Investigación cuestiona destino judicial de más de 181 mil detenidos y RD$631 millones incautados por la DNCD
Santo Domingo, 25 mayo. – Un trabajo de investigación publicado por el periódico Diario Libre pone bajo cuestionamiento el destino judicial de miles de personas detenidas en operativos de narcotráfico realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como el manejo de cientos de millones de pesos decomisados durante los últimos seis años.
De acuerdo con los datos oficiales recopilados por la investigación, entre 2020 y 2025 fueron arrestados 181,945 dominicanos y extranjeros en acciones contra el narcotráfico, junto con la incautación de 147,229.45 kilogramos de distintas sustancias prohibidas.
En ese mismo período, las autoridades reportaron el decomiso de 631.8 millones de pesos en moneda local, dólares y euros, calculados conforme a la tasa de referencia del Banco Central del 19 de marzo de 2026.
La reconstrucción realizada a partir de memorias institucionales de la DNCD indica que los mayores montos ocupados se registraron en 2020 y 2021, años en los que la institución informó incautaciones equivalentes a 298.3 millones y 173 millones de pesos, respectivamente.
Posteriormente, las cifras reflejan una disminución considerable: 28.5 millones de pesos en 2022, un repunte a 50.3 millones en 2023, seguido de 45.1 millones en 2024 y 36.5 millones de pesos en 2025.
Dudas sobre el destino de los detenidos
El reportaje destaca que el promedio anual de arrestos fue de 30,324 personas, una cantidad que contrasta con el número de expedientes que alcanzan una salida judicial.
Según registros del Poder Judicial recopilados en la investigación, las decisiones emitidas en casos de distribución y tráfico de drogas en fase de juicio fueron 718 en 2024, 1,606 en 2025 y 220 hasta el 25 de marzo de 2026, para un total de 2,544 decisiones en poco más de dos años.
De ese total, 1,508 casos terminaron en condenas, equivalentes al 59 % de las decisiones registradas.
Los restantes 1,036 expedientes concluyeron en absoluciones, acuerdos, procedimientos penales abreviados, suspensión condicional de la pena, suspensión condicional del proceso, archivos o extinciones.
La investigación señala que las estadísticas disponibles no permiten determinar cuántos de los detenidos terminan efectivamente condenados, ni cuánto tiempo permanecen los expedientes dentro del sistema judicial.
El trabajo periodístico también cuestiona el recorrido judicial de decenas de miles de arrestos anunciados públicamente cada año por la DNCD, debido a la falta de información detallada sobre el desenlace de muchos de esos procesos.
Entre los detenidos, las cifras oficiales indican que 170 personas fueron extraditadas y 72 deportadas hasta septiembre de 2025, según datos ofrecidos por el presidente Luis Abinader.
Asimismo, el reportaje advierte diferencias entre las memorias institucionales de la DNCD y las estadísticas publicadas por la propia entidad, sin que exista una explicación metodológica clara sobre esas variaciones.
El debate sobre el uso del dinero incautado
La investigación también examina el destino de los recursos decomisados por el Estado.
Tras la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), la Procuraduría General de la República transfirió a esa entidad 2,655.5 millones de pesos que mantenía bajo administración hasta noviembre de 2025.
De ese monto, el 10 % —equivalente a 265.5 millones de pesos— fue destinado a la operatividad del Incabide, mientras el restante 90 %, unos 2,389.9 millones de pesos, pasó a la Cuenta Única del Tesoro.
El trabajo recuerda que desde 1975 la Ley 168 establecía que parte de los bienes y recursos obtenidos en operativos antidrogas debían destinarse a instituciones dedicadas a la rehabilitación de personas con adicciones.
Sin embargo, según explicó Juan Radamés de la Rosa Hidalgo, representante de la fundación Casa Abierta, esa disposición nunca llegó a aplicarse plenamente.
“Eso nunca se aplicó, porque el primer presidente del Consejo Nacional de Drogas nos decía que eso era mucho dinero y el presidente Joaquín Balaguer no lo iba a dar”, afirmó.
Posteriormente, la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas dispuso que los fondos fueran utilizados para programas de prevención, rehabilitación y educación relacionados con el consumo y tráfico de drogas.
Más adelante, la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos estableció una distribución específica: 15 % para organizaciones dedicadas a la prevención y rehabilitación, 50 % para la DNCD y 35 % para el Consejo Nacional de Drogas.
Esa distribución fue modificada con la aprobación de la Ley 60-23, que dejó como una posibilidad —y no una obligación— el uso de esos recursos para programas de prevención y tratamiento de drogas, así como iniciativas sociales vinculadas a salud, educación, seguridad, reinserción y apoyo a sectores vulnerables.
La legislación también ordena al Ministerio de Hacienda y Economía publicar informes semestrales detallando el uso de los fondos provenientes de bienes decomisados y el impacto de los proyectos financiados.
Recursos vinculados a casos de corrupción
De acuerdo con informaciones suministradas por el Incabide a Diario Libre, gran parte de los recursos transferidos provienen de procesos judiciales relacionados con presuntos actos de corrupción administrativa.
La suma asciende a 2,095.8 millones de pesos vinculados a expedientes que involucran a exfuncionarios y personas relacionadas con la pasada administración gubernamental.
Entre esos recursos figuran 33.8 millones de pesos relacionados con el proceso judicial que involucra a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo; otros 62 millones de pesos asociados al expediente del exprocurador Jean Alain Rodríguez; y 2,000 millones de pesos decomisados al empresario Maxy Gerardo Montilla.
La investigación concluye señalando que los 559.7 millones de pesos restantes proceden de otras causas judiciales, una cifra cercana a los 631.8 millones de pesos reportados por la DNCD como dinero incautado durante seis años de operaciones antidrogas.