Tribunal aplaza para el 19 de junio decisión sobre posible envío a juicio de Rafael Calderón por caso Calamar
Santo Domingo, 29 mayo.– El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 19 de junio la lectura de la decisión que determinará si el exsenador por la provincia de Azua, Rafael Calderón, será enviado a juicio de fondo por su presunta vinculación en el entramado de corrupción administrativa investigado bajo el denominado caso Calamar.
La reprogramación fue notificada por la secretaría del tribunal presidido por la magistrada Altagracia Ramírez, que fijó la audiencia para las 10:00 de la mañana de la referida fecha.
La información fue comunicada oficialmente al doctor Wilson Beriguete, abogado defensor del exlegislador, así como a la procuradora de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), organismo responsable de la acusación.
La notificación también fue remitida a los abogados que integran el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes actúan en representación de los intereses del Estado dominicano dentro del proceso judicial.
Proceso separado por razones de salud
El expediente contra Rafael Calderón ha seguido un curso independiente dentro del caso Calamar, luego de que el tribunal dispusiera la separación de su proceso del grupo principal de imputados debido a razones de salud.
Esta decisión permitió que el conocimiento de su situación jurídica se realizara de manera individual, mientras continuaba el desarrollo de las audiencias relacionadas con los demás acusados vinculados al expediente.
La magistrada Ramírez deberá decidir si existen elementos suficientes para que el exsenador enfrente un juicio de fondo o si, por el contrario, procede un auto de no ha lugar, como solicita su defensa.
Ministerio Público pide apertura a juicio
Durante las audiencias celebradas ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción, el Ministerio Público solicitó formalmente que se dicte auto de apertura a juicio contra Rafael Calderón.
Los fiscales de la Pepca sostienen que cuentan con pruebas suficientes para que el exlegislador responda ante un tribunal de fondo por los hechos que le son atribuidos dentro de la investigación.
A esta solicitud se sumaron los abogados del Estado dominicano, quienes respaldaron la posición del órgano acusador y pidieron que el expediente avance hacia la siguiente etapa procesal.
Por su parte, el abogado Wilson Beriguete solicitó el rechazo íntegro de la acusación presentada por el Ministerio Público y requirió que el tribunal emita un auto de no ha lugar en favor de su representado.
La defensa sostiene que Calderón no participó en los hechos descritos por los fiscales y argumenta que las pruebas presentadas resultan insuficientes para justificar la apertura de un juicio de fondo.
Acusado de integrar una supuesta estructura criminal
De acuerdo con el expediente instrumentado por el Ministerio Público, Rafael Calderón formaba parte de un supuesto “holding criminal” que habría operado durante la gestión gubernamental del expresidente Danilo Medina.
Según la acusación, esta estructura se dedicaba a realizar expropiaciones irregulares de terrenos y a desviar recursos públicos con la finalidad de financiar actividades políticas vinculadas al proceso electoral del año 2020.
El órgano persecutor afirma que la presunta red estaba integrada por funcionarios y particulares que habrían participado en mecanismos destinados a gestionar pagos millonarios relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
Supuesta intermediación en pagos por expropiaciones
El Ministerio Público sostiene que Calderón habría utilizado su cercanía con el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, para gestionar de manera directa la autorización de pagos de deudas administrativas derivadas de procesos de expropiación.
De acuerdo con la acusación, el exsenador supuestamente intervenía en favor de determinados propietarios de terrenos para agilizar desembolsos por parte del Estado dominicano.
Sin embargo, los fiscales alegan que, una vez aprobados los pagos, se exigía a los beneficiarios la entrega de porcentajes que oscilaban entre el 40 % y el 70 % de los montos recibidos.
Según el expediente, estos desembolsos eran realizados mediante acuerdos transaccionales firmados por el entonces ministro Donald Guerrero, documentos que, de acuerdo con la teoría del Ministerio Público, carecían de justificación legal y respondían únicamente al pago de sobornos.
Investigación por presunto lavado de activos
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa también atribuye al excongresista acciones destinadas a ocultar el origen de los recursos obtenidos mediante las operaciones investigadas.
La acusación señala que Calderón habría utilizado personas físicas y jurídicas como presuntos prestanombres para manejar y encubrir fondos que, según la investigación, provenían de actividades ilícitas.
Entre las personas mencionadas en el expediente figura Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, así como las empresas vinculadas al también imputado Omar Manuel Miqui Arias.
Las sociedades comerciales señaladas por el Ministerio Público son Miqui Trade, S.R.L. e Industria Misaqui, S.A., entidades que habrían formado parte del entramado utilizado para canalizar recursos bajo investigación.
Más de RD$165 millones bajo investigación
Como resultado de las pesquisas financieras realizadas por los organismos investigadores, la Pepca asegura haber identificado movimientos económicos que vinculan al exsenador con beneficios obtenidos a través de las operaciones investigadas.
Según los cálculos presentados por el Ministerio Público, Rafael Calderón habría recibido un total de RD$165,297,166.71 producto de las actividades que forman parte del expediente acusatorio.
La decisión que emitirá la jueza Altagracia Ramírez el próximo 19 de junio será determinante para establecer si el exlegislador deberá enfrentar un juicio de fondo por estas acusaciones o si, como sostiene su defensa, no existen méritos suficientes para continuar el proceso penal en su contra.