestionamientos judiciales y humanitarios sobre el debido proceso, las condiciones de los deportados y la protección humanitaria, tal como lo han denunciado organizaciones de derechos humanos.
Aunque la mayoría de los acuerdos que se han firmado entre los Estados Unidos y otros países para deportar migrantes a terceros países no se publican, el gobierno dominicano debiera hacer público el acuerdo, ya que la ciudadanía tiene derecho a conocer sus detalles, para establecer si la República Dominicana Mantiene control sobre las decisiones y si existen elementos que comprometan la autonomía migratoria.
Es necesario dar a conocer el acuerdo para ver si respeta la constitución dominicana, las leyes migratorias, los tratados internacionales y los derechos humanos, la participación de la sociedad es la que da legitimidad y transparencia a las actuaciones del gobierno fortaleciendo la confianza pública y el control democrático sobre las decisiones estatales de alta sensibilidad nacional.
La no publicación del acuerdo por parte de las autoridades lo que va a generar es desconfianza, rumores, polarización política y confusión, el canciller de la república ha dado algunas explicaciones, pero estas no bastan y no son suficientes para la población, que necesita conocer a fondo el mencionado documento, que lo que está generando son preocupaciones e inquietudes importantes entre los dominicanos.
La transparencia y el acceso al contenido del acuerdo es un reclamo de amplios sectores sociales y diversas personalidades y más si tomamos en cuenta, que el año pasado el presidente Luis Abinader en un cambio brusco dijo que, República Dominicana no aceptaría deportados de otros países, “solamente los dominicanos, que tenemos el deber y el derecho de hacerlo”.
el gobierno debería atender sin más dilación las demandas de importantes sectores de la sociedad, haciendo público el texto íntegro del documento, para que la población pueda comprobar si no existen riesgos para la soberanía nacional y si no representa una subordinación de los intereses dominicanos a prioridades estratégicas de los Estados Unidos.
Luis Fernández
Analista Político y escritor